La acumulación de causas por crímenes de lesa humanidad en un solo tribunal oral y el pronóstico sobre el momento en que comenzarán los juicios que esperan en cola preocupa a los fiscales de La Plata, frente a la edad de los imputados y de las víctimas. Los miembros de la Unidad Fiscal que interiviene en juicios por crímenes del terrrorismo de Estado en esa jurisdicción Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Gerardo Fernández relevaron a Fiscales el estado de los expedientes que se encuentran a la espera de juicio o que próximamente ingresarán en esa instancia.

En la cola del actual proceso por los crímenes en La Cacha aguardan las causas del Pozo de Banfield, la del circuito represivo del noroeste bonaerense con núcleo en Junín y otras tres más pequeñas por operativos de la dictadura en casos puntuales. Pero están próximas a esa instancia otras siete causas, entre las que se destacan las que involucran los crímenes de la Armada y los centros clandestinos Pozo de Quilmes y Brigada de San Justo.

Todas ellas suman los casos que afectaron a más de 600 víctimas de la última dictadura cívico-militar que involucran, sumadas, a 99 imputados. Varios de ellos se repiten en diferentes expedientes.

La situación fue descripta por los representantes del Ministerio Público como "cuello de botella". Sólo el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de capital provincial juzga esos procesos en una de las zonas del país más castigadas por la dictadura por la cantidad de víctimas.

Mientras eso ocurre, el TOCF N°2 de La Plata, integrado por Jorge Michelli, Nelson Jarazo y Alejandro Smoris, rechaza -desde la reapertura de estos procesos- la competencia en causas de lesa humanidad por cuestiones de conexidad: cuando recibe un expediente de estas características resuelve que debe ser juzgado por el TOCF 1, dado que este último intervino en procesos anteriores relacionados al denominado "Circuito Camps", punto de contacto de todos los crímenes en la zona. Esto pasa en el contexto de un sistema de asignación de juicios en los tribunales orales basado en el número que les asignan a las causas en la instrucción: cuando se elevan, las impares se radican en el TOCF 1; las pares, en el 2.

Entre tanto, el Consejo de la Magistratura aún no designó a los jueces que deben ocupar el flamante TOCF N°3 de la jurisdicción, mientras la Procuración General ya puso en funciones en diciembre pasado al fiscal General interviniente ante ese órgano, Hernán Schapiro.

El panorama

El TOCF 1, presidido por su único juez titular, Carlos Rozanski, e integrado por los subrogantes Pablo Jantus y Pablo Vega, realiza actualmente el juicio por los crímenes en el centro clandestino La Cacha, que funcionó en un predio lindero a la cárcel de Olmos. Están en debate 21 imputados cuyas edades oscilan entre los 59 y los 86 años, y el objeto procesal comprende los casos de 129 víctimas. El debate arrancó el 18 de diciembre pasado y se realiza a razón de dos jornadas por semana.

La causa de La Cacha es una de las que menos puntos de contacto tiene con el Circuito Camps, dado que la administración de ese CCD dependió primordialmente del Comando del Cuerpo I del Ejército. El expediente cayó en el TOCF 2, que finalmente declinó la competencia en sus colegas del 1.

Entre tanto, va a cumplir dos años en espera de juicio la causa por el emblemático Pozo de Banfield, que en el primer tramo elevado comprende los casos de seis imputados de entre 66 y 87 años, a quienes se atribuye responsabilidad en los casos de 247 víctimas. "Pozo de Banfield" fue radicada en el TOCF 1 en noviembre de 2012 luego de la declaración de incompetencia del TOCF 2.

Este juicio "no comenzaría antes del año 2015", por lo que "puede llegar a sumarse, si se logra acumular a tiempo parte de la causa residual de Banfield, con aproximadamente 16 imputados y seis víctimas más", indicaron en octubre pasado los fiscales platenses a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, en un mensaje en el que ya describían la dramática situación de estos casos.

El 19 de abril pasado la Fiscalía fue notificada de la radicación en el TOCF 1 del juicio por el secuestro del poeta Daniel Favero y su compañera, María Paula Álvarez. El caso tiene tres represores acusados.

También, tiene radicación en el mismo tribunal la investigación que tiene imputado al ex policía de la Brigada de Lanús, Miguel Ángel Ferreyro, por su participación en hechos que afectaron a cuatro víctimas.

En idéntica situación está el proceso por la responsabilidad de los ex coroneles del Regimiento 7 de La Plata Lucio Carlos Ramírez y Orlando Miguel Duarte por los asesinatos de Dardo Cabo, Roberto Rufino Pirles, Ángel Giorgadis y Horacio Rapaport, y por la detención ilegal Julio César Urien.

Desde el 19 de febrero pasado también está radicada en el TOCF 1 el expediente que tiene siete imputados y treinta víctimas en el circuito represivo del noroeste bonaerense que integraron la Comisaría 1ª de Junín, la Unidad N°13 -en construcción- del Servicio Penitenciario Bonaerense, el “Destacamento Morse” –dependiente de la Comisaría juninense-, la Unidad Regional VIII de Policía de la Provincia, con asiento en Junín, y las comisarías de los distritos vecinos de Vedia, Rojas y Chacabuco.

Las que se vienen

A todas ellas se sumará en breve -ya se dictó el auto de elevación- la investigación por la responsabilidad de la Armada en la represión ilegal en La Plata, Berisso y Ensenada, que cuenta con diez acusados por los hechos que afectaron a 41 víctimas. "Los imputados en esta causa tienen edades que oscilan entre los 73 y los 89 años, circunstancia que agrega una preocupación adicional en cuanto a que, en el contexto señalado, y de continuar este estado de cosas, el juicio pueda finalmente llevarse adelante", advirtieron los fiscales en la comunicación a la Procuraduría.

En tanto, la Unidad Fiscal trabaja en la preparación del requerimiento de elevación a juicio por otros dos centros clandestinos emblemáticos del "Circuito Camps": el Pozo de Quilmes (18 imputados por 175 víctimas) y la Brigada de San Justo (24 imputados por 81 víctimas).

A ellas se sumará también una compleja causa que implica a seis policías federales en un raid delictivo del terrorismo de Estado desarrollado en pocas horas en La Plata, que culminó con seis víctimas. Y otra por cinco asesinatos y dos secuestros de la Concentración Nacional Universitaria antes y después del golpe de Estado de 1976, que tiene imputados a Carlos "el Indio" Castillo y Juan José "Pipi" Pomares.

En este contexto, el Juzgado Federal Nº3 se apresta a elevar a juicio el secuestro y las torturas al ex diputado provincial por el FREJULI, Mario Medina, al ex rector de la Univesidad del Sur, Víctor Benamo, y al ex director de Ceremonial bonaerense, Héctor Ballent, por la que están acusados el ex ministro Jaime Smart y los ex policías Miguel Etchecolatz y Norberto Cozzani.

Finalmente, otra de las causas que tendría cercanas posibilidades de llegar a juicio es la que tiene imputado al ex juez federal porteño Rafael Sarmiento, cuyo procesamiento -por el caso que afectó a una víctima- fue dictado por la Cámara Federal recientemente. El caso está ahora en la Cámara de Casación pero su especificidad -un imputado y un hecho- hace suponer que la resolución no va a demorarse.