Un año, un mes y un día después de comenzado el debate oral y público, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán dará a conocer hoy el veredicto en el juicio que  tiene acusados a 41 militares, miembros de fuerzas de seguridad y civiles -entre ellos, un sacerdote- por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 215 víctimas.

El debate comenzó el 12 de noviembre del año pasado. Antes y durante todo el debate la fiscalía actuó con tres fiscales, que se complementaron para llevar adelante un volumen de trabajo enorme:  “Si apiláramos toda la prueba documental reunida tendría la altura equivalente a un edifico de treinta pisos”, remarcaron en el alegato.

Pablo Camuña y Patricio Rovira, fiscales ad hoc desde 2010, actuaron junto al fiscal general Leopoldo Peralta Palma (foto). En esta entrevista realizan un balance del juicio y del modo en que la fiscalía encaró un proceso judicial histórico.

- ¿Qué particularidades tuvo realizar un juicio con más de 40 imputados?

Pablo Camuña: - Al margen de todo lo que tiene que ver con la logística y las difícultades del propio número, lo que implican los traslados, la sala de audiencias para los imputados, la atención de cada una de sus necesidades, me parece que lo más importante que pasó fue la detención de los 41 imputados en virtud del artículo 366 del Código Procesal. Eso permitió que estuvieran constantemente a disposición del tribunal, que no hubiera problemas de fuga ni de entorpecimiento de las investigaciones, y al mismo tiempo también permitió controlar su salud, porque aquellos que tenían la salud más delicada fueron inmediatamente trasladados al hospital penitenciario de Ezeiza. Esto permitió, en mi opinión, que vamos a tener una sentencia respecto de los 41 imputados con los que empezamos. Me parece que esto fue lo que consiguió esta posibilidad. Nos acordábamos de otros procesos que tuvimos acá, donde llegaron menos de la mitad de los imputados al final del juicio por diferentes razones, en general por cuestiones de salud. Nosotros pedimos la detención y el tribunal tuvo el buen tino de hacer lugar y de hacerlo en virtud del artículo 366, que permitió tener a todos a disposición para la realización del juicio.

Patricio Rovira: - La defensa también tuvo su trabajo porque la defensa pública tiene 36 imputados como pupilos procesales y hay un dato que es importante a los efectos de poder dimensionar de lo que estamos hablando acá: son 215 juicios que se hacen en forma simultánea contra 41 imputados. Es decir, el trabajo que la fiscalía asumió, concretamente la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, es importante. Y creo que la Procuraduría justamente vino a cumplir con creces ese desafío y poner al Ministerio Público Fiscal en el lugar de vanguardia, que es lo que este tipo de procesos necesita.

- ¿Y ustedes desde la fiscalía cómo se organizaron para llevarlo adelante? ¿Cómo procesaron los datos? ¿Cómo se alternaron entre ustedes tres?

PC: - Lo que funcionó en este proceso fue la actuación transversal de una unidad especializada. Lo que nos permitió eso fue seguir el proceso desde antes de las indagatorias hasta el fin del debate. Con lo cual, al llegar a juicio nosotros tenemos un procesamiento bastante avanzado de toda la información, lo que nos permite interactuar con cada uno de los fiscales de las distintas instancias que le aportan por supuesto sus conocimientos propios, las habilidades propias del litigio oral y esa estructura un conocimiento que se viene acumulando desde el principio del proceso. Salirse de la estructura espejada con el Poder Judicial en estos casos es fundamental para poder llevar adelante causas de esta magnitud, porque si no sería imposible. La trasversalidad del trabajo que venía realizando la unidad fiscal desde el principio del proceso yo creo que es lo que hace la diferencia con relación a las demás partes,

PR: - La Unidad aquí en Tucumán está desde el año 2008. La figura de los ad hoc, que fuimos designados, Pablo y yo, desde el 2010, tuvo la particularidad de que nos posibilitó entrar a jugar en todas las instancias: estamos hablando de la instrucción, de Cámara de Apelación y de Tribunal Oral. Eso nos permitió tener un conocimiento integral, completo y complejo de la causa, con el entrecruzamiento de todos los testimonios. Es un trabajo de hormiga que se viene haciendo desde hace bastante tiempo y que se ve a flor de piel en esta instancia del debate oral, pero es un trabajo de muchos años y que ahora está surtiendo sus frutos.

- ¿Cómo fue la relación y el trabajo con las víctimas?

PC: - Se colaboró muy de cerca con los equipos de acompañamiento que se formaron. Hubo dos equipos que estuvieron trabajando. Uno fue el Centro Ulloa, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y se consiguió también que se formara un equipo de acompañamiento a nivel local, lo cual es una muy buena noticia porque permite que las políticas públicas implementadas a nivel nacional se implementen también a nivel provincial con la sustentabilidad que implica esa bajada, que nos da una cercanía mucho mayor y una posibilidad mucho más cierta de que la política continúe más allá de la finalización de los juicios. Con los dos equipos de acompañamiento psicológico que se formaron, más el trabajo con el Programa Verdad y Justicia y el Programa de Protección de Testigos nacional, la verdad es que se articularon de la mejor manera posible todos los mecanismos que tiene el Estado para permitir que las víctimas llegaran a poder declarar en las mejores condiciones posibles. Los testimonios dirimentes son siempre los de los sobrevivientes y son los que requieren de este tipo de acompañamiento por parte del Estado.

PR: - - Son testigos, pero primero son víctimas. Hay una responsabilidad institucional de tratarlos y de darles la cabida y la atención y contención que se merecen. Hay mucha gente que tenía miedo de venir a declarar por todo lo que esto implica. Pero se tuvo que hacer un trabajo fino con el equipo de psicólogos y todo lo demás, explicándoles todas las garantías procesales y la importancia de este momento, y vinieron. La  contención es fundamental. Estamos hablando de terribles violaciones a los derechos humanos, que el Estado durante muchos años contribuyó a la impunidad y al ninguneo y hasta la misma discriminación de estas personas. Entonces, nosotros estamos tratando de poner las cosas no en su lugar, porque la ley penal no es restitutiva: las cosas no vuelven al momento anterior de los hechos, porque las pérdidas son irreparables e irremplazables. Pero que no sea el mismo Estado que hizo desaparecer a las personas que siga contribuyendo a la impunidad.

- Cuando ustedes se trasladaron al interior de la provincia con el tribunal, ¿qué tipo de reacciones hubo de las víctimas como de los allegados o de los vecinos cuando vieron la acción que estaban llevando adelante?

PC: - Tuvieron un impacto todas las inspecciones, un impacto muy fuerte. En Arsenales había entre 200 y 300 personas en la inspección porque era abierta al público. Al margen de tratarse de una medida judicial, esto fue mucho más allá del proceso y de la sala de audiencias. Fue algo muy fuerte para todos los que estuvimos ahí, más allá de que además fue una pieza de convicción a la hora de valorar los alegatos. Al margen de ese valor propiamente jurídico, evidentemente tuvo un valor social muy fuerte la visión de las fosas.  Yo creo que fue una de las cosas más fuertes que nos pasó acá, dentro de los trámites judiciales. Y creo que al tribunal entiendo que le impactó profundamente haberlo visto. Y en las poblaciones del sur de la provincia se produjeron declaraciones espontáneas de gente que llegaba y describía los lugares. Una movilización social bastante peculiar, que de alguna manera contribuye a seguir rompiendo los miedos que todavía están latentes sobre todo en estas pequeñas comunidades del interior. La presencia de todas las partes de un proceso oral: jueces, fiscales, abogados animaron también a la gente a acercarse y contar su experiencia.

- Más allá de lo que ocurrió dentro de las diligencias judiciales y de la visualización que tuvo el juicio a partir de estas medidas que se llevaron a cabo en lugares públicos, ¿Cómo repercutió el proceso en la sociedad tucumana?

PC: - En esto tuvo que ver mucho la apertura que hubo para permitir la cobertura de prensa, que fue una buena decisión del tribunal. Creo que esa cobertura permitió amplificar a la comunidad todo lo que pasaba en la sala de audiencias, que era verdaderamente importante socialmente, digamos. Lo que pasó es que se reeditaron debates que son históricos acá, en Tucumán, y creo que la sentencia, al margen de haber permitido que estos debates se vayan dando, la sentencia va a marcar también una verdad con valor jurídico hacia adelante, para tener otro punto de partida para discutir algunas cosas que todavía aquí están latentes. Siendo Tucumán un lugar tan chico de alguna manera todos los que vivimos acá estamos relacionados o con víctimas o con victimarios. Es algo bastante particular.

PR: - Me parece que es muy corto plazo para poder hacer ese análisis. Me parece que así como pasaron 35 - 37 años para poder llegar a este momento que es histórico, me parece que la valoración se va a hacer con el tiempo y con las generaciones que siguen y que van a venir.

- ¿Hasta dónde se extendió el daño de los crímenes de lesa humanidad que se juzgaron en este juicio?

PC: - En realidad, son delitos que tienen una lesividad profunda. Como decíamos en el alegato, atacan muchos bienes jurídicos al mismo tiempo. La perito que testificó acá sobre las consecuencias a nivel de salud mental de estos delitos, nos decía que provocan un daño que pasa a través de las generaciones, que se va permeando. Eso un poco lo vimos en las audiencias con la presencia de los hijos de los desaparecidos, que manifestaron también la manera en que a ellos les afectaban. Hechos en los que por ahí fueron testigos a los dos o tres años de vida. Cómo el daño de esa situación se mantenía en el presente. Además, el delito de desaparición forzada de personas se sigue cometiendo y tiene esa particularidad. En los casos de mujeres embarazadas seguimos teniendo la duda de si esas mujeres tuvieron a sus hijos en cautiverio y si esos chicos están con su identidad cambiada hoy en la misma sociedad. Entonces, ese daño todavía sigue. Y si bien como señaló la perito Fabiana Russeau, del Centro Ulloa, el daño no es reversible, es decir, nadie vuelve a ser el mismo después de haber pasado por esto, sí la sentencia de un tribunal, con el valor simbólico que tiene, por lo menos ayuda a detener la producción de ese daño o la amplicación de ese daño. Es lo mínimo que queremos en este aspecto, que la sentencia detenga el daño que se sigue produciendo hasta el día de hoy.

PR: - Es muy enriquecedor un debate oral, por la experiencia y el acercamiento con la reconstrucción histórica que esto significa, porque obviamente escuchamos más de 400 testimonios vivos, reales, crudos, de lo que implicó la desaparición de las personas y el daño exponencial que esto generó en el seno de la familia. Familias destruidas, personas que se abocaron a la búsqueda de sus seres queridos, de sus familiares desaparecidos, hijos que quedaron sin el padre o la madre desaparecidos y sin la figura sostenedora porque hizo estragos esa desaparición, madres ausentes por intentar buscar a sus hijos. Una mujer dijo acá: "Busqué a mi marido entre los vivos. No lo pude encontrar y fui y lo busqué entre los muertos". Y contó una escena dantesca que fue al cementerio norte, a la morgue, que estaba repleta de cuerpos sin nombre, sin documentos, asentados de un modo ilegal, una escena bastante... un cuadro bastante cercano de lo que fue esa década siniestra. Personalmente y creo que varios tomamos contacto con el lado más oscuro de la humanidad y de que lamentablemente la perversidad humana no tiene ningún tipo de límite y quedó eso reflejado.

Fotos: Agencia Télam y Fiscales.gob.ar