18 de septiembre de 2020
18 de septiembre de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Presentación de la Unidad de Derechos Humanos de Mendoza
Recurren el rechazo a la detención de cinco acusados tras el fallo de Casación por el “juicio a los jueces”
Para el MPF, el TOF 1 de esa provincia omitió considerar “el incremento del riesgo procesal” de cinco imputados producido luego de la sentencia del Máximo Tribunal penal, que revocó absoluciones y ordenó un nuevo pronunciamiento. Los fiscales habían pedido esa medida después de conocida la resolución.

La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Mendoza interpuso un recurso de casación contra la decisión del Tribunal Oral Federal N°1 de esa jurisdicción que no hizo lugar a la detención requerida respecto de cinco acusados por delitos de lesa humanidad, como medida previa al nuevo pronunciamiento ordenado por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal en el caso del "juicio a los jueces". Al rechazar las detenciones, los magistrados de la etapa de juicio habían ordenado una serie de medidas menores para su “sometimiento al proceso”.

El fiscal general Dante Vega y el auxiliar fiscal de esa oficina Daniel Rodríguez Infante pidieron ahora que se le dé intervención al Máximo Tribunal penal, puesto que el Tribunal sólo dispuso que los imputados Antonio Indalecio Garro, José Antonio Lorenzo, Héctor Rubén Camargo, Juan Carlos Ponce y Oscar Alberto Bianchi se presenten en esa sede cuando sean convocados o informar cambios de domicilio, entre otras disposiciones.

Aumento del riesgo procesal

Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, la resolución del TOF 1 omitió considerar “el incremento del riesgo procesal invocado al momento de solicitar las detenciones de los nombrados y, en su lugar, ha expuesto argumentos aparentes, que son inconducentes para examinar la pertinencia o impertinencia de la medida de coerción solicitada”. Vega y Rodríguez Infante habían solicitado la detención luego de que Casación revocara la absolución de Garro y Lorenzo por asociación ilícita y que ordenara al tribunal que se expida sobre violación agravada y abuso deshonesto -por los que en juicio se habían pedido diez años de prisión-; de Camargo y Ponce por encubrimiento y asociación ilícita -por los que el MPF solicitó seis y siete años- y Bianchi, cuya sentencia fue anulada en lo referido al monto de la pena, para quien los fiscales habían requerido 15 años de prisión por privación abusiva de libertad, tormentos -agravados en ambos casos- y asociación ilícita, pero el Tribunal lo condenó sólo a seis.

En ese sentido, expresaron que la decisión de Casación “impactaba directamente sobre la ponderación del riesgo procesal que, por tal motivo, correspondía reevaluar con miras a asegurar el nuevo pronunciamiento” que deberá adoptar el Tribunal oral. Asimismo, agregaron que no puede soslayarse que luego del fallo del tribunal revisor cada uno de los acusados “enfrentaba con un mayor grado de probabilidad la imposición de penas de prisión efectiva”. A la nueva expectativa de pena agregaron que “se suman los demás elementos que denotan un claro riesgo procesal y que ya habían sido verificados durante este proceso”: por ejemplo, que llegaron al juicio detenidos, no sólo por la “gravedad y seriedad de las imputaciones que enfrentaban, sino además a la constatación de los demás elementos que la jurisprudencia considera relevantes en el análisis de toda medida de coerción, en particular su inserción en las estructuras represivas del poder estatal, las características de los delitos que perpetraron (calificados todos como crímenes contra la humanidad), entre otros”.

Finalmente, reseñaron jurisprudencia de interés para el caso de la que concluyeron que “surge con claridad que el compromiso internacional asumido por el Estado para la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos genera en los Jueces un especial deber de cuidado a la hora de evaluar la concesión o rechazo de medidas procesales que puedan poner en riesgo la posibilidad cierta de realización de la pretensión penal y el esclarecimiento de la verdad”.