28 de marzo de 2024
28 de marzo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Alegato
Fiscal pidió 20 años de prisión para dos militares y 18 para un civil por el secuestro de un sindicalista
Gonzalo Stara además solicitó que cumplan la pena en "cárcel común" y que sean inmediatamente detenidos al momento de dictar sentencia. Es en el caso del secuestro y las torturas a Manuel Casado, titular del gremio municipal de San Lorenzo.

El fiscal Gonzalo Stara solicitó que se condene a veinte años de prisión a los militares Rubén Osvaldo Cervera y Horacio Hugo Maderna, y a 18 años de prisión al abogado Pedro Rodríguez, por la privación ilegal de la libertad y los tormentos que sufrió durante la última dictadura el entonces secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Lorenzo, Manuel Casado.

Stara alegó el viernes ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario Nº1, que desde el 22 de marzo juzga a Cervera, ex jefe del Batallón 121 de Arsenales de Fray Luis Beltrán -localidad vecina a San Lorenzo-; a Maderna, ex oficial superior de aquella unidad militar; y a Rodríguez, ex asesor jurídico de la comuna de San Lorenzo.

El fiscal acusó a los dos militares como autores "de los delitos de privación ilegal de libertad calificada por su condición de funcionario público y por mediar violencia y amenazas en concurso real con el delito de aplicación de tormentos calificados por aplicarse contra perseguidos políticos, en reiteradas oportunidades". Stara utilizó la misma calificación para acusar a Rodríguez, a quien no le sumó el agravante de funcionario público.

En su petición final ante los jueces, el representante del Ministerio Público requirió que los imputados, de 83, 72 y 68 años, respectivamente, "cumplan la pena de prisión en una cárcel común" y, en ese sentido, solicitó su inmediata detención.

Stara fundó la petición en "la gravedad de los hechos imputados, la naturaleza de los delitos calificados como de lesa humanidad, las altísimas penas solicitadas en cada caso" y "el especial deber del Estado argentino de neutralizar toda posibilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación", dado que todo ello, explicó, "permite afirmar que los imputados intentarán eludir la acción de la justicia".

Tras realizar un recorrido por la prueba testimonial y documental recabada durante le proceso, Stara tuvo por acreditado que Casado fue secuestrado en la tarde del 25 de marzo de 1976, pocas horas después de que los militares del Batallón 121 asaltaran el poder en la Municipalidad de San Lorenzo. En ese contexto, Cervera fue nombrado interventor de la comuna y Maderna fue su secretario de Gobierno. Rodríguez, que en su carácter de abogado venía trabajando desde antes, se acopló al esquema implantado por la fuerza.

De hecho, Stara destacó en su alegato que Rodríguez dio un valioso aporte a los golpistas, dado que contaba con la información sobre los principales actores de la vida política de la comunidad. El 25 de marzo alrededor de las 16.30 Casado volvía de visitar la tumba de su padre desde el cementerio, junto a su madre y sus hermanas, y una comisión del Ejército lo secuestró en la vía pública. "También se encontraba el imputado Rodríguez, quien los señala", indicó el fiscal.

El representante del Ministerio Público resaltó en su alegato la búsqueda de justicia de la familia Casado y, al referirse al testimonio de la hermana del sindicalista, Justa del Carmen, dijo: "37 años después de ese señalamiento que terminara con el secuestro de la víctima de esta causa, su hermana, sin dudar, señala a Rodríguez como la persona que iba en dicho carro, pero no lo señala para que sea secuestado y torturado y sometido a condiciones de detención inhumanas, sino para que este tribunal, en este proceso de memoria, verdad y justicia, lo juzgue y condene por cometer durante la dictadura militar delitos de lesa humanidad".

La víctima declaró en este juicio y falleció el 13 de junio pasado. Las inspecciones oculares a los lugares donde estuvo secuestrado, previstas para el final del debate, fueron suspendidas y no pudieron realizarse, y su representante legal no pudo alegar.

De acuerdo con las pruebas reseñadas por Stara durante su alegato, tras el secuestro Casado fue llevado inmediatamente a la Municipalidad de San Lorenzo, donde fue golpeado por un cabo de apellido Pinto, en presencia de Rodríguez y Maderna. En ese contexto intentó pedirle ayuda al abogado, a quien naturalmente conocía y nombró por su apodo: "Pili, decile que yo no tengo nada que ver”. Pero Rodríguez le contesto: "Esta es la última tuya, Manuel".

El secuestro de Casado duró alrededor de diez días. Después del paso por la Municipalidad, fue llevado al Batallón 121 de Arsenales y, finalmente, a la jefatura de la Policía de San Lorenzo. En la unidad militar fue atado e interrogado con la aplicación de picana eléctrica. En ese lugar, relató la víctima, fue interrogado por los tres imputados. Al cabo de tres o cuatro días fue derivado a la dependencia policial, donde fue nuevamente sometido a preguntas que, invariablemente, intentaban dar con armas; al cabo de tres días fue finalmente liberado.

Cuando la víctima recuperó la libertad, la Municipalidad le comunicó que había quedado cesante en el cargo porque había faltado injustificadamente al trabajo.