04 de julio de 2022
04 de julio de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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En la segunda audiencia celebrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Con aportes sobre el contexto y el concepto de genocidio, culminaron los testimonios en el juicio por la verdad de la Masacre de Napalpí
Durante la jornada de ayer declararon seis investigadores e investigadoras que expusieron sobre esos aspectos. El jueves 19 de mayo comenzará la etapa de alegatos en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Resistencia.

El juicio por la verdad por la Masacre de Napalpí, perpetrada en 1924 contra integrantes de pueblos originarios y campesinos en el entonces territorio nacional del Chaco, continuó ayer con su segunda audiencia celebrada en el Centro Cultural Haroldo Conti, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se constituyó el Juzgado Federal N°1 de Resistencia para tomar las últimas declaraciones testimoniales.

En la audiencia de ayer declararon los investigadores e investigadoras Silvina Turner, Héctor Hugo Trinchero, Diana Isabel Lenton, Valeria Mapelman, el profesor y dóctor en historia, Mariano Nagy, y el exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Eugenio Zaffaroni.

En el debate, que comenzó el 19 de abril, interviene la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de esa jurisdicción, integrada por los fiscales generales Carlos Amad y Federico Carniel, el fiscal federal Patricio Sabadini y el fiscal ad hoc Diego Vigay. El jueves próximo, el Ministerio Público Fiscal abrirá la etapa de alegatos.

La audiencia

La primera en declarar fue la antropóloga Turner, integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), quien se refirió a la mecánica del trabajo en el territorio de Napalpí en 2018 y 2019, las técnicas utilizadas y las conclusiones a las que arribó el equipo. La especialista detalló que el aporte de la antropología forense es recuperar y analizar restos óseos humanos con el fin de identificar y aportar evidencia sobre las causas de muerte. “En Argentina y en la región se asocia esta labor a los casos de desaparición forzada ocurridos durante la última dictadura cívico militar”, señaló la especialista y puntualizó que “el trabajo en la investigación por de la Masacre de Napalpí fue la primera vez que nos involucramos en la violencia contra los pueblos originarios”.

Turner describió que en 2018 tomaron contacto con la fiscalía y el investigador indígena Juan Chico, en representación de la Fundación Napalpí, para informarse sobre los elementos reunidos hasta ese momento en torno a la masacre y los testimonios que daban cuenta de posibles entierros de forma colectiva o individual de las víctimas. “La primera visita a Napalpí fue en 2018 para conocer la zona pero también para ponernos en contacto con la comunidad”, contó Turner. Luego expuso imágenes para describir el primer trabajo de exploración arqueológica, que se realizó en 2019.

"Una vez que el proceso de desterritorialización estuvo en marcha había que ver qué hacer con los sobrevivientes y la solución pensada por el Estado fue la de las reducciones", indicó Mapelman.

“Durante la primera etapa nos propusimos basar nuestras exploraciones en la información testimonial que figuraba en el expediente, que daba cuenta de posibles lugares de entierro. Ahí dirigimos las primeras búsquedas”, describió. La antropóloga detalló que en total se trabajó sobre 18 sitios y el nominado con el número 2 correspondía a un área donde, por una tarea accidental, una familia había encontrado restos. “Lo que hicimos fue abordar ese sitio en donde pudimos excavar arqueológicamente restos óseos humanos de una fosa previamente alterada. Esto también es consistente con una información de una recuperación previa que se realizó en 2016 por peritos en criminalística”, explicó.

Añadió que se encontraron restos articulados presentes de forma incompleta, que fueron trasladados a la sede del EAFF en Buenos Aires, para realizar el análisis correspondiente y vincularlo con los hallazgos de 2016. De esta manera, dijo, se pudo concluir que el material encontrado corresponde a un individuo del sexo masculino adulto. Turner se refirió también a las expectativas que generan estas búsquedas en contraste con los resultados obtenidos. Sin embargo, aclaró que esto no cuestiona los testimonios ni la información que describen, ya que lo excavado representa una mínima parte de la superficie que queda para buscar.

“Lo que se hizo es agotar la información basada en testimonios que tenemos que no son directos. El tiempo transcurrido, los cambios en el ambiente y otras condiciones hacen que estas búsquedas sean dificultosas pero estamos recomendando y con la perspectiva de avanzar con otras estrategias con las cuales poder continuar con la búsqueda de los posibles sitios de entierro”, concluyó.

Luego, fue el turno de la documentalista Valeria Mapelman, quien basó su exposición en el contexto histórico de la Masacre y señaló que el sistema de reducciones fue parte de un proceso de disciplinamiento, coacción y control que se articuló con otros hechos de violencias como la matanza del pueblo Pilagá, en 1947, conocida como Masacre de Rincón Bomba, por parte de la Gendarmería Nacional en la provincia de Formosa.

“Las reducciones de San Bartolomé de las Casas y Francisco Javier Muñiz fueron muy importantes porque intentaron reducirlos en esos dos espacios y como los Pilagá se negaron y se resistieron, se produjo la masacre. Las persecuciones duraron veinte días aproximadamente y luego de diversas capturas en todo el territorio llevaron a las familias sobrevivientes a esas dos reducciones donde permanecieron por lo menos un año. En ese momento las reducciones estaban funcionando y los Pilagá sabían muy bien cuál era el régimen. Sabían que adentro se producía madera, algodón y que la explotación era muy dura. A los niños se los separaba de las familias. En Bartolomé de las Casas había un internado para niños a cargo de monjas. Es por eso que los Pilagá se negaban a ir”, detalló.

Cuando ocurrió la Masacre de Napalpí, todos los fenómenos y las caracterizaciones jurídicas existían salvo el nombre de genocidio”, indicó Nagy.

La documentalista acompañó su testimonio con diapositivas que la población Pilagá momentos previos a la represión, la zona de la masacre y las personas que encabezaron la matanza. “Muchas de las memorias de los abuelos Pilagá con los que trabajé mencionan los caramelos que les daban a los niños, igual que en Napalpí”, señaló Vapelman.

Aseguró que Napalpí “fue parte de un proceso genocida que tiene consecuencias hasta nuestros días” y que la bibliografía de esa época refería qué hacer con "el problema de indígena". “Las reducciones eran la respuesta que el Estado tenía frente a esa pregunta. Una vez que el proceso de desterritorialización estuvo en marcha había que ver qué hacer con los sobrevivientes y la solución pensada por el Estado fue la de las reducciones”, puntualizó.

La noción de genocidio

En la audiencia también declaró Mariano Nagy, periodista, profesor y doctor en historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, quien basó su testimonio en explicar por qué la Masacre de Napalpí fue un genocidio. Para eso, planteó cuatro ejes: el concepto de genocidio en sí, el contexto histórico internacional y nacional y algunas reflexiones desde el presente.

El profesor relató que el concepto de genocidio fue inventado por el jurista y “erudito” polaco Raphael Lemkin en 1944, lo que dio lugar a un estallido mediático del concepto cuando se juzgó a los nazis durante los Procesos de Nüremberg y que culminó cuando fue aprobado en la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, de 1948.

“Hay dos consensos claros en torno a este concepto: el primero es el intento de destruir a un grupo nacional o étnico y el segundo se encuentra en la Convención del '48, que reconoce que en todos los períodos de la historia el genocidio ha infligido grandes pérdidas en la humanidad. Muchas veces se pensaba que Lemkin se refería al nazismo. Sin embargo, estaba pensando en procesos históricos del pasado. Sin ir más lejos, en la actualidad, los dos genocidios reconocidos son el de Namibia, 20 años antes de Napalpí, y el Armenio, que ocurre en la década anterior. Pero para la consagración del concepto de genocidio hay que retrotraerse hacia mediados del Siglo XIX: cuando se constituyeron los estados nacionales, las políticas imperialistas y a la Segunda Revolución Industrial”, describió.

Nagy detalló que en esa época los estados lograron matar de manera masiva mientras que, de forma paralela, surgían muchos convenios internacionales que intentaban humanizar los usos bélicos. “Es en este contexto que los estados van a implementar lo que hoy llamamos genocidios y es cuando surgen los campos de concentración en tres períodos: en 1886 en Cuba, entre 1899 y 1902 en los denominados concentrations camps en la Guerra anglo-bóer en Sudáfrica y en Filipinas por parte de Estados Unidos. Si bien son posteriores a lo que pasa en el Siglo XIX, en las fuentes se menciona que los militares estadounidenses refieren que lo que aplicaron en Filipinas es lo que aplicaron en las reservas con los indígenas”.

En esa línea, aclaró que, cuando ocurrió la Masacre de Napalpí, no solo existían convenciones internacionales sino que también ya había intentos de juzgamientos por crímenes cometidos durante la Primera Guerra Mundial. “Es decir que, cuando ocurrió la Masacre de Napalpí, todos los fenómenos y las caracterizaciones jurídicas existían salvo el nombre de genocidio”, indicó.

"La política argentina va a ser la de la matanza, sometimiento, traslados y evitar nacimientos en los senos de los grupos indígenas. Como consecuencia de esta política hubo cambios de nombre, entregas de niños y niñas a familias de clases medias y altas".

Con respecto al caso argentino, Nagy señaló que Julio Argentino Roca tomó la idea de Estados Unidos del control militar sobre los indígenas y que, a su vez, implementó los campos de concentración por los que pasaron miles de indígenas, como por ejemplo en la isla Martin García.

“El Estado argentino va a implementar campos de concentración y va a distribuir la población de distintos sectores. La política argentina va a ser la de la matanza, sometimiento, traslados y evitar nacimientos en los senos de los grupos indígenas. Como consecuencia de esta política hubo cambios de nombre, entregas de niños y niñas a familias de clases medias y altas. La población indígena quedó a disposición y sometida”, detalló.

“Las acciones que vamos a ver en Napalpí y en todo el proceso del genocidio indígena pueden ser catalogadas como crímenes de lesa humanidad que recayeron sobre la población civil”, aseguró.

Y continuó: “En 1879 el gobierno de [Nicolás] Avellaneda firmó la Convención de Ginebra. Es decir, Argentina se alinea con todos los convenios internacionales vigentes al mismo tiempo que comete estos crímenes contra individuos por su pertenencia a un grupo”.

El profesor sostuvo que al genocidio indígena en Argentina debe mirarse como un proceso de largo plazo al igual que el proceso de invisibilización posterior. "Un proceso de desalojo en la actualidad no se puede explicar sin el proceso genocida del Siglo XIX. El proceso genocida instala una serie de relaciones, una situación, y esa situación se perpetúa a lo largo de las décadas. En la comunidad argentina hay una idea difusa de extinción que parece ser una evolución natural. Le dicen a los indígenas que no existen cuando en la actualidad los propios censos y estadísticas del Estado reconocen cuarenta pueblos indígenas. Hay una idea difusa de que los indígenas son actores del pasado. Esto tiene que ver con que el Estado argentino no reconoció que perpetuó un genocidio”, agregó.

Por último, se refirió al sistema de reducciones y opinó que los indígenas no eran esclavos porque no había intercambio monetario por ellos. “El Estado los entregaba. Por eso yo hablaría de servidumbre. La reducción fue un engranaje más para explotar laboralmente a los indígenas”, concluyó.

“Las acciones que hoy consideramos genocidas ya eran consideradas crímenes en el momento en que se producían. Esto es importante porque muchas veces nos dicen que estamos queriendo imponer conceptos de la actualidad a procesos anteriores donde no había conciencia de esos hechos", indicó Lenton.

Luego de un cuarto intermedio, declaró la antropóloga Diana Isabel Lenton, quien expuso sobre el genocidio como práctica y proceso histórico vinculado al contexto indígena. “Las acciones que hoy consideramos genocidas ya eran consideradas crímenes en el momento en que se producían. Esto es importante porque muchas veces nos dicen que estamos queriendo imponer conceptos de la actualidad a procesos anteriores donde no había conciencia de esos hechos. Sin embargo, se estaban condenando en el mismo momento en que se producían”, afirmó la antropóloga al comienzo de su declaración. Como ejemplo citó al senador Aristóbulo del Valle, en 1884, en la que argumentaba por qué se oponía a la conquista militar del Chaco.

Lenton también habló de la llamada "Generación del '80", a la cual denominó como la generación de la organización nacional. “Es la generación que a la par del genocidio produjo la modernización del Estado e instituye todos los ámbitos oficiales. Por eso es importante ver cómo pensaban”. En esa línea, retomó el discurso de Aristóbulo del Valle que hacía énfasis en cómo la violencia militar se estaba dirigiendo a las familias de la población civil, en complicidad con la "sociedad civilizada", que toleraba esos crímenes por el beneficio económico que traían y señalaba que las mujeres y niños se estaban convirtiendo en motines de guerra.

Lenton también hizo alusión al concepto de genocidio: “El concepto de Naciones Unidas nos habilita a considerar genocidio también a aquellas medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. Lo primero que se hacía con un grupo que se rendía era separar a hombres por un lado y a las mujeres por otro para que las parejas no se volvieran a juntar nunca más y así impedir la reproducción. Esas son parte de las prácticas que habilitó el Estado en las campañas militares”.

Luego destacó la última frase de la definición de genocidio de Naciones Unidas que hace referencia al traslado por la fuerza de niños de uno a otro grupo. “Nos hace pensar en la ultima dictadura cívico militar y la política de secuestro de niños para ser criados por otras familias. Esto ha sido una constante en la relación entre el Estado y los pueblos indígenas y es algo que lamentablemente no terminó”, añadió.

La antropóloga también expuso listas que aparecían en diarios de la época en las que se publicaban avisos que pedían familias de indígenas para trabajar como mano de obra en los ingenios. “Aparecían en los diarios cartas de los principales apellidos de la época en los que dejaban a criterio del general Roca el envío de niños para ser distribuidos entre las familias”, describió.

En esa misma línea, expuso una carta firmada por Roca en 1879 en la que explicitaba el envío de “una china” para una casa de familia. “Esto demuestra que los políticos, estaban implicados en la trata de personas. Era un plan que bajaba desde las altas esferas. La trata de personas es uno de los costados que no siempre se reconocen pero que son una constante en los genocidios en general y específicamente en el genocidio indígena en nuestro país”, aseguró.

"Lo primero que se hacía con un grupo que se rendía era separar a hombres por un lado y a las mujeres por otro para que las parejas no se volvieran a juntar nunca más y así impedir la reproducción. Esas son parte de las prácticas que habilitó el Estado en las campañas militares".

La antropóloga también se refirió a las apropiaciones de niños. “No eran adopciones, no pasaban a formar parte de las familias sino que pasaban a formar parte del servicio doméstico. Eran niños que acababan de ser repartidos en el atrio de la Catedral, separados de sus familias y que, además de las escenas de dolor y violencia, se les imponía una nueva violencia que era la privación del nombre, la sustitución de la identidad. Sabiendo de dónde venían y quiénes eran sus padres esa información no se les proporcionaba y así se perdía la posibilidad de rastrear la identidad de estas personas”, añadió.

Lenton señaló que en los diarios de la época era recurrente que apareciera el tema de la cantidad de indígenas que llegaban a las provincias de Tucumán, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, para ser distribuidos. “Fue masiva la trata y distribución en las ciudades, sobre todo de mujeres y niños. Los varones iban a trabajar a los ingenios y a los obrajes”, sostuvo.

Por último, se refirió a la conciencia que existía en aquella época sobre las barbaridades que sucedían. “No había un discurso de logro de la civilización”, aseguró. “Los periodistas hablaban de fugas, algunas exitosas, de la cantidad de suicidios debido a estados traumáticos producto de esas situaciones, de las mujeres que se tiraban a las vías del tren para no ser llevadas a servir en cualquier parte. La situación de terror tenía que ver con lo desconocido. Traían a personas de las comunidades que no sabían a dónde iban a ir”, describió.

"Este hecho dejó una cicatriz importante en el pueblo del Chaco. Sobre todo en la memoria de los grupos de pueblos originarios. Y esa cicatriz no ha sido borrada hasta el presente. El Estado no ha hecho nada y tiene una deuda de, por lo menos, esclarecer la verdad de lo sucedido".

“El genocidio continúa no solamente por las huellas traumáticas. El sufrimiento y la violencia se heredan y sigue produciendo lo que ha sido la cuestión ideológica, que tiene que ver con una política activa de olvido que implica para algunos la estigmatización e invisibilización y para otros la ignorancia”, sintetizó.

En la audiencia también declaró el antropólogo Héctor Hugo Trinchero, por videoconferencia, y puso el foco en los efectos de la invisibilización y el silencio que hubo después de la Masacre de Napalpí. En primer lugar, mencionó cómo era el trabajo en las reducciones y enumeró las condiciones que hacían cada vez más intolerable la vida en esos lugares y bajo ese régimen. Luego señaló que fueron nueve las campañas que se realizaron hacia el interior de lo que hoy se conoce como la provincia de Chaco y el Gran Chaco. “Esas campañas militares tenían el objetivo de ocupar un territorio que se consideraba un desierto”, destacó.

“El discurso de la ocupación del territorio estaba dado por la necesidad de disciplinar e incorporar al trabajo a los pobladores indígenas porque escaseaban”, añadió.

Sobre las consecuencias de la masacre, el antropólogo mencionó la desestructuración de esa economía indígena y la imposición del terror en cuanto a la posibilidad de reconstruir la memoria. “Han generado un modelo de vinculación en el que el indio estuvo siempre fuera de la frontera nacional. Siempre se lo quiso expulsar a pesar de los intereses económicos que buscaban retenerlos. En esa contradicción se jugó el destino de Chaco", explicó.

Por último, declaró el exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Raúl Eugenio Zaffaroni, quien también lo hizo por videoconferencia. Su testimonio se dirigió a la noción de genocidio aunque evaluó que la discusión era un concepto secundario ya que, destacó, "lo que importa en este caso es que se trató de un crimen masivo. Pongo entre paréntesis el concepto jurídico de genocidio, ya que lo que nos interesa es si se trató de un crimen masivo y el crimen masivo es un delito de lesa humanidad y por lo tanto es imprescriptible”, afirmó.

“En líneas generales este es el planteo que creo que rige en este caso. Tenemos un crimen masivo indiscriminado cometido sobre una comunidad, análogo a muchos que se han cometido en las lamentables guerras centroamericanas. Por eso creo que la calificación de genocidio o no es algo secundario”, indicó.

“El proceso penal no persigue solamente la imposición de penas. Las víctimas tienen derecho a saber la verdad en el proceso penal aunque desde el comienzo se sepa que no va a desembocar en ninguna pena. De cualquier manera, contribuye a resolver el conflicto que sobrevive al día de hoy. Este hecho dejó una cicatriz importante en el pueblo del Chaco. Sobre todo en la memoria de los grupos de pueblos originarios. Y esa cicatriz no ha sido borrada hasta el presente. El Estado no ha hecho nada y tiene una deuda de, por lo menos, esclarecer la verdad de lo sucedido”, concluyó.