Un exgerente de recursos humanos de la empresa Molinos Río de La Plata fue detenido hoy por orden del titular del Juzgado Federal N°3 de La Plata, Ernesto Kreplak, quien le recibió durante esta tarde declaración indagatoria por su responsabilidad en la privación ilegal de la libertad agravada durante la época del terrorismo de Estado de un grupo de 23 trabajadores y trabajadoras de la planta que la firma tenía en Avellaneda.

La orden judicial se dio en línea con el requerimiento que habían formulado en marzo de 2021 los fiscales generales Hernán Schapiro y Gonzalo Miranda, la auxiliar fiscal Ana Oberlin y el auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira, integrantes de la Unidad Fiscal que interviene en los procesos por crímenes de lesa humanidad en esa jurisdicción, quienes en esa oportunidad imputaron al empresario por haber favorecido y facilitado los secuestros del personal, mediante el manejo de agentes de vigilancia internos y la confección de listas que eran entregadas a las fuerzas armadas.

La detención del exgerente, de 82 años de edad, es el resultado de un largo proceso judicial. En 2015, la Unidad Fiscal impulsó formalmente la acción penal, tras analizar en conjunto con la entonces Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (hoy Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones) de la Procuración General la documentación secuestrada en 2014 en dos sedes de Molinos ubicadas en Victoria y Avellaneda. La causa tuvo su origen en una denuncia formulada en junio de 2013 por los hijos e hijas de tres trabajadores desaparecidos.

En la oportunidad de instar la investigación penal, la fiscalía consideró probado que Molinos Río de La Plata Sociedad Anónima "pasó de soportar pérdidas al cierre del ejercicio previo a la dictadura, a obtener ganancias en los dos períodos siguientes".

En tal sentido, refirió: “Se puede decir que con el golpe de Estado, los reclamos gremiales que se venían sucediendo en Molinos Río de la Plata S.A. finalizaron con el secuestro y desaparición de trabajadores y que, las medidas adoptadas por las autoridades militares en el plano económico beneficiaron notablemente a la empresa, especialmente durante los primeros años desde que se implantara el régimen militar”.

Los representantes del MPF concluyeron en esa oportunidad: “No creemos que sea producto del azar que en la misma época en que la empresa obtuvo considerables ganancias económicas, que registró el más bajo costo laboral y que disminuyó abruptamente el monto destinado a afrontar juicios laborales por despidos, se produjeran las ‘negociaciones’ con los trabajadores -activistas políticos sindicales dentro de la empresa- para que los mismos renunciaran o que se consignaran en las declaraciones juradas anuales que los trabajadores habían hecho ‘abandono de trabajo’ cuando la realidad era conteste en demostrar que estaban siendo detenidos ilegalmente”.

La investigación prosiguió: en octubre de 2019 el juez, la fiscalía, las querellas testigos y víctimas realizaron una inspección judicial en el predio fabril de Avellaneda y en marzo de 2021 la Unidad Fiscal requirió el llamado a declaración indagatoria del exgerente hoy detenido. Indicó entonces que el imputado "favoreció y facilitó las privaciones ilegales de la libertad de las víctimas y la consolidación de esta situación mediante el impedimento al acceso a la información de los familiares". En ese sentido, la fiscalía puso de relieve que el imputado "fue mencionado en diversos testimonios por un lado como eslabón central dentro del sistema de circulación de información que se iniciaba con los agentes de vigilancia (‘bomberos’) y finalizaba con la entrega de listas a las fuerzas armadas de la represión. Por el otro, como aquel representante de la empresa encargado de negociar indemnizaciones para obtener la renuncia de determinados trabajadores".

El juez Kreplak le tomó durante esta tarde declaración indagatoria. El exgerente fue detenido en un domicilio de la ciudad de Olivos, en el partido de Vicente López, por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La orden incluyó una comunicación a la Dirección Nacional de Migraciones sobre la prohibición de salida del país dispuesta sobre el imputado.