Ante el Tribunal Oral Federal N°1 de Mendoza comenzó ayer el alegato del Ministerio Público Fiscal en el juicio contra seis integrantes de la policía y el Ejército acusados de haber cometido privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios durante la última dictadura en San Rafael. Es el debate oral que se realiza por crímenes de lesa humanidad en la ciudad, con tres causas unificadas que tuvieron como víctimas a 23 personas. Entre los imputados está Mario Guillermo Ocampo, quien estuvo prófugo entre 2012 y 2019. En el debate, el MPF está representado por el fiscal general Dante Vega y el fiscal ad hoc Pablo Garciarena. 

Ocampo fue el segundo jefe de la Compañía de Montaña VIII y luego jefe de la Segunda Sección del Destacamento 201 de Inteligencia de Campo de Mayo, rol por el que es juzgado en la causa Contraofensiva II. El debate también abarca los operativos masivos de detención llevados adelante por militares y policías entre febrero y marzo de 1976 en los barrios populares de San Rafael, donde fueron secuestradas muchas de las víctimas que pertenecían a la Juventud Peronista. La lista de imputados se completa con el ex teniente coronel del Ejército Aníbal Alberto Guevara; el jefe de la sección Inteligencia del Ejército en San Rafael, Luis Ricardo Rizo Avellaneda, y los ex miembros de la Policía de Mendoza Oscar Raúl Pérez, Norberto Ernesto Mercado y Luis Di Filippo.

De los seis imputados, todos salvo Di Filippo y Ocampo ya han sido sometidos a juicio en procesos anteriores en relación a otros hechos en los que se determinó su responsabilidad penal y el rol que ocuparon en el aparato represivo. Garciarena remarcó al comienzo de su alegato que en este proceso se encuentran acusados un Mayor del Ejército que estuvo a cargo de la inteligencia Militar, un Teniente Primero y otro Jefe de Sección, por lo que resultaba impensado sostener que no posean o desconozcan el paradero de las personas desaparecidas bajo su órbita. En ese sentido, consideró una obligación del Ministerio Público Fiscal exhortarlos para que indiquen si tienen información que permita el hallazgo de los restos de las personas desaparecidas al sur de la provincia. 

Cabe resaltar que está estipulado que el alegato de la fiscalía se extienda durante tres audiencias. En esta primera jornada, Garciarena realizó un repaso de consideraciones generales históricas para poner en contexto los hechos por los que los seis imputados fueron llevados a juicio, como también para dar cuenta del plan sistemático y clandestino de desaparición de personas instaurado en la provincia durante la última dictadura cívico militar. También remarcó que si bien en San Rafael las víctimas fueron en su gran mayoría jóvenes provenientes de barrios populares con compromiso social, la gran mayoría de ellos lo hicieron con militancia territorial, volcada al trabajo en sus mismos barrios. 

El representante del Ministerio Público Fiscal también marcó cuatro fases del desarrollo del terrorismo de Estado en Mendoza. En ese orden cronológico, ubicó una primera compuesta por detenciones a civiles puestos a disposición de la justicia militar en el llamado Plan Conintes; una segunda que se lleva a cabo durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse; una tercera que abarcó el período democrático entre 1973 y 1976, que tuvo como epicentro el Gran Mendoza y San Rafael con el accionar de dos organizaciones criminales parapoliciales, y una última a partir del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Garciarena puso énfasis en estas dos últimas etapas, en las que ubicó lo que denominó un “terrorismo de calle”, donde se llevaron a cabo secuestros y detenciones de mujeres en situación de prostitución o de hombres tildados de delincuentes comunes vinculados al proxenetismo y el comercio de drogas.

Este accionar dio paso a una segunda instancia que llamó “terrorismo ideológico”, cuando comenzó la ejecución de los secuestrados por su actividad política o gremial, a través del Comando Anticomunista Mendoza y el D2 y con la aparición de los primeros Centros Clandestinos de Detención, que llegaron a ser más de veinte diseminados en toda la provincia, de acuerdo a los informes presentados por la Casa de la Memoria. Esta etapa dio inicio al último escalón de la represión a partir del terrorismo estatal, ejecutado por la Policía de Mendoza y el Ejército. 

Dentro de este accionar, de acuerdo a Garciarena, con los detenidos en San Rafael se desarrolló una modalidad de “libertad ficticia”. Una vez llevada a cabo la detención en el CCD de los Tribunales sanrafaelinos, se confeccionaba un acta de libertad apócrifa que se hacía firmar al mismo detenido, que luego era guardada en los libros de novedades de las diferentes reparticiones. El accionar represivo incluía desaparecidos, condenados por el Consejo de Guerra Especial Estable, condenados por el Consejo de Guerra y la justicia federal, detenidos sin condena, pero puestos a disposición del Poder Ejecutivo, y detenidos sin condena alguna.

Sobre el final de esta primera parte del alegato, el auxiliar fiscal también repasó cómo, luego del Golpe de Estado, muchas de las comisarías de San Rafael cumplieron función de CCD y operaron como lugar alternativo de detención. Asimismo, personal policial de casi todas las comisarías del sur mendocino participó en los procedimientos de secuestro de víctimas, ya fuera solos, en conjunto con miembros del D2 o con integrantes de las Fuerzas Armadas. No sólo fijaban un perímetro para que actuase el grupo de tareas en el domicilio a allanar de manera ilegal, sino que también ingresaban por la fuerza a esas viviendas particulares, siendo parte activa de los procedimientos, en los que también se denunciaron robos y violencia contra los moradores de los domicilios.