El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata impuso este mediodía penas de prisión perpetua para diez acusados y de 25 años de prisión para otros seis, en tanto que absolvió totalmente a un ex policía, en el final del juicio oral y público por los crímenes de lesa humanidad -así los calificó en el primer punto del veredicto- en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de Investigaciones de San Justo durante la última dictadura.

El veredicto, de 46 puntos, fue leído durante más de una hora por el presidente del TOCF 1 para este debate, Alejandro Esmoris, con la participación por medios remotos de todas las partes del proceso. La audiencia se realizó por la aplicación Zoom y el Poder Judicial de la Nación la hizo pública a través del canal de Youtube del Consejo de a Magistratura de la Nación y del Centro de Información Judicial. Afuera de los Tribunales Federales de La Plata, familiares de víctimas, víctimas y organizaciones de derechos humanos siguieron la lectura.

A dos años y cuatro meses de la primera audiencia, el debate -a cargo de Esmoris y de los también jueces subrogantes Pablo Vega y Nelson Jarazo- culminó con 16 condenados y un absuelto. En diciembre de 2019 había culminado el alegato del fiscal general Alejandro Alagia y del auxiliar fiscal Agustín Vanella, quienes habían solicitado condenas para todos los acusados.

Las penas de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua fueron impuestas al ex ministro de Gobierno bonaerense, Jaime Smart; a los ex capitanes del Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército en La Plata, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Carlos del Señor Hidalgo Garzón y Ricardo Armando Fernández; al ex jefe de la Sección Reunión Interior del mismo destacamento, Carlos María Romero Pavón; al ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz; al ex segundo jefe de la Brigada de Investigaciones de San Justo, Leopoldo Luis Baume; a los ex guardias de la brigada, Raúl Carballo y Héctor Horacio Carrera; y al médico policial de la Dirección de Investigaciones, Jorge Héctor Vidal.

En tanto, recibieron 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua el ex segundo jefe del Grupo de Artillería Mecanizada 1 de Ciudadela, Rodolfo Enrique Godoy; el ex teniente primero del Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército en La Plata, Roberto Balmaceda; el ex capitán de esa repartición de espionaje castrense, Jorge Héctor Di Pasquale; el ex jefe de la Brigada de Investigaciones de San Justo, Alejandro Alberto Menichini; y los ex guardias de la brigada, Rubén Alfredo Boan y Ricardo Juan García.

Fue absuelto -y se ordenó su inmediata libertad- el ex segundo jefe de la Brigada de San Justo, Roberto Armando Félix, quien siguió la lectura desde su domicilio, donde se encontraba detenido. Los fundamentos de la decisión se harán públicos el 8 de marzo próximo.

El tribunal dictó condenas por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos agravada, abuso deshonesto, secuestro coactivo y retención de una niña menor de diez años. El objeto del juicio fueron los crímenes que padecieron 84 personas.

Las diferencias en las penas de prisión perpetua y 25 años de prisión estuvieron dadas por el alcance de las agravantes en los tipos penales de imposición de tormentos, agravados por haber resultado la muerte de la persona torturada, y de secuestro coactivo, por haber resultado la muerte de la persona ofendida.

El tribunal, además, dictó absoluciones en diferentes casos para Smart, Godoy, Balmaceda, Di Pasquale, Romero Pavón, Herrero Anzorena, Fernández, Etchecolatz, Menichini, Baume, Boan, Carballo, Carrera y Vidal.

En el final del veredicto, el tribunal dispuso exhortar al Ministerio de Seguridad bonaerense "para que desafecte el edificio" donde funciona actualmente la Dirección Departamental de Investigaciones de La Matanza -sobre la calle Salta 2450, de San Justo-, lugar que fue sede del centro clandestino de detención. En el mismo sentido, ordenó comunicar la sentencia a la Dirección Nacional de Sitios de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para que se adopten las medidas necesarias con el objeto de preservar el lugar.

También ordenó remitir constancias del juicio al Colegio Público de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que evalúe el comportamiento de los abogados defensores Eduardo Sinforiano San Emeterio y Hernán Vidal.