El fiscal general Francisco Maldonado requirió al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan que ordene la inmediata detención del condenado Gustavo Ramón Demarchi, quien de acuerdo a una fotografía difundidas públicamente participó de la soberbia fiesta de 50 años de casado que celebró el 3 de febrero pasado en prisión domiciliaria el también condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad Jorge Antonio Olivera, con quien además de compartir graves condenas se fugó del Hospital Militar en 2013. En su escrito, Maldonado refirió que De Marchi se encontraba en libertad al momento de la fiesta porque el tribunal oral había dictado la suspensión de la ejecución de dos condenas por razones de salud, pero esa orden había sido anulada por la Sala III de la Cámara Federal de Casación el 6 de julio del año pasado.

"Se advierte que han transcurrido siete meses desde que la Sala III de la Cámara Federal de Casación (CFCP) anuló la resolución citada y ordenó el reenvío de las actuaciones. Por tal motivo, solicito al Tribunal que -imprimiendo la celeridad que amerita el caso- se dé cumplimiento a lo ordenado por la CFCP, ordenándose la inmediata detención del condenado Gustavo Ramón De Marchi", indicó el fiscal en su presentación, fechada el 7 de febrero pasado. Como se trata de un pedido de detención, la fiscalía prefirió no hacerlo público en aquella fecha, en atención a los riesgos procesales que eso podría conllevar. Esa postura cambió cuando el propio tribunal corrió traslado a la defensa de De Marchi del pedido de detención del MPF.

En tanto, el TOF de San Juan hizo lugar hoy al pedido formulado por el fiscal general de Mendoza y titular de la Unidad Fiscal que interviene en los procesos por violaciones a los derechos humanos en la jurisdicción, Dante Vega, quien había requerido la realización de un nuevo examen físico a De Marchi en la conocida como Megacausa III, en la que fue apartado -es decir, no llegó a ser juzgado-, "en razón de su condición psiquiátrica, neurológica y psicológica". En el pedido, el fiscal solicitó que, además de la reevaluación a los efectos del artículo 77 del Código Procesal Penal de la Nación -que prevé la posibilidad de suspender el proceso por razones de salud-, "se requiera a los peritos intervinientes que evalúen específicamente la posibilidad de que haya existido una simulación de afecciones por parte del nombrado".

En su presentación, Vega citó una noticia publicada por Tiempo, de San Juan, que contiene la fotografía de De Marchi y de su esposa conversando en una mesa durante las bodas de oro de su excamarada del Ejército. "Solicitamos se remita -oportunamente- a los galenos intervinientes la foto en cuestión y se les informe de las características de la celebración llevada a cabo en el domicilio de Jorge Antonio Olivera (número importante de invitados, música en vivo, luces, etc.)", indicó el fiscal, que adelantó que convocará para que lo asistan en en el peritaje a los y las profesionales de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del MPF.

"Resulta evidente que la presencia del nombrado en la celebración llevada a cabo en la casa de Jorge Antonio Olivera torna ineludible la necesidad de realizar un nuevo examen médico a los efectos de determinar si las condiciones médicas oportunamente constatadas se mantienen, particularmente teniendo en cuenta que en la imagen publicada por el diario Tiempo de San Juan se lo observa en condiciones que -prima facie- parecieran no condecirse con aquellas que mostraba al momento de realizarse la pericia [que derivó en la suspensión de los procesos en su contra]", valoró Vega.

Por otro lado, el fiscal Vega formuló una presentación con nuevas medidas en torno a la situación de Olivera, condenado a penas de prisión perpetua en tres procesos, y en tal sentido le requirió al TOF de San Juan que:

• Al ordenarle la restricción de "abstenerse de realizar eventos sociales que supongan la concurrencia de un número considerable personas ajenas al entorno familiar, la contratación de servicios de música, mobiliario, catering, o cualquier otra actividad que, en definitiva, desnaturalice el alcance y sentido de la pena impuesta, y ponga en crisis la motivación estrictamente humanitaria que justifica dicho régimen de excepción, se comunique expresa y personalmente, tanto al encartado como a la persona responsable de la referida medida cautelar, que el incumplimiento de tales restricciones implicará la revocación del beneficio del que actualmente goza".
• Se le imponga al condenado, además, la "prohibición de que ingrese a su domicilio cualquier persona imputada, procesada, o condenada por crímenes contra la humanidad".
• Ordene la "realización de controles sorpresivos y periódicos semanales, en diferentes horarios, diurnos y nocturnos, debiendo informarse cualquier situación que suponga la violación a las restricciones antes referidas", como también "la realización de rondines policiales con la frecuencia que el Tribunal estimare pertinentes".

El Tribunal corrió traslado a la defensa de las restricciones requeridas por el MPF en torno a la situación de Olivera, por lo cual aún no ha resuelto sobre la cuestión.