En dos procedimientos simultáneos en el sur y el norte del Gran Buenos Aires, la justicia federal de La Plata allanó hoy dos sedes de la empresa Molinos Río de La Plata Sociedad Anónima en el marco de una investigación por la presunta complicidad empresarial en la persecución y desaparición de trabajadores durante la última dictadura cívico-militar. Los funcionarios que participaron de la diligencia secuestraron 24 cajas que contienen documentación sobre la empresa relativa al período comprendido entre los años 1975-1983. Fueron secuestrados libros que contienen memorias y balances, libros de actas de directorio, de acciones y asistencia en asambleas generales, libros con datos del personal de la empresa y fotocopias del libro de sueldos y jornales, entre otros documentos.

Los allanamientos fueron ordenados por el juez Federal platense Humberto Blanco, a pedido de la Unidad Fiscal que interviene en juicios por crìmenes de lesa humanidad, que instruye la causa iniciada por tres hijos e hijas de trabajores desaparecidos de la empresa.

Personal de la Policia Federal, de la Unidad Fiscal platense y de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC) de la Procuración General -convocada para prestar asistencia en la pesquisa- participaron de los procedimientos llevados a cabo en una fábrica ubicada en Dean Funes 90 de Avellaneda y de las oficinas comerciales de la calle Uruguay 4075 de Victoria, partido de San Fernando.

"En causas como la presente, en las que se denuncian crímenes de lesa humanidad llevados a cabo en el seno de una empresa, con la presunta aquiescencia de sus directivos y personal jerárquico, el hallazgo de prueba documental adquiere valor trascental para acreditar lo expuesto por los testigos", indicaron los fiscales Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Gerardo Fernández cuando solicitaron los allanamientos, que se concretaron más de un año después de iniciada la pesquisa y una vez que se recogieron testimonios e información documental. "Teniendo en cuenta que la documentación que se busca podría encontrarse en poder de la propia empresa investigada, se torna imprescindible disponer los allanamientos solicitados", puntualizaron.

La diligencia fue concretada entre las 10:00 y las 15:00 en ambas sedes, y durante la búsqueda de documentación se contó con la colaboración del personal de la empresa, indicaron a Fiscales desde la Unidad Fiscal platense. La tarea fue encabezada por la titular de la OFINEC, Judith König, y el fiscal subrogante Sergio Mola.

Una empresa de Bounge y Born

La causa fue iniciada el 11 de junio del año pasado por los hijos e hijas de tres empleados desaparecidos, quienes requirieron que "se investigue especialmente qué fuerzas de seguridad tomaron parte en los secuestros de los trabajadores de la empresa Molinos Río de La Plata, y la responsabilidad de los propietarios, directivos, administradores y/o gerentes de la firma".

Los denunciantes marcaron que en la década del '70 la empresa pertenecía al conglomerado económico Bunge y Born, que "presionó al gobierno del presidente Juan Domingo Perón a través de políticas de desabastecimiento de alimentos, situación que fue denunciada por los trabajadores ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, ocasionando dos tomas de la fábrica en el año 1973, y continuando con huelgas en apoyo al gobierno peronista en el año 1974", citaron los fiscales en su presentación al juez Blanco.

Aquellos hechos, indicaron los denunciantes, fueron precedidos desde 1972 por el reclamo de los trabajadores por mejoras salariales y de las condiciones de trabajo, salubridad y seguridad laboral, que fueron las banderas que a partir de 1973 encabezó la Agrupación 17 de Octubre cuando asumió la conducción sindical, enfrentada con la tradicional estructuras gremiales.

El 19 de septiembre de 1974, la organización Montoneros llevó a cabo el secuestro de los hermanos Juan y Jorge Born, y, entre otras exigencias, demandó mejoras laborales para los trabajadores de Molinos que "coincidían con las formuladas por la comisión interna, ocasionando sospechas de un posible vínculo entre ambas", indicaron los fiscales citando la denuncia.

Los representantes del Ministerio Público indicaron que "una vez producido el golpe militar, el hostigamiento laboral recrudeció", con "el ofrecimiento de dinero a delegados y activistas para la renuncia a sus puestos laborales", en un contexto en el que "las personas dedicadas a la seguridad dentro de la empresa, llamados en la jerga interna 'bomberos', realizaban señalamientos entre los trabajadores".

El 1º de julio de 1976, con el secuestro de Avelino Freitas, comenzó una larga saga desapariciones forzadas y asesinatos.

La denuncia que dio origen a la causa indica que el 7 de julio de aquél año fueron secuestrados al menos 20 trabajadores de la planta de Avellaneda allanada hoy, mientras que otros fueron arrancados de sus domicilios. 22 fueron individualizados en la presentación de los denunciantes, la mayoría secuestrados entre julio y diciembre de 1976.