La Fiscalía General solicitó ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata la ampliación de las acusaciones en el juicio a un grupo de dieciocho militares, policías y civiles imputados por delitos de lesa humanidad consumados en perjuicio de 84 víctimas, que fueron privadas de su libertad y torturadas en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de Investigaciones de San Justo, Partido de La Matanza, durante la última dictadura militar. El juicio comenzó en agosto del año pasado.  Ahora, el MPF, representado por el fiscal general Alejandro Alagia y el auxiliar fiscal Agustín Vanella, solicitó que se amplíen las imputaciones por homicidios y ataques sexuales perpetrados a las víctimas.

En la última audiencia el MPF señaló ante el Tribunal que se introdujo prueba que demuestra que “la Brigada de San Justo no sólo fue centro de secuestro, tortura e interrogatorio, sino también de exterminio de prisioneros”. Además,  imputó a los acusados por agresiones sexuales que incluyeron “violaciones, por introducción de objetos en ano, vagina o pene, o tortura en la vagina y los senos contra prisioneras y prisioneros durante el período de cautiverio en la Brigada de San Justo”. En este sentido, la fiscalía señaló que “el criterio temporal de la participación de los acusados en los nuevos hechos de la acusación no cambia al del requerimiento fiscal de elevación de la causa a juicio”.

 “El criterio temporal de la participación de los acusados en los nuevos hechos de la acusación no cambia al del requerimiento fiscal de elevación de la causa a juicio”, aseveró la fiscalía.

Asimismo, para la fiscalía se acreditó que en dicho centro clandestino de detención se fusiló a jóvenes secundarios de la UES, hecho que no se había mencionado ni se conocía antes del debate.  Desde la óptica del MPF “el fusilamiento no sólo demuestra que en San Justo se mataba sino que los acusados de San Justo cuando secuestraban, torturaban y mantenían en cautiverios a la víctima conocían y aceptaban la eventualidad de su muerte en el contexto del cautiverio o cuando entregaban prisioneros a otros campos”.  El 14 de agosto tendrá lugar la próxima audiencia en la cual los imputados ofrecerán su defensa y el Tribunal resolverá la solicitud de ampliación.

Para el MPF, quedó acreditado que en la Brigada de San Justo se fusiló a jóvenes secundarios de la UES, hecho que no se había mencionado ni se conocía antes del debate.

Contexto histórico

El MPF detalló en el requerimiento de elevación a juicio el contexto del aparato represivo en el cual ocurrieron los crímenes de lesa humanidad que están siendo juzgados y recordó que en la provincia de Buenos Aires funcionaron 230 centros de detención. La mayoría de los CCD se encontraban localizados en el Gran Buenos Aires y en la ciudad de La Plata. De esta manera, los destacamentos de la policía de la provincia de Buenos Aires se instrumentaron como lugares de detención clandestinos a lo largo de toda la provincia. Esto abarcaba comisarias, subcomisarias, destacamentos, puestos y brigadas.

La Brigada de Investigaciones de San Justo pertenecía al denominado "circuito represivo Camps", que funcionaba dentro de la Subzona 11 y Zona I, que dependía del Primer Cuerpo del Ejército. Dicho centro clandestino se hallaba ubicado en la calle Salta n° 2450, contiguo a la Comisaría n° 1 de La Matanza. Según detalló la acusación, las víctimas se encontraban expuestas en pésimo estado, encapuchadas, con las manos atadas. Eran humilladas y sometidas a torturas bajo la aplicación de la picana eléctrica, submarino, golpes, simulacros de fusilamiento, agresiones sexuales, forzadas a escuchar el sufrimiento de otras víctimas que eran torturadas.

Se encuentran imputados por dichos crímenes el ex teniente primero Roberto Balmaceda; el ex jefe de la Policía Bonaerense Leopoldo Luis Baume; los ex guardias Rubén Alfredo Boan y Raúl Carballo; el ex capitán de Artillería Jorge Héctor Di Pasquale; el ex comisario general Miguel Osvaldo Etchecolatz, el ex jefe de la Brigada de Investigaciones 1 de Morón-San Justo Roberto Armando Félix; el ex jefe de contrainteligencia Ricardo Armando Fernández; el ex agente de la Policía de la provincia de Buenos Aires Ricardo Juan García; el ex segundo jefe del Grupo de Artillería Mecanizada 1 de Ciudadela Rodolfo Enrique Godoy; el ex capitán del Destacamento de Inteligencia 101 Emilio Alberto Herrero Anzorena y el ex jefe de la Brigada de Investigaciones de San Justo Alejandro Alberto Menichini.

Entre los imputados también se encuentran el ex segundo jefe de la Brigada de Investigaciones de San Justo,  Juan Carlos Ojeda;  el ex jefe de la Sección Reunión Interior del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata, Carlos María Romero Pavón; el ex ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Jaime Lamont Smart; el ex subsecretario de Gobierno Juan María Torino; y el ex médico de la Policía de la provincia de Buenos Aires,  Jorge Héctor Vidal.

Delitos sexuales en el terrorismo de Estado

El pedido de la fiscalía de ampliar por delitos sexuales trascendió tras conocerse un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) que señala que apenas el 12 % de las sentencias de dichos crímenes identifican los delitos sexuales de manera autónoma.  Según los datos de la procuraduría especializada, de las 915 personas que fueron condenadas, solamente 94 de ellas fueron señaladas como responsables de delitos de violencia sexual. Se juzgaron estos crímenes en 18 secciones judiciales, donde se investigaron los casos de 96 víctimas.