El Juzgado Federal N°1 de Resistencia comenzó ayer el juicio por la verdad de la Masacre de Napalpí, que abarca los crímenes perpetrados por el Estado en 1924 contra integrantes de pueblos originarios y campesinos en el entonces territorio nacional del Chaco. En el debate interviene la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de esa jurisdicción, integrada por los fiscales generales Federico Carniel y Carlos Amad, el fiscal federal Patricio Sabadini y el fiscal ad hoc Diego Vigay.

La jueza Zunilda Niremperger dio formalmente inicio al debate y resaltó que a lo largo del juicio se intentará buscar la verdad de lo acontecido a través de los distintos testimonios y la reproducción de las distintas pruebas para llegar a una aproximación de los hechos.

“El juicio por la verdad no busca responsabilidades penales. Es una judicialización de hechos sin repercusiones penales. No van a encontrar aquí imputados. Lo que se trata es de hacer una determinación judicial de los hechos, de conocer la verdad de lo acontecido, primero, para la reivindicación de la memoria de los pueblos, para calmar las heridas, para reparar, como una forma de acción positiva. Pero también tiene una finalidad que es activar la memoria y generar conciencia colectiva de que las grandes violaciones a derechos humanos no deben volver a repetirse”, señaló.

“Se trató de un hecho que habría sido generado por el Estado y en contra de un colectivo altamente vulnerable”, agregó. En la audiencia, estuvieron presentes los fiscales Vigay y Carniel; la secretaria de Derechos Humanos de Chaco, Silvana Pérez; los abogados querellantes Duilio Ramírez y Emiliano Nuñez; y el presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), Miguel Iya Gómez.

La magistrada Niremperger pidió explícitamente a las partes la utilización de un lenguaje llano y fácil para que todos y todas puedan comprender lo que se relate. “Conocer nuestra historia hace a nuestra identidad. No solamente por nosotros sino también por las generaciones futuras, para que puedan tener una República fuerte con los estandartes de la memoria, la verdad y la justicia”, sintetizó.

La exposición del Ministerio Público Fiscal

Carniel y Vigay realizaron un alegato de apertura en el cual adelantaron cuál será la postura respecto del caso. “Como miembros del MPF se debe declarar la responsabilidad de todas aquellas personas, físicas o jurídicas, que tuvieron participación en estos hechos. Demostraremos, con la mayor rigurosidad posible, cómo se sucedieron los hechos, en qué contexto se llevaron a cabo, quiénes fueron las víctimas y quiénes fueron sus responsables”, aseguró el fiscal Carniel.

“La fiscalía viene por este acto a llevar este juicio por la verdad de acuerdo a todas las fundamentaciones que desarrollaremos. Por la comisión del delito de homicidio agravado con ensañamiento en reiteración de hechos, el concurso premeditado de dos o más personas en concurso real. Conductas estas catalogadas como delitos de Lesa Humanidad conforme al Estatuto de Roma, suscripto por nuestro país en la reconocida Masacre de Napalpí en 1924. Ello en el marco de nuestra Constitución Nacional, la normativa internacional de Derechos Humanos incorporada y la jurisprudencia internacional y local”, resaltó.

Luego, el fiscal Carniel se refirió a la metodología propuesta -prueba documental, registros fílmicos y testimoniales- como “la más apta” ya que los posibles responsables de la masacre se encontraban fallecidos al momento del inicio de la investigación. “Es la forma legal mas eficaz para cumplir con la responsabilidad del Estado Argentino asumida en compromisos internacionales de juzgar con los crímenes de lesa humanidad y de cumplir con el derecho de las víctimas, sobrevivientes y sus descendientes, de la comunidades Moquiot y Quom y de la sociedad toda de conocer la verdad y de recibir una reparación a través de una sentencia penal”, aseguró.

Luego mencionó que, antes de la Masacre, en la zona conocida como Napalpí se concentraban entre 800 y 1000 personas indígenas de las comunidades Moquit y Quom, junto a peones correntinos, en tolderías a modo de campamento. El 19 de julio de 1924 fueron asesinados alrededor de 300 integrantes de ambas comunidades, entre ellos niñas, niños, mujeres embarazadas, jóvenes y mayores.

“Los heridos que quedaron en el lugar y no pudieron escapar a tiempo fueron ultimados de las formas más crueles posibles: se produjeron mutilaciones, exhibiciones y entierros en fosas comunes. Las fuerzas agresoras justificaron el ataque presentándolo como un enfrentamiento de índole policial contra indígenas sublevados. Se intentó presentar los hechos como supuesto enfrentamiento entre las etnias. Hubo una investigación judicial de oficio donde se habló de solo cuatro muertos indígenas donde solo declararon miembros de las fuerzas policiales pero ningún indígena”, sostuvo el representante del MPF.

“Existió una estrategia del Estado de construir una historia oficial para negar, encubrir y ocultar la matanza. Los responsables de esta barbarie violaron toda la normativa procesal y de fondo vigente en ese momento. No solo por la ejecución de los hechos sino por la omisión de investigar la masacre con posteridad”, añadió.

Por último, hizo foco en la importancia de realizar el debate: "entendemos necesaria la búsqueda de la verdad y el ejercicio de la memoria histórica para que los hechos de violencia no se repitan, para establecer el por qué, el cuándo y cómo se perpetraron las atrocidades, saber quiénes son los máximos responsables de los crímenes y cuál es el origen y las motivaciones económicas, políticas o sociales que condujeron a esta ejecución. También para demostrar le carácter sistemático y señalar a quienes han favorecido y quiénes se han visto beneficiado de estos hechos de violencia”.

Luego, tuvo la palabra Duilio Ramírez, abogado Querellante por la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de Chaco. “Dado que los autores materiales intelectuales por el paso del tiempo no están con vida es que se utiliza esta metodología de juicio oral y público por la verdad de manera tal que aquello q sucedió no quede impune. El paso del tiempo no debe tornarse sinónimo de impunidad”, afirmó.

“Las tierras que le fueron arrebatadas al indio en el territorio argentino sufrieron el mismo destino acá, en la provincia Chaco. Fueron entregadas a las personas que estuvieron ligadas al exterminio, empresarios y colonos nacionales y extranjeros para, en este caso, plantar algodón y talar el quebracho. Y para eso se necesitaban manos fuertes y esas manos fuertes las iban a proveer los pueblos originarios que habían sido expulsados de sus tierras”, agregó.

La audiencia continuó con la reproducción audiovisual de entrevistas realizadas a Pedro Balquinta, uno de los pocos sobrevivientes de la masacre y fallecido en los últimos años, y a Rosa Grilo, de 114 años, la única sobreviviente viva. Se proyectó después una entrevista filmada al investigador indígena Juan Chico, autor de los libros de investigación sobre la masacre La Voz de la Sangre y Las Voces de Napalpí y que falleció el año pasado.

“Es la persona que más investigó sobre la Masacre de Napalpí e iba a ser uno de los testigos más importantes del juicio. En estos libros hizo toda una recopilación muy minuciosa con colaboración de otros historiadores indígenas. Los libros están incorporados al expediente”, sostuvo el fiscal Vigay en referencia a Chico.

El debate se reanudará el 26 de abril, día en que se reproducirán las entrevistas a las sobrevivientes Melitona Enrique y Rosa Chara. A su vez, darán su testimonio Ramona Pinay, David García, Analía Noriega y los investigadores Mariana Giordano, Graciela Bergallo y Neri Tete Romero .

La masacre

La denominada Masacre de Nalpalpí fue perpetrada el 19 de julio de 1924. Según los registros históricos y la prueba recabada en la investigación preliminar desarrollada por la Unidad Fiscal, unos 130 policías y un grupo de civiles partieron desde Quitilipi hasta Napalpí por orden del gobernador del entonces territorio nacional del Chaco, Fernando Centeno, para acallar el reclamo de integrantes de pueblos originarios y de criollos que exigían una justa retribución por la cosecha de algodón o salir a trabajar del territorio chaqueño hacia los ingenios de Salta y Jujuy, que ofrecían mejor paga.

De acuerdo con los relevamientos de diferentes historiadores recabados por la fiscalía en el inicio de esta pesquisa, durante 45 minutos la policía descargó más de 5 mil balas de fusil sobre la población de Napalpí. Las víctimas fueron estimadas en 400, entre aborígenes y cosecheros de Santiago del Estero, Corrientes y Formosa, aunque un 90 por ciento de todos ellos pertenecían a comunidades originarias. Unos 38 niños lograron escapar de la matanza, pero luego al menos la mitad fue entregado como sirvientes en las localidades de Quitilipi y Machagai, mientras que el resto murió en el camino. Sólo quince adultos lograron sobrevivir.

El juicio por la verdad fue impulsado por el Ministerio Público Fiscal y se propuso como el mecanismo judicial adecuado para el juzgamiento de la Masacre como crimen de lesa humanidad, al no contar con responsables con vida y con el objetivo de cumplir con los derechos de las víctimas a la verdad, a una reparación integral y a la no repetición.