22 de febrero de 2024
22 de febrero de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Por dar cobertura a cinco homicidios y un secuestro
Juzgarán desde este jueves en Tucumán al ex juez de la dictadura Manlio Martínez
En el debate oral se abordarán los hechos ocurridos en un procedimiento ilegal el 20 de mayo de 1976. El tribunal está integrado por un juez de la Capital Federal y dos de Córdoba. Intervienen los fiscales Pablo Camuña y Diego Velasco.

El Tribunal Oral en los Criminal Federal de Tucumán juzgará desde mañana al ex juez federal Manlio Torcuato Martínez por su intervención como magistrado en los homicidios de cinco militantes montoneros y en el secuestro del dueño de la casa donde se llevaron a cabo los asesinatos, un hombre que fue privado de la libertad tras presentarse espontáneamente en su juzgado seis días después de ocurrido el hecho.

El juicio oral y público comienza después de haber sido suspendido por decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal de habilitar el tratamiento de la recusación que hizo el imputado a la jueza María Alicia Noli. Finalmente la magistrada se excusó de la causa para evitar que se demore más el inicio del debate y el tribunal quedó conformado por el juez del Tribunal Oral Criminal de la Capital Federal, Hugo Norberto Cataldi, el integrante del TOF N°2 de Córdoba José Fabián Asis y el juez federal de San Francisco, Córdoba, Mario Eugenio Garzón.

Martínez llega al debate oral acusado como miembro de una asociación ilícita en los delitos de abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionario público y denegación y retardo de justicia en los homicidios calificados de María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses y Atilio Brandsen, quienes fueron ejecutados durante un allanamiento ilegal perpetrado el 20 de mayo de 1976 en una casa situada en Azcuénaga 1816/1820 de San Miguel de Tucumán. "Las cinco víctimas murieron como consecuencia de fusilamientos realizados por fuerzas de seguridad militares y policiales" (sic), sostuvo la Cámara Federal de Tucumán al confirmar el procesamiento del ex magistrado en agosto de 2013.

El tribunal de alzada remarcó en esa oportunidad que Martínez actuó “garantizando que los hechos ilícitos cometidos por los miembros de las fuerzas armadas que llegaron a su conocimiento en su carácter de juez penal, no fuesen investigados ni por él ni por ningún otro magistrado, de modo de proveer segura impunidad a sus autores”.

El acusado también llega a juicio por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, prevaricato y privación ilegítima de la libertad de Miguel Atilio Romano, propietario de la vivienda donde se había llevado a cabo la matanza, quien seis días después de los asesinatos se presentó espontáneamente en el juzgado entonces a cargo del ahora imputado.

El magistrado indagó a Romano sin la presencia de un defensor y luego dispuso su detención a disposición de la Policía provincial, que lo interrogó y confinó en centros clandestinos de detención con conocimiento del juez. Romano, que sufría una enfermedad mental severa, pasó más de un año detenido con prisión preventiva acusado de asociación ilícita, hasta que el propio juez Martínez le dictó el sobreseimiento el 25 de agosto de 1977.

La fiscalía puso de relieve que, de esa forma, el entonces juez Martínez decidió investigar a Romano pero no realizó diligencias para averiguar qué había sucedido con los cinco asesinatos del 20 de mayo de 1976.

Según fue acreditado durante la instrucción de la causa, personal policial uniformado y de civil atacó la casa donde estaban reunidos los cinco militantes. Allí también estaba la hija de María Alejandra Niklison y Gerardo Romero, María Alejandra Romero Niklison, de entonces un año y medio de edad, quien hoy integra la querella. Cuatro de las cinco víctimas fueron ejecutadas dentro de la casa, mientras que Fernando Saavedra fue perseguido y asesinado en inmediaciones de la Iglesia Monserrat.

En representación del Ministerio Público Fiscal intervendrán en el juicio el coordinador de la oficina tucumana de la Procuraduría de Crímenes contra Lesa Humanidad,  Pablo Camuña, y el fiscal ante el TOCF, Diego Velasco.

En dialogo con Fiscales, Camuña destacó la importancia de este proceso, y dijo que “como es breve, puede llegar a ser la primera sentencia por delitos de lesa humanidad contra un ex magistrado por su actuación como funcionario judicial y puede sentar un precedente”.

El debate se llevará a cabo todos los días jueves y viernes, excepto los feriados;  y concluirá el 21 de mayo, según estimó el tribunal, que prevé la declaración de 62 testigos.