Este jueves 11 de junio se reanudarán las audiencias del juicio conocido como Megacausa Nº14, que se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, y el que se sigue a ex miembros de los servicios de inteligencia del Ejército por delitos cometidos entre 1979 y 1980 en el marco de la llamada “Contraofensiva”, ante el Tribunal Oral Federal N° 4 de San Martín.

En el primero de los debates se juzgan crímenes de lesa humanidad perpetrados en más de una decena de CCDs en territorio tucumano, durante el denominado “Operativo Independencia”, iniciado en febrero de 1975 y que tendría continuidad luego del golpe de estado del 24 de marzo de 1976. Incluye además dos hechos que se juzgan por primera vez, relativos a Dardo Francisco Molina y Osvaldo Muñoz. En representación del Ministerio Público Fiscal actúan el fiscal general subrogante y coordinador de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad -Oficina Tucumán-, Pablo Camuña, y el auxiliar fiscal Agustin Chit.

Por otro lado, en el juicio donde se encuentran siendo juzgados once ex integrantes de los servicios de inteligencia del Ejército, las imputaciones son por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios cometidos contra 94 víctimas durante 1979 y 1980. Intervienen allí el fiscal general Marcelo García Berro y la auxiliar fiscal Gabriela Sosti.

Tucumán: megacausa Nº14 

El juicio comenzó el 9 de diciembre del año pasado, y fue suspendido a partir de la entrada en vigencia de las medidas extraordinarias de aislamiento social preventivo y obligatorio dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional. El 29 de abril el Tribunal dispuso que se adopten las “medidas tendientes a la realización de las audiencias de debate en entorno virtual”.

En ese marco, las partes participarán de manera remota y/o presencial de las audiencias, dependiendo de su inclusión en grupos de riesgos o circunstancias justificadas que no les permitan concurrir a la sala. Se garantizará asimismo la publicidad del proceso a través de los medios digitales que sean autorizados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). También el Tribunal previó la posibilidad del uso de redes sociales para garantizar la publicidad.

Respecto de quienes declaren como testigos, el Tribunal dispuso la adopción de un protocolo de cuidados especiales, que incluye la revisión de estos por parte de personal de la salud y la toma de temperatura corporal.

En esta megacausa se juzga a 25 imputados –entre ex miembros de la policía local, la Gendarmería Nacional y el Ejército- por un total de 335 casos de violaciones a los derechos humanos. Durante las jornadas del jueves y viernes se concluirá el desarrollo de prueba testimonial ofrecida por la parte acusadora, y comenzarán a declarar los testigos de descargo presentados por las defensas de los acusados.

San Martín: juicio a servicios de inteligencia de la dictadura

En San Martín el debate oral continuará con la recepción de declaraciones testimoniales. Entre las pautas dispuestas para el desarrollo de la audiencia se cuentan: que el modo de intervención -presencial o virtual/remoto por intermedio de los sistemas de videoconferencias provistos por el Consejo de la Magistratura y/ o los que puedan definirse- será coordinada por el personal de la Secretaría del TOF y bajo los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria y jurisdiccional; será, de momento y como regla general, sin la asistencia de público -aunque por razones fundadas, excepcionalmente y previa solicitud, podrá autorizarse el ingreso de ciertas personas-; y en cuanto a la publicidad del debate, el Tribunal señaló que podrá ser garantizada de acuerdo a los distintos medios tecnológicos existentes y los que en futuro puedan ir incorporándose. El devenir de la audiencia podrá ser seguido por el público a través de la página del medio LaRetaguardia.com, que la cubrirá en vivo y, además, lleva un Diario del Juicio desde su comienzo.

A los agentes incriminados se los acusa de haber reunido información relativa a presuntos grupos u organizaciones “subversivas”, procesarla, proporcionarla y difundirla a sus superiores y subalternos, para la ejecución del plan de represión implementado por el gobierno militar hacia las personas que formaron parte del operativo denominado “Contraofensiva Montonera”. Ese fue el nombre que se le dio a la convocatoria que realizó, desde el exilio, la dirigencia de la agrupación a militantes que estaban en diferentes países con el fin de volver a la Argentina para realizar acciones en contra de la dictadura militar.

Según la hipótesis acusatoria, de las 94 víctimas que comprenden el objeto del juicio, 70 permanecen aún desaparecidas y 12 fueron asesinadas en el acto de la intervención militar, o bien sus cuerpos fueron entregados o aparecieron sin vida meses después. Por último, la mayoría de las víctimas secuestradas fueron llevadas al centro de detención Campo de Mayo, en donde fueron torturadas y mantenidas en la más absoluta clandestinidad.