Con la intervención de los fiscales federales Nicolás Czizik, Juan Pablo Curi y la fiscal ad-hoc María Eugenia Montero -de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los DDHH durante el terrorismo de Estado de Mar del Plata- comenzó ayer ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata –integrado por los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Alfredo Ruiz Paz- el juicio contra 43 miembros de las tres Fuerzas Armadas, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, por hechos cometidos en centros clandestinos de detención en la Subzona 15, en perjuicio de 272 víctimas.

En el juicio -cuyas audiencias están previstas, semana de por medio, los días miércoles, jueves, viernes, a partir de las 10 horas- se debatirán los hechos cometidos en el ámbito de la Subzona 15 y sus respectivas áreas, los centros clandestinos de detención que funcionaron en los predios de la Base Aérea, la Base Naval y la Escuela de Suboficiales de Infantería de la Marina (ESIM). Asimismo, se tratarán una serie de secuestros y desapariciones de víctimas respecto de las cuales se desconoce su paso por algún centro clandestino en particular pero que fueron privadas ilegítimamente de su libertad en esa jurisdicción y con intervención las fuerzas armadas y de seguridad que allí se desempeñaban.

La primera jornada del juicio inició con la lectura de las acusaciones, donde se consignaron los casos que están siendo juzgados ante la presencia de 12 de los imputados, mientras que los 31 restantes siguieron la apertura del debate por videoconferencia –en su mayoría desde la Cámara Federal de Casación Penal en Comodoro Py, otros en tribunales de Mendoza y Salta; y uno de ellos en la Unidad Penal de San Luis-.

Todos estos hechos fueron investigados en el marco de las causas “Cueva 2”, “Base 5” y “Subzona” y “Base Naval”, pero por disposición del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, se dispuso la acumulación de las mismas para realizar un único juicio, en el que se determinará la responsabilidad de diez miembros del Ejército, dos de la Fuerza Aérea, veinticinco de la Armada Argentina, cinco de la Prefectura Naval y un oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

A los 43 imputados –once de los cuales ya cuentan con condenas por delitos de lesa humanidad- se les endilga su participación en distintas privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y homicidios, mientras que a 29 de ellos, además, se les imputa haber conformado una asociación ilícita. Además, había otras seis personas imputadas, pero no comparecerán al debate ya que tres de ellas fallecieron, y las restantes fueron declaradas incapaces para intervenir en el proceso.

A los imputados se les endilgan distintos crímenes de lesa humanidad en perjuicio de 272 víctimas, 97 de las cuales participarán en un debate por primera vez. Entre los casos emblemáticos que se abordarán se cuentan los de los actores Gregorio Nachman y Antonio Luis Conti -secuestrados el 19 de junio de 1976 junto a otros compañeros de militancia- y la desaparición del conscripto Marcelo Reinaldo Hartung Flores, ocurrida el 17 de julio de 1978 cuando salía del cuartel Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 (GADA 601). También se tratará el caso de Cecilia Viñas, quien fuera detenida –embarazada- la noche del 13 de julio de 1977 junto a su esposo Hugo Reinaldo Penino en el departamento donde vivían en la Ciudad de Buenos Aires, para ser llevada a la Base Naval de Mar del Plata, desde donde meses después la trasladaron a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde tuvo a su hijo, que fue apropiado.

Estadísticas de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad elaboró un informe con las principales tendencias estadísticas que muestran los datos de este debate oral. Así, se evidencia que el 52% de las víctimas se encuentran desaparecidas; el 41% fue liberada tras su detención y el 7% fue asesinada.

Además, al analizar la cantidad de secuestros y asesinatos por año, se revela que el porcentaje mayor de secuestros se da en 1976 (51,4%) y 1977 (34,2%), mientras que la mayor cantidad de asesinatos corresponde a 1977 y 1978.

En base a la información de los lugares de detención de las víctimas que constan en los expedientes, concluyeron en que no pareciera haber una línea estandarizada de traslados. Los datos indican que el 43% de las víctimas del juicio fueron conducidas luego de ser secuestradas a la Base Naval. El resto de los valores es bastante residual en relación al total, aunque resulta llamativo que casi el 20% de las víctimas no presenta datos de haber pasado por ningún lugar de detención.

En relación al traslado a un segundo lugar de detención, los datos demuestran que 174 víctimas (64% del total) no presentan datos de haber sido trasladadas a un segundo lugar. Este dato evidencia que no existe una tendencia fuerte al circuito respecto de las detenciones de las víctimas del juicio. El único dato a destacar puede ser que el 15,5% de las víctimas cuyo cautiverio comenzó en la Base Naval de Mar del Plata (18 en total) fueron luego trasladadas al ESIM como segundo lugar de detención.