05 de febrero de 2023
05 de febrero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Alegato del fiscal ad hoc Pablo Garciarena
San Rafael: solicitan penas de prisión perpetua y de hasta 15 años de prisión para seis expolicías y exmilitares por privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios
El representante del Ministerio Público Fiscal consideró probada la participación de los acusados en crímenes de lesa humanidad en la ciudad, en el marco del juicio que aborda tres causas unificadas con un total de 23 víctimas.

En la última jornada de su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Mendoza, el fiscal ad hoc Pablo Garciarena solicitó esta mañana la imposición de penas de prisión perpetua y de hasta quince años de prisión para seis integrantes de la Policía provincial y del Ejército por privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios, en el marco del cuarto debate oral que se realiza por crímenes de lesa humanidad en San Rafael, en este caso con la unificación de tres causas que abordaron los crímenes en perjuicio de 23 personas. Entre los imputados está Mario Guillermo Ocampo, quien estuvo prófugo entre 2012 y 2019

El representante del Ministerio Público Fiscal pidió que se impongan penas de prisión perpetua al exjefe del Departamento de Informaciones (D2) de la Policía de Mendoza, Oscar Raúl Pérez, al exsubjefe de la División Cuerpos y exjefe de Motorizada y Vigilancia, Norberto Ernesto Mercado, y también para Ocampo, quien fue el segundo jefe de la Compañía de Montaña VIII y luego jefe de la Segunda Sección del Destacamento 201 de Inteligencia de Campo de Mayo. Mercado fue acusado de ser autor mediato de homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos más personas por cuatro hechos, privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes por diez hechos, privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas en ocho hechos, y tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima en dieciocho hechos. 

Oscar Pérez fue señalado por la fiscalía como autor mediato de homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas en un hecho, privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas en un hecho y tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima en un hecho. Para Ocampo, por su parte, el pedido de la pena máxima estuvo fundado en que se lo consideró autor de homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas en un hecho y privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas en un hecho.

En tanto, para el exmiembro de la policía provincial Luis Di Filippo, el pedido de penas de la fiscalía ascendió a quince años de prisión, pues el MPF lo consideró autor mediato de cinco hechos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes, cinco hechos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas, diez hechos de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima y como integrante de asociación ilícita. Para el  exjefe de la sección Inteligencia del Ejército en San Rafael, Luis Ricardo Rizo Avellaneda, el pedido de penas fue de ocho años de prisión, por su carácter de autor de tres hechos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas, y misma cantidad de hechos por tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima. En el caso de Aníbal Alberto Guevara, ex teniente coronel del Ejército, la fiscalía pidió una pena de seis años de prisión. Lo acusó por privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas, y tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima. 

El juicio, que dio inicio el 21 de abril de 2021, es el cuarto que se desarrolla por crímenes de lesa humanidad cometidos en San Rafael.

Al momento de solicitar las penas, Garciarena remarcó que Di Filippo era oficial ayudante del D2 y ostentaba el mismo rango que el jefe de Departamento, y que se encontraba acreditado su alto compromiso y participación activa, no solo en las tareas de inteligencia propias del D2, sino también en distintos operativos conjuntos, incluso en la puesta en funcionamiento de la sala de torturas e interrogatorio que funcionaba en una sede de Bomberos. El representante del MPF añadió que Guevara, por su parte, revestía como teniente del Ejército al momento de los hechos y que se encuentra acreditada su presencia en la planificación, ejecución y conducción del accionar represivo en el sur provincial. Finalmente, puso de relieve que Rizo Avellaneda era mayor de esa misma fuerza y que fue jefe de la Sección de Inteligencia 144.

Garciarena también consideró “contundente” a la prueba en relación al rol asumido por Mercado dentro del sistema represivo y sostuvo que “su compromiso con este plan criminal resulta evidente y pudo verificarse que estuvo totalmente consustanciado con tales objetivos, por lo que le cabe responsabilidad penal por los hechos atribuidos". En ese sentido, el representante del MPF sostuvo que la función del acusado dentro de la policía, con tropa a cargo y al mando de una división, “le permitió tener el dominio de organización sobre lo que ocurría en las instalaciones a su cargo, en tanto que las actividades de sus subordinados estaban sujetas a su vigilancia y control”. 

De acuerdo a la acusación, Mercado “tuvo pleno conocimiento y absoluta certeza respecto a lo que significaba estar detenido en un centro clandestino, de las condiciones inhumanas en que eran mantenidas las víctimas y de los tormentos que ocurrían habitualmente sobre dichos detenidos. Era el subjefe de la División Cuerpos y jefe de Motorizada y Vigilancia, todo funcionando en el mismo predio; vio lo que allí ocurría, tomó conocimiento directo de todas las personas que allí se encontraban y avaló y consintió con su comportamiento todos los delitos que allí se cometían”.

El representante del Ministerio Público Fiscal también calificó como probada la participación de Pérez en su condición de jefe del D2 al momento de los hechos por los que fue acusado. Por último, en el caso de Di Filippo, destacó que en su carácter de mando medio dentro de la estructura jerárquica del D2 intervino y realizó aportes sustanciales a través de la parte de la organización que tenía bajo su órbita, para la identificación y posterior detención de las víctimas de los hechos por los que fue acusado.