Luego de que la Cámara Federal de Casación Penal recomendara en los últimos días a los tribunales orales continuar con los debates en aquellas causas por delitos de lesa humanidad que puedan concluirse de manera remota, y así haya sido solicitado por defensas, querellas y el Ministerio Público Fiscal, debates orales en todo el país seguirán su desarrollo y se sumaron otros pedidos.

En Mar del Plata, se vivió por videoconferencia el pasado 27 de abril la sentencia en la megacausa Subzona 15 y ya retomó las audiencias el debate denominado Cueva 3, que juzga los delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en el viejo radar subterráneo de la Base Aérea marplatense. En la misma línea, el fiscal general Pablo Ouviña requirió la semana pasada –en consonancia con la defensa de uno de los imputados- que pueda tener continuidad el juicio denominado CNU 2. El Tribunal Oral Federal compartió el criterio, por lo que requirió a la Dirección de Tecnología del Consejo de la Magistratura de la Nación que informe acerca de las herramientas tecnológicas disponibles para llevar adelante las audiencias de modo remoto, y si existe algún protocolo en tal sentido. El debate ya se encuentra en su etapa final: se pidió al Programa de Verdad y Justicia que pueda comunicarse con el último testigo pendiente de declarar, lo que permitirá luego dar paso a alegatos y sentencia.

Se reanuda el juicio del circuito represivo Zárate – Campana

En línea con lo solicitado por el MPF, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín dispuso reanudar el 18 de mayo a las 10 las audiencias finales del segundo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Arsenal Naval de Zárate, el buque patrullero Murature -anclado al frente- y en Campana, durante la última dictadura cívico-militar. “De acuerdo a la información recabada en otros contextos, puede afirmarse que el Poder Judicial de la Nación posee medios de comunicación informática con capacidad suficiente para llevar adelante la etapa restante de este juicio de manera remota”, expusieron los magistrados.

El fiscal general Pablo Parenti, junto al auxiliar fiscal Iván Polaco, había solicitado al Tribunal que se evaluara la posibilidad reanudar el debate mediante sistemas de videoconferencias u otras herramientas alternativas que garanticen el debido proceso, con pleno respeto de las disposiciones de salubridad pública vigentes, atento la falta de certezas sobre la extensión temporal del aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido para impedir la propagación del coronavirus y que suspendió desde entonces las audiencias. Los representantes del Ministerio Público Fiscal repararon en que solo resta para la finalización del debate concluir los alegatos de la defensa y las eventuales réplicas, dúplicas y últimas palabras. En el mismo sentido se habían expresado las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.

El objeto del debate son privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, abusos sexuales y violaciones, que por primera vez están siendo juzgados en el circuito represivo Zárate-Campana, y están acusados el ex jefe de la Zona IV Santiago Omar Riveros, el médico de la Armada Omar Di Nápoli y el segundo jefe del Arsenal Naval Jorge Bernardo. A su vez, el Tribunal resolvió conceder los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y la querella por la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires contra la decisión de hacer lugar a la detención domiciliaria de Di Nápoli, y en consecuencia elevar las actuaciones a la Cámara Federal de Casación Penal en formato digital para su resolución.

San Juan y Mendoza

Por otra parte, la semana pasada el fiscal general Dante Vega realizó sendas presentaciones ante los tribunales orales federales de Mendoza y San Juan, en su carácter de titular de la Oficina de asistencia en causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado en Mendoza, para la conformación de “mesas de contingencia” junto a las partes y otros actores como el Equipo de Acompañamiento, el Programa Verdad y Justicia y técnicos informáticos. El objetivo es evaluar a la mayor brevedad posible “el modo y condiciones en que deberá proseguirse” con los juicios en desarrollo en esas jurisdicciones. No obstante, postuló que se arbitren las medidas necesarias para la reanudación de ambos.

Antes de la suspensión, en Mendoza continuaba la etapa de recepción de declaraciones testimoniales en otra Megacausa, con 20 imputados. Al momento de su inicio en marzo de 2019 estaban ofrecidos formalmente alrededor de 300 testigos, no obstante durante el desarrollo del debate se va definiendo la necesidad de comparecencia de cada uno o la posibilidad de incorporar sus declaraciones previas. La presentación firmada por Vega junto al auxiliar fiscal Daniel Rodríguez Infante enfatizaba que la mesa deberá analizar el modo en que tales declaraciones podrán desarrollarse. En esa línea, el TOF N°1 de Mendoza hoy le notificó a las partes la plataforma con la que deberán contar "en atención a procurar por medios visuales -en fecha a designar- la continuidad del juicio oral". 

A su vez, en San Juan se encontraba en trámite el debate conocido como “Megacausa III”, que comenzó en junio del año pasado y juzga hechos por crímenes cometidos en perjuicio de más de 150 víctimas. La Fiscalía solicitó la reanudación del proceso para la recepción de alrededor de treinta declaraciones indagatorias.

En ambas notas se reconoció que deben tomarse recaudos, pero que ello “no puede ser obstáculo para garantizar la continuidad de las causas vinculadas con la comisión de crímenes contra la humanidad, por lo que resulta ineludible decidir qué herramientas y medios se utilizarán para retomar el juicio, sin riesgo para ninguna de las personas involucradas”.

El fiscal general resaltó que los pedidos fueron en consonancia con la solicitud de la fiscal federal y titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad Ángeles Ramos a la Cámara Federal de Casación Penal, como así también con la Acordada N° 10/2020 de ese tribunal y con la 13/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Asimismo, recordó que la presidenta del Máximo Tribunal penal Ángela Ledesma dispuso mediante un proveído la reanudación de los juicios “cuya conclusión pueda realizarse por vía remota y/o que fuere posible sin gran desplazamiento de participantes”, además de aclarar que el Máximo Tribunal penal “se encuentra contemplando la continuidad de todas las causas bajo su jurisdicción”.