18 de julio de 2024
18 de julio de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El rol del magistrado durante el terrorismo de Estado
Informe de la fiscalía sobre las imputaciones al juez Hooft por su actuación en la dictadura
El fiscal de Mar del Plata Pablo Larriera y la secretaria Romina Cavallo informaron que el suspendido juez correccional Pedro Hooft está imputado por homicidios, desapariciones, torturas y secuestros.

El fiscal general subrogante de Mar del Plata, Pablo Larriera, y la secretaria de la Unidad Fiscal que interviene en esa ciudad en casos de terrorismo de Estado, Romina Cavallo, señalaron que el juez imputado Pedro Cornelio Federico Hooft "impone a sus acusadores cargos criminales cuando es él quien debe responder por las imputaciones que se le formulan".

Hooft está imputado por su participación en 17 casos con víctimas de homicidios, desapariciones, torturas y privaciones ilegales de la libertad, entre los delitos más graves, perpetrados entre el 6 y el 13 de julio de 1977, en el marco del episodio conocido como "La Noche de las Corbatas".

Para la fiscalía, esos delitos "no hubiesen podido perpetrarse, o al menos no hubiesen contado con la garantía de impunidad posterior, sin el aporte esencial prestado por el juez Hooft, quien tramitando los hábeas corpus presentados en beneficio de las víctimas y las causas en las que debieron investigarse las privaciones ilegales de la libertad y los homicidios de algunas de ellas, proporcionó adecuada cobertura judicial a los autores de tales hechos, evitando a la vez que los sucesos fueran investigados en los estrados competentes".

Los representantes del Ministerio Público Fiscal salieron al cruce de un maniobra del juez Hooft, quien pretende llevar su defensa a ámbitos políticos y mediáticos como un modo de sortear por quinta vez la convocatoria a prestar declaración indagatoria por crímenes de lesa humanidad. Ello ocurre gracias a que, si bien está suspendido como juez correccional de Mar del Plata, todavía goza de los fueros que le otorga el cargo, que sólo perderá en caso de que el jury de enjuiciamiento decida su destitución. La protección de los fueros ha impedido el dictado de una orden de detención para que comparezca a declarar.

"La declaración indagatoria es el acto de defensa por antonomasia, pero Hooft se rehúsa a asistir, actitud que resulta cuanto menos paradójica, al tratarse de un juez que incumple reiteradamente las citaciones de otro juez", indicaron desde la fiscalía marplatense. Y, en ese sentido, una vez más explicaron que el magistrado imputado "ha pedido la nulidad de su citación a prestar declaración, recusó al juez ahora actuante y finalmente, luego de presentar una supuesta grabación subrepticia al fiscal de la causa que pidió su indagatoria, denunció penalmente el pasado 15 de abril a la totalidad de los fiscales, al juez y al abogado querellante César Sivo por asociación ilícita, un día antes del último llamado a indagatoria".

La "grabación subrepticia" a la que hacen alusión Larriera y Cavallo se ha constituido en el argumento mediático de Hooft para sostener que la causa penal en la que se encuentra imputado fue "armada". En esa grabación el ex fiscal de la causa, Claudio Kishimoto, supuestamente le cuenta a Federico Hooft, hijo del imputado, funcionario judicial federal y además su abogado defensor, que la causa era un "gran verso".

Sin embargo, el propio Kishimoto desmintió públicamente esa versión y explicó el contexto de esa grabación. Dijo que fue grabado sin saberlo en la puerta de su casa, donde Federico Hooft estaba apostado esperándolo y que allí lo amenazó: "No sé qué vamos a hacer con vos... no sé si no te vamos a llevar puesto".

Ante esa intimidación, contó Kishimoto que desplegó ante el hijo de Hooft una estrategia definida por el fiscal Jorge Auat para con los fiscales de todo el país cuando se sienten presionados, que consiste en respaldarse en la política criminal de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. "En la Procuración, cuando hay algo que nos está atorando o molestando, Auat siempre dice 'háganme responsable a mí', 'nosotros nos hacemos cargo': es para descomprimir nuestra situación, porque somos la cara visible. En función de eso yo me lo quise sacar de encima".

El juez Martín Bava citó a Hooft a indagatoria cuatro veces entre julio de 2012 y junio de este año, pero el imputado nunca concurrió amparado por sus fueros de magistrado. Antes de que ello ocurriera seis jueces federales de la jurisdicción se excusaron de intervenir en el expediente. El primer pedido de la fiscalía para que se lo cite en calidad de imputado es del 1° de noviembre de 2011.

La investigación de la actuación de Hooft como juez durante la dictadura fue impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos en 2006 y por los organismos, y luego requerida por la fiscalía. Recientemente se sumó a ese reclamo el Tribunal Oral Federal de La Plata, que juzgó en Mar del Plata los crímenes en la causa Base Naval II, y ordenó investigar el accionar del magistrado en crímenes del terrorismo de Estado, "lo cual -explicaron Larriera y Cavallo- confirma una vez más las firmes sospechas que fundan el llamado a declaración indagatoria que impulsa la fiscalía. Esta orden de investigar a Hooft se dictó luego de un juicio oral diferente llevado a cabo por jueces de la ciudad de La Plata, en forma completamente independiente de la causa que tramita en Mar del Plata".

Uno entre muchos

Hooft no es el único imputado en Mar del Plata por su actuación como magistrado durante la última dictadura, aunque sí es el único que hasta ahora está protegido por sus fueros. En julio pasado el juez federal Santiago Inchausti procesó a la ex jueza Ana María Teodori por considerarla "participe secundaria de los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas, que concurre materialmente con los delitos de imposición de tormentos agravada por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos respecto de 6 víctima".

El avance de los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad ha permitido avanzar en todo el país en la investigación de los funcionarios judiciales que pudieron haber evitado o mitigado desde su función los crímenes del terrorismo de Estado y que, sin embargo, lo apañaron.
En Mendoza hace dos años fue requerida la elevación a juicio la causa en la que será juzgada la actuación de los ex magistrados Otilio Romano, Rolando Evaristo Carrizo, Luis Francisco Miret, Guillermo Max Petra Recabarren y Gabriel Francisco Guzzo.

En tanto, en La Rioja está procesado y detenido con prisión domiciliaria el ex juez federal Roberto Catalán y en Salta la Cámara Federal ordenó la indagatoria del ex juez federal Ricardo Lona por su presunta participación en el homicidio de once personas durante la masacre de Las Palomitas.
Recientemente en La Plata también fue indagado el ex juez federal porteño Rafael Sarmiento por su participación en el secuestro de una persona que se presentó en su juzgado a consultar el trámite de su habeas corpus preventivo.

El 30 de mayo la Corte Suprema dejó firme la condena al ex juez santafesino Víctor Hermes Brusa, condenado a 21 años de prisión en 2009 por su participación en crímenes de lesa humanidad en su carácter de empleado judicial durante la dictadura.

La responsabilidad de Hooft

"La calidad y la cantidad de las infracciones cometidas por Hooft permite inferir a la fiscalía que no se trata de meros errores en la gestión judicial sino de tolerancia y/o colaboración con las prácticas del aparato represivo del Estado", precisaron Larriera y Cavallo.

Asimismo, explicaron que los miembros de la Fuerzas Armadas y de seguridad, pero principalmente las autoridades de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601, a cargo de la Subzona Militar 15, contaron con "una garantía de impunidad que les brindó Hooft".

Al momento en que se sucedieron los hechos conocidos como “la Noche de las Corbatas”, Hooft era el juez de turno en el departamento judicial de Mar del Plata y, en ese carácter, rechazó los hábeas corpus presentados en favor de Jorge Candeloro, Marta García de Candeloro, Norberto Centeno, Hugo Alais, Camilo Ricci, Tomás Fresneda, Mercedes Argañaraz de Fresneda, Carlos Bozzi y Salvador Arestín. Puntualmente en el caso de Candeloro y en el de Centeno el rechazo de hábeas corpus se produjo cuando aún estaba pendiente la respuesta de las autoridades de la Subzona militar N° 15 en relación con esas víctimas.

Por otro lado, en el caso de Centeno, Alais, el matrimonio Fresneda, Bozzi y Arestín, el juez Hooft tramitó además las causas en las que debieron investigarse sus privaciones ilegítimas de la libertad, pero en todos los casos se omitieron todas las medidas de instrucción que podrían haber resultado útiles para el esclarecimiento de los hechos. Tampoco Hooft declinó la competencia a favor del fuero federal y, transcurrido un mes y medio de los hechos, remitió las causas a la Subzona Militar N° 15 por entender que se relacionaban con casos de supuesto origen subversivo. Es decir que envió los expedientes para su investigación a la fuerza armada que había secuestrado y tenía bajo su órbita de poder a las víctimas, lo cual ya fue acreditado en dos juicios orales.

La investigación judicial reveló que a la fecha de la remisión de los expedientes a las autoridades militares los abogados estaban aún con vida sometidos a condiciones inhumanas de detención en el CCD denominado “La Cueva”. Todas esas causas desaparecieron sin que hasta hoy haya podido obtenerse información acerca de su destino.

A ello se agrega que, en relación puntual con la detención ilegal de Ricci, Hooft se comprometió a efectuar gestiones personales y el letrado fue liberado al día siguiente, lo cual demuestra sus aceitados contactos con las estructuras del Ejército que intervenían en la represión ilegal, precisaron los representantes del Ministerio Público Fiscal.