Los fiscales generales Jorge Auat y Carlos Gonella sostuvieron el lunes ante la Cámara Federal de Córdoba, integrada por Liliana Navarro, Eduardo Ávalos y Graciela Montessi, el recurso de la fiscalía para que se revoquen el sobreseimiento al ex secretario judicial Carlos Otero Álvarez (69) y las faltas de mérito a los ex defensores oficiales Ricardo Haro (81) y Luis Molina (75) por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y participación necesaria en los delitos de lesa humanidad -secuestros y tormentos, entre otros- de los que resultaron víctimas presos políticos que estuvieron en cautiverio en la Dirección de Informaciones (D-2) de la Policía provincial y la Unidad Penal 1 de esa capital. En esta cárcel fueron asesinados 28 presos políticos en 1976.

Colmada por la presencia de familiares y militantes de derechos humanos, la audiencia ante la Sala B del tribunal de alzada cordobés se llevó a cabo dos años y medio después de interpuesto el recurso de apelación. Los dos fiscales comenzaron su intervención indicando, justamente, la dilación en el tratamiento de este expediente. "La parálisis se debió a que durante todo ese tiempo se estuvo tratando de integrar la sala para resolver el caso, que tiene imputados a ex magistrados e integrantes de la corporación judicial de Córdoba", explicó Gonella a Fiscales.

Auat, por su parte, diagnosticó que "la parálisis se produce por un problema que venimos padeciendo, que es la cronicidad de sus trámites y la frustración de expectativas de familiares y víctimas. Las dilaciones se agudizan en las causas que involucran a empresarios y a funcionarios, como ex magistrados. Se van produciendo maniobras procesales o estrategias para eternizar el proceso. La recusación ha sido una de las herramientas que más se usaron como estrategia de impunidad".

Además de sostener los recursos de apelación, los fiscales pidieron que se confirme el procesamiento del ex juez federal Miguel Ángel Puga (72) en siete hechos; del ex fiscal Antonio Sebastián Cornejo (80), en ocho hechos, y del ex secretario Otero Álvarez en 86 casos, dictado por el juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, el 29 de octubre de 2012. Esa decisión incluyó el sobreseimiento de Otero Álvarez por ocho casos y las faltas de mérito de los ex defensores Haro y Molina.

La causa trata sobre los hechos padecidos por las víctimas que estaban detenidas a disposición judicial y militar en procesos por violación a la denominada "ley antisubversiva", número 20840, y que en el marco de las declaraciones indagatorias pusieron entonces en conocimiento de jueces, fiscales y defensores la situación violatoria de los derechos humanos que estaban padeciendo en su cautiverio ilegal iniciado en el D-2 y continuado en la UP1, que incluyó tormentos y homicidios.

En efecto, Gonella explicó a este portal: "Los acusamos porque en las indagatorias las víctimas declaraban en aquél momento que estaban siendo torturadas, amenazadas y que sus compañeros eran asesinados; en los expedientes además había fotos con los evidentes rasgos de tortura; tenemos informes médicos y tenemos las fichas médicas de los legajos penitenciarios, labrados cuando las víctimas eran trasladas del D-2 a la cárcel. Dijimos que los jueces omitieron investigar los tormentos y los homicidios. A Otero -que era secretario del fallecido juez Adolfo Zamboni Ledesma- lo acusamos por incumplimiento de los deberes de funcionario, encubrimiento y participación necesaria en los delitos de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad".

Los fiscales además contextualizaron la actuación de los operadores judiciales cordobeses. Citaron al respecto los casos de los jueces mendocinos Miret y Romano, del tucumano Manlio Martínez, del marplatense Pedro Hooft y del salteño Ricardo Lona. "El Poder Judicial fue un resorte fundamental para que todos los horrores sucedieran", explicó Gonella.

El juez de primera instancia riojano, Piedrabuena, quien interviene por la excusación de varios colegas de su jurisdicción, había considerado que Otero estaba exento de responsabilidad en los ocho hechos por los que lo sobreseyó porque en su momento la Cámara Federal había ordenado investigar los hechos. "La orden de la Cámara no implica cubrir la omisión funcional del acusado e impedir una persecución en su contra, sino todo lo contrario. Más bien, ello viene a corroborar la existencia de una infracción al deber extra penal que incumbía al acusado como funcionario del juzgado ante el cual la víctima denunciaba haber sido objeto de malos tratos o torturas. Y si bien luego por orden de la alzada se inician investigaciones, se advierte que fueron actuaciones meramente formales que no revelan una investigación seria", indicaron los fiscales en la audiencia.

"Al haber infringido el deber de investigar, el aporte fue el de un cómplice. Los militares sabían que no les iba a pasar nada", razonó Gonella.

Los fiscales también pusieron de relieve el informe 74/90 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que llegó a pronunciarse por los hechos de esta causa en una demanda iniciada por la víctima Héctor Gerónimo López Aurelli, quien ofreció como prueba los sumarios abiertos por violación a la ley 20840 (incorporados en este mismo expediente), en el marco de uno de los cuales fuera condenado con dichos obtenidos bajo torturas. En el informe, citado durante la audiencia por los fiscales, la CIDH evaluó que "de la lectura de estos expedientes se desprende, no sólo el accionar ilegal del sumariante, sino además la complicidad manifiesta del Poder Judicial, en el caso, el Juzgado Federal N°1 de Córdoba a cargo del Dr. Zamboni Ledesma, Secretaría Otero Álvarez".

Respecto de la situación de los defensores Haro y Molina, los fiscales atacaron el principal argumento de Piedrabuena para dictarles la falta de mérito: el juez de instrucción riojano había sostenido que los defensores habían cumplido su función al estar presente en las indagatorias donde las víctimas denunciaron los hechos. "Ello no cubre el deber de denunciar. Como cualquier otro funcionario, los defensores tienen el deber de promover que se genere una investigación aparte. Porque la prueba era tremenda: fotos, certificados médicos y, en su caso, muertes. Pero nunca promovieron una investigación", explicó Gonella.

En su exposición, Gonella y Auat también respondieron el argumento de las defensas acerca de que los delitos de funcionarios públicos no tenían tipificación en el derecho internacional. Al respecto, los fiscales pusieron de relieve la existencia de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, aprobada en 1968 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tiene jerarquía constitucional en nuestro país desde 2003.

Aquél instrumento, recordaron los fiscales, "no sólo considera imprescriptibles los crímenes de guerra o de lesa humanidad cometidos de propia mano por integrantes de las fuerzas de seguridad, sino también la conducta tolerante de otros funcionarios estatales respecto de esos mismos ilícitos". Respecto de su incorporación a la legislación argentina con posterioridad a los hechos, Gonella explicó que los principios de esa norma "estaban arraigados en la costumbre internacional y formaban parte del orden público internacional" cuando ocurrieron los crímenes.

La intervención de Gonella en la audiencia tiene que ver con su conocimiento riguroso de los hechos: fue el fiscal del juicio oral por los crímenes en la UP1 (2010) y luego formuló las imputaciones a los ex magistrados que se ventilaron en ese proceso, que tuvo entre los condenados al dictador Jorge Rafael Videla. Gonella es además el titular de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Córdoba, aunque actualmente está a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Gonella compartió el estrado de la fiscalía ante la Cámara con Jorge Auat, quien tiene a su cargo la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Ambos reemplazaron al fiscal local Facundo Trotta, que a la misma hora de la audiencia estaba participando de otro proceso por los crímenes del terrorismo de Estado. La intervención de Gonella y Auat fue cuestionada por las defensas y rechazada por los fiscales, que citaron al respecto la ley de Ministerio Público, que promueve la creación de equipos de trabajo frente a casos complejos, y la jurisprudencia en la materia.

El turno de la exposición de las defensas estaba previsto para hoy, pero ayer la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba pospuso para el lunes próximo la audiencia para escuchar los argumentos de los abogados de los ex magistrados.