05 de abril de 2020
05 de abril de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Intervino la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata
El lunes se conocerá el veredicto en un juicio a cinco ex militares del Batallón de Comunicaciones de Comando 601 de City Bell
Los imputados están siendo juzgados por dos homicidios, privación ilegal de la libertad y tormentos aplicados a una niña de doce años; y la sustracción, retención y ocultamiento de su hermano de diez años y su hermana de 18 meses. El MPF solicitó prisión perpetua para todos los acusados. 

El próximo lunes 4 de noviembre serán las últimas palabras y el veredicto en el juicio a cinco ex militares del Batallón de Comunicaciones de Comando 601 de City Bell, que se lleva adelante ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de La Plata por crímenes de lesa humanidad. Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira, fiscal general y auxiliar fiscal respectivamente de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata solicitaron en septiembre  que se condene a los imputados a prisión perpetua por dos homicidios, privación ilegal de la libertad y tormentos aplicados a una niña de doce años; y la sustracción, retención y ocultamiento de su hermano de diez años y su hermana de 18 meses.

La fiscalía pidió la pena máxima para el entonces segundo jefe del Batallón de City Bell Carlos Alberto Bazán; el ex oficial de Inteligencia de esa misma unidad, Francisco Ángel Fleba; el ex oficial de Operaciones Eduardo Arturo Laciar; el ex jefe de la Compañía B, Daniel Eduardo Lucero; y el ex subteniente de la Compañía B; Eduardo Enrique Barreiro. Schapiro y Nogueira consideraron a los acusados coautores de los delitos de homicidio doblemente calificado por haberse cometido con alevosía, privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones doblemente agravada por haberse cometido con violencias o amenazas, retención y ocultamiento de menores de 10 años e imposición de tormentos agravados por ser la víctima una perseguida política, según cada caso.Asimismo, la fiscalía recurrió al derecho internacional y calificó los hechos “delitos contra el Derecho de Gentes”.

Los hechos por los que son juzgados los cinco ex militares ocurrieron en la mañana del 6 de septiembre de 1977 a manos de integrantes del Batallón. En base a los testimonios de ex conscriptos, la fiscalía indicó que fueron parte del operativo las compañías “A”, “B” y la de Comando y Servicio, con todos los oficiales de alto, mediano y bajo rango, incluidos los soldados conscriptos. Según lo acreditado en la investigación se calcula que participaron entre 900 y 1000 oficiales y soldados.

María Nicasia Rodríguez, de 34 años, y Arturo Alejandrino Jaimez, de 22, fueron asesinados con múltiples disparos de armas de fuego. Ambos militaban en Montoneros. Rodríguez era la madre de la niña de por entonces 12 años, de un varón de 10 y de la beba de un año y medio que fueron encontrados por los militares en el baño del domicilio atacado. Era el único recinto con paredes sólidas de la casa prefabricada. La niña mayor fue introducida en el circuito de centros clandestinos de detención y pasó por El Vesubio, Sheraton y el Regimiento de La Tablada. Sufrió abusos sexuales y fue torturada y obligada a señalar en la calle a compañeros de militancia de su madre. Su hermano de diez años y su hermana de un año y medio de edad estuvieron desaparecidos durante ocho días. En ese lapso, pasaron por diferentes dependencias policiales hasta que fueron entregados a sus familiares, tras una incesante búsqueda por parte de su padre. El cuerpo de Jaimez continúa aún desaparecido pero el de Nicasia Rodríguez fue recuperado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en una tumba sin nombre en el cementerio de La Plata, en 2007.

En relación a la responsabilidad específica de los imputados, la fiscalía sostuvo que “toda la prueba producida e incorporada a este juicio da cuenta de la intervención de todos ellos en los hechos, de su ubicación en tiempo y espacio en el operativo del 6 de septiembre de 1977, en función de los distintos roles y jerarquías que tenían como personal perteneciente al Batallón de Comunicaciones 601 de City Bell”.

Además, la fiscalía solicitó una serie de medidas reparatorias “en línea con las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en las cuales se encuentran la señalización “del Batallón de Comunicaciones Comando 601, como recordatorio de los hechos ocurridos e investigados en la presente causa y la directa participación de aquel en los mismos, dándose participación a las víctimas en esa tarea”.