Molinos Río de La Plata Sociedad Anónima "pasó de soportar pérdidas al cierre del ejercicio previo a la dictadura, a obtener ganancias en los dos períodos siguientes", indicó la Unidad Fiscal de La Plata en el requerimiento por el que impulsó la acción penal por los secuestros y desapariciones de quince trabajadores de la firma a partir de julio de 1976. La presentación fue formulada ante el Juzgado Federal N°3 de esa ciudad por los fiscales generales Marcelo Molina y Hernán Schapiro y por el fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira. En este impulso de la acción que aún no cuenta con imputados, los representantes del Ministerio Público analizaron documentación de la empresa obtenida en allanamientos concretados en julio pasado, de archivos de inteligencia policial, de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas y declaraciones de testigos.

Como parte de sus conclusiones preliminares, remarcaron que "la persecución sistemática llevada a cabo por la dirección de la Empresa Molinos Río de La Plata, a los trabajadores con actividad política-sindical, se vio reflejada en las tareas de inteligencia e infiltración desplegadas por los directivos de la firma dentro de las plantas de producción, delegada en las fuerzas armadas y de seguridad, tareas por medio de la cual se confeccionaron listados de trabajadores que posteriormente fueron detenidos y que en la mayoría de los casos permanecen desaparecidos al día de la fecha".

“Se puede decir que con el golpe de estado, los reclamos gremiales que se venían sucediendo en Molinos Río de la Plata S.A. finalizaron con el secuestro y desaparición de trabajadores y que, las medidas adoptadas por las autoridades militares en el plano económico beneficiaron notablemente a la empresa, especialmente durante los primeros años desde que se implantara el régimen militar”, concluyeron los representantes del Ministerio Público.

En ese sentido, agregaron: “No creemos que sea producto del azar que en la misma época en que la empresa obtuvo considerables ganancias económicas, que registró el más bajo costo laboral y que disminuyó abruptamente el monto destinado a afrontar juicios laborales por despidos, se produjeran las ‘negociaciones’ con los trabajadores -activistas políticos sindicales dentro de la empresa- para que los mismos renunciaran o que se consignaran en las declaraciones juradas anuales que los trabajadores habían hecho ‘abandono de trabajo’ cuando la realidad era conteste en demostrar que estaban siendo detenidos ilegalmente”.

Cronología de las desapariciones

El 7 de julio de 1977, miembros de las fuerzas armadas realizaron un operativo en la planta de la empresa ubicada en Avellaneda. Según los testimonios relevados, ingresaron a la firma con la lista de nombres de trabajadores, a quienes detuvieron y subieron a un camión del Ejército. Ese día fueron secuestrados al menos, las siguientes personas que permanecen desaparecidas: Francisco Fernández, Santos Ojeda y Roberto José Rivolta Bonino. También hay constancias de otro trabajador secuestrado aquél día que finalmente sobrevivió.

En el caso de Santos Ojeda, los fiscales remarcaron que un testimonio relevado en 1984 por la CONADEP consignó que aquél día "un grupo de personas ingresó a la planta de la empresa Molinos Río de La Plata y se identificó como de Coordinación Federal ante el jefe de Personal. Seguidamente pidieron que se identifique el señor Santos Ojeda, lo apuntan con un arma y lo subieron a un auto", citaron los fiscales.

Ese mismo día, además, secuestraron al obrero Ricardo Avelino Almaraz y a su esposa Cecilia Arzamendia -ambos también desaparecidos- en su domicilo de Lanús. Los fiscales ponderaron que “cuatro días antes de su secuestro [Almaraz] fue llamado a la oficina de personal de la planta y le ofrecieron un cheque con una suma de dinero a cambio de que renunciara al empleo”.

El preludio de todos los secuestros fue la detención ilegal el 1° de julio al también desaparecido Avelino Antenor Freitas, delegado gremial y miembro de la comisión interna de la empresa, integrante de la agrupación política sindical "17 de Octubre" y de la conducción nacional de la Juventud Trabajadora Peronista.

El informe de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC) de la Procuración General, convocada por los fiscales para que los asista técnicamente en el caso, indica que Molinos Río de La Plata dio de baja en sus declaraciones juradas anuales a Freitas el 1° de noviembre de 1976 -cuatro meses después de su desaparición-, consignando como motivo el "abandono de trabajo". Los fiscales remarcaron que ese forma de registración "redundaba en un directo beneficio económico para la firma: no debían pagar indemnizaciones a dichos empleados ya que formalmente nunca los habían despedido".

El 13 de julio, en tanto, Juan Carlos Pasquarrosa fue secuestrado en la vía pública, mientras que su hermano José Jacinto desapareció dos días más tarde cuando fue a preguntar por él a la fábrica. Los dos fueron vistos por un sobreviviente en la Superintendencia de la Policía Federal hasta el 19 de agosto. Los restos de ambos fueron encontrados e identificados en noviembre de 2012 en el cementerio de Derqui, Pilar.

El obrero Humberto Oscar D'Ippolito fue secuestrado el 6 de octubre en la Capital Federal, momento desde el que permanece desaparecido.

Al año siguiente, fueron secuestrados Alfredo Patiño, el 11 de agosto de 1977, y la pareja compuesta por Carlos Guillermo Robles y Martina Concepción Espinoza, ambos trabajadores de la firma, el 13 de septiembre. Los tres continúan desaparecidos y fueron vistos con vida en el centro clandestino que funcionó en la Brigada de Investigaciones de Quilmes.

Finalmente, la lista se cierra -por ahora, pues es el comienzo de la investigación- con el caso de los trabajadores desaparecidos Héctor Alberto Vidal y su esposa Marta Ávila, quienes fueron privados de su libertad en un domicilio de Avellaneda el 10 de julio de 1978.

"Afinidad ideológica"

La OFINEC, que participó el año pasado de los allanamientos realizados en las sedes de Molinos de Dean Funes 90 de Avellaneda -el lugar de las detenciones ilegales- y de Uruguay 4075 de Victoria, partido de San Fernando, donde fue secuestrada información de la época, relevó que en la Memoria del 27 de octubre de 1976 de la firma se expresó que “el cambio de autoridades producido el 24 de marzo último, determinó profundas modificaciones en el quehacer nacional” y que “los primeros indicios de que se están alcanzando resultados positivos con las medidas adoptadas (…) no hacen sino confirmar que el camino elegido es el único posible para reconducir el país en el seno del progreso”.

El 7 de noviembre de 1977, la Memoria puso de relieve que en “función de las políticas generales de la Empresa referidas a sus Recursos Humanos, y dentro del contexto de la legislación general, prosiguió el desarrollo de un accionar que permitió un mejor ordenamiento de los mismos, así como la preservación de un clima laboral satisfactorio” (sic).

Al respecto, los fiscales hicieron notar en el requerimiento de instrucción que la desaparición de los obreros que comenzó en julio de 1976 “no sólo no fue mencionada en la citada Memoria, sino que se enuncia la existencia de ‘un clima laboral satisfactorio’”. Molina, Schapiro y Nogueira señalaron que esta documentación da cuenta de “la afinidad ideológica de la empresa Molinos Río de La Plata con el gobierno de facto”.

La causa “Molinos” fue iniciada el 11 de junio 2013 por los hijos e hijas de tres empleados desaparecidos, quienes requirieron que se investigue quiénes participaron de los secuestros y qué responsabilidad le cupo a los propietarios, directivos, administradores y gerentes de la firma.
Los denunciantes marcaron que en la década del '70 la empresa pertenecía al conglomerado económico Bunge y Born, que "presionó al gobierno del presidente Juan Domingo Perón a través de políticas de desabastecimiento de alimentos, situación que fue denunciada por los trabajadores ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, ocasionando dos tomas de la fábrica en el año 1973, y continuando con huelgas en apoyo al gobierno peronista en el año 1974".

Aquellos hechos, indicaron los denunciantes, fueron precedidos desde 1972 por el reclamo de los trabajadores por mejoras salariales y de las condiciones de trabajo, salubridad y seguridad laboral, que fueron las banderas que a partir de 1973 encabezó la Agrupación 17 de Octubre cuando asumió la conducción sindical, enfrentada con la tradicional estructura gremial.