24 de enero de 2020
24 de enero de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Interviene el fiscal general Pablo Parenti
Delitos de poder: los crímenes sexuales en el circuito represivo Zárate-Campana
Las especialistas Rita Segato y Laura Sobredo declararon a propuesta del MPF en el juicio que lleva adelante el TOF N°2 de San Martín, donde se juzga ese tipo de violencia en los centros clandestinos que funcionaron en la jurisdicción. Relaciones asimétricas de poder, el estado de sospecha sobre las víctimas y la afectación de sus subjetividades fueron algunos de los tópicos abordados.

En agosto de este año empezó el segundo juicio por crímenes de lesa humanidad en el Arsenal Naval de Zárate, el buque patrullero ARA Murature -anclado al frente- y en Campana, durante la última dictadura cívico-militar. Tiene por objeto privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, abusos sexuales y violaciones, que por primera vez están siendo juzgados en ese circuito represivo. Los acusados ante el Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín son el ex jefe de la Zona IV Santiago Omar Riveros, el médico de la Armada Omar Di Nápoli y el segundo jefe del Arsenal Naval Jorge Bernardo. En representación del Ministerio Público Fiscal intervienen el fiscal general Pablo Parenti y el auxiliar fiscal Iván Polaco.

El juzgamiento de delitos contra la integridad sexual -perpetrado contra seis víctimas, hombres y mujeres- es consecuencia de la remisión de pruebas dispuesta por el TOF N°5 de la jurisdicción para su investigación, al término del primer juicio en agosto de 2013. Sobre ese aspecto declararon durante las últimas semanas las especialistas Rita Segato y Laura Sobredo, a propuesta del MPF. 

Crímenes de poder

Segato -antropóloga feminista que desde 1993 estudia violaciones y agresiones por medios sexuales a la vida de las mujeres, con trabajos de campo en la cárcel de Brasilia, Ciudad Juárez (México) y Guatemala, donde hizo un peritaje en el juicio por crímenes sexuales de estado- explicó que a partir de cierto momento histórico surgió “una nueva forma de accionar sobre el cuerpo de las mujeres”, en el que la sexualidad obra como objetivo estratégico. 

En primer lugar, destacó que el “sentido común de la violación no es el que se cree, de un deseo desatado varonil”. De los testimonios recogidos en su trabajo concluyó que la libido “no está dirigida al cuerpo de la víctima”, sino orientada en función del poder: en el caso de la masculinidad, de la potencia. “Es un crimen de retroalimentación del poder en sus varias formas”, que no es sólo sexual sino también física, bélica, económica, intelectual o moral, señaló. 

“La violación es un crimen de retroalimentación del poder en sus varias formas”, postuló Rita Segato.

En ese sentido, destacó que el agresor es miembro de un grupo de pares, organizado corporativamente. Estimó que esa calificación “es útil para comprender las violaciones vinculadas al Estado”, como en los casos de Guatemala y  El Salvador. De esa forma, el crimen “refuerza las alianzas corporativas masculinas, replicadas en la policial, militar y otras”. Al respecto precisó que “la relación del violador es vertical con la víctima (que es siempre sospechosa por la corporeidad femenina), a quien busca moralizar”. Pero también “comunica otra cosa a los miembros de la corporación masculina”, a quienes “expresa la capacidad de adquirir la capacidad de hombre”: se viola por interpósita persona a padres, hermano mayor, cónyuge o hijos, sujetos masculinos “que desde un imaginario arcaico deberían ser capaces de proteger” a la víctima.

En relación a los delitos sexuales investigados, presuntamente cometidos en la Base Naval y en otros centros clandestinos de detención de la zona, Segato hizo hincapié en que “cuando un superior entrega el cuerpo de las víctimas a sus subordinados” se ve “un grado aún mayor de indefensión”. “He estado pensando en cómo llamarle a este nuevo concepto, que es el proxenetismo concentracionario: hay una entrega de un cuerpo a alguien para que haga lo que desee”. De esa forma, el lucro es de poder, en el centro de la estructura militar que se realimenta.    

Por último, postuló que los delitos de esta índole deben salir del ámbito de la intimidad de las personas, porque son “plenamente públicos”, y así dejar de ser tomados como crímenes “menores”. En esa línea, consideró la experiencia de juzgamiento guatemalteca como “un punto fundamental en la historia del derecho”, porque se concluyó que “el Estado puede cometer crímenes sexuales”. 

Asimetría brutal de poder y “cierto reordenamiento del mundo”

En la audiencia del lunes 21 de octubre también declaró como testigo la médica especializada en psiquiatría y psicoanalista Laura Sobredo. Fue convocada a raíz de su experiencia en proyectos de investigación teórica y de campo; en particular, en relación a la violencia de género y abusos sexuales en centros clandestinos de detención.

Sobredo, que actualmente integra la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) del MPF, identificó las etapas de los relatos que las mujeres víctimas hicieron en los procesos de verdad y justicia: desde las desapariciones, pasando por lo que recordasen respecto de los acusados, hasta estos delitos en particular, que en muchos casos están atravesados por el pudor a raíz de hechos que las estructuras sociales calificarían como “vergonzantes”.

La especialista destacó -ante preguntas de la Fiscalía- dos hallazgos en particular. Por un lado, el daño significativo a estructuras psíquicas básicas, que se tradujo en experiencias traumáticas. Por el otro, la vigencia del “estado de sospecha” en torno a lo acontecido a las víctimas que podía trascender incluso la supervivencia a los CCD, cuando en realidad se trataba de una ostensible “asimetría brutal de poder” y de “destrucción del otro”.

Escasez de palabras en el testimonio, “la imposibilidad de decir”; dificultades en la vida sexual, reproductiva y afectiva; alteraciones funcionales biológicas y trastornos por estrés postraumático son algunas de las secuelas que la experta identificó como resultado del paso por los centros clandestinos de detención donde se ejerció este tipo particular de violencia. Es que quienes transitaron por allí “estuvieron expuestos a otras miradas, con temor a ser invadidos, a violaciones”; debían incluso convivir con el padecimiento ajeno de los abusos cometidos a otras detenidas y detenidos, instaurándose así el terror y el miedo a que le ocurriese lo mismo a quien escuchaba.

Asimismo, la integrante de DOVIC se refirió a la violencia sexual sobre hombres. Explicó que esas prácticas implicaban una "feminización” que pudieron afectarlos en su narcisismo y resultar un nivel de afrenta difícil de soportar en su identidad de varones, lo que estimó como uno de los motivos por los que hay menos testimonios que den cuenta de delitos padecidos por hombres. 

Laura Sobredo destacó que las víctimas “encontraron cierto aprendizaje por parte del sistema de administración de justicia en la escucha de este tipo de testimonios”

Por otra parte, destacó que las víctimas “encontraron cierto aprendizaje por parte del sistema de administración de justicia en la escucha de este tipo de testimonios” y sus complejidades. En ese sentido, valoró que la afectación de las subjetividades encontró, con el correr de los procesos y las condenas, una posibilidad de “cierto reordenamiento del mundo” para las víctimas. 

Para Sobredo, el señalamiento de la gravedad de los hechos es una de las potencias reparadoras del sistema de justicia frente a ese “estado de sospecha” que podía imperar antes. Todo ello aún frente a la tensión, a veces irresoluble, que se produce entre el relato de los hechos y el nivel de detalles que requiere el proceso judicial.

Qué se juzga

En el juicio están imputados Santiago Omar Riveros, quien como comandante de Institutos Militares ya había sido condenado en 2013 a 25 años al término del primer debate oral; el subjefe de la Base Naval de Zárate Jorge Bernardo y el médico de la Armada Omar Di Nápoli, a quien se le endilga haber controlado las sesiones de tortura a la que eran sometidos quienes pasaban por el CCD.

Están acusados por privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y violencia sexual en perjuicio de 20 víctimas en total.