La fiscal federal a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), María Ángeles Ramos, solicitó ayer al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que imponga penas de 20 y 25 años de prisión y de prisión perpetua para tres exoficiales del Ejército acusados por crímenes de lesa humanidad perpetrados en el centro clandestino de detención que funcionó en la comisaría de Ramos Mejía, bajo la órbita del Grupo Artillería Mecanizada 1 de Ciudadela durante la última dictadura y que declare que los hechos por los que llegaron a juicio son crímenes de lesa humanidad.

Al cabo de su segunda jornada de exposición, que había comenzado el lunes 19 de septiembre, la representante del MPF solicitó la pena máxima para Roberto Obdulio Godoy, en tanto que requirió 25 años de prisión para Francisco Rodolfo Novotny y 20 años de prisión para Rodolfo Enrique Godoy, tras acusar a los tres como coautores de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometido por funcionario público y mediar violencia y amenazas en concurso ideal con aplicación de tormentos agravados por haber sido cometidos por funcionario público. La pena indivisible solicitada para Roberto Obdulio Godoy se explica en que también lo acusó del delito de homicidio doblemente agravado –por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas- en perjuicio de Gabriel Ernesto Rodríguez, en calidad de coautor mediato.

En el petitorio final, la fiscal requirió que a Rodolfo Enrique Godoy le unifiquen la pena solicitada en este juicio con una anterior en 25 años de prisión y que a Roberto Obdulio Godoy se la unifiquen con otra anterior en prisión perpetua.

La fiscalía a acusó a Roberto Obdulio Godoy y a Novotny por nueve hechos de privación ilegal de la libertad y siete casos de aplicación de tormentos, mientras que a Rodolfo Enrique Godoy  lo acusó por los mismos delitos en seis y cinco hechos, respectivamente. Esos casos de privación ilegal de la libertad y tormentos por los que acusó la fiscalía damnificaron a Pablo Bernardo Szir, María Cristina Ferrario, Alcira Patricia Camusso, Héctor Aníbal Ratto, Maria Víctoria Joloidvosky, Marcelo Olalla de Labrá, Daniel Olalla de Labrá, Osvaldo Scarfia y Alfredo Luis Chaves.

Tras la finalización del alegato, el juez Ricardo Ángel Basílico y las juezas Gabriela López Iñiquez y Adriana Palliotti -Néstor Guillermo Costabel interviene como juez suplente- establecieron un cuarto intermedio hasta la próxima audiencia del lunes 17 de octubre.

“El Grupo de Artillería 1 y el personal militar superior que allí se desempeñó, desplegaron una importante actividad criminal en el golpe de Estado y en las privaciones ilegítimas de la libertad, las torturas y desapariciones que se sucedieron de manera sistemática”.

El alegato

La fiscal Ramos sostuvo que “el Grupo de Artillería 1 y el personal militar superior que allí se desempeñó, desplegaron una importante actividad criminal en el golpe de Estado y en las privaciones ilegítimas de la libertad, las torturas y desapariciones que se sucedieron de manera sistemática”.

Además, señaló que tanto el centro clandestino de detención de la comisaría de Ramos Mejía como denominado Sheraton “funcionaron durante la dictadura bajo la dependencia de la misma unidad militar (Grupo de Artillería 1)”.  En este mismo sentido, la fiscalía sostuvo que “varias víctimas de este juicio han permanecido secuestradas antes o después de Ramos Mejía o Vesubio en el centro clandestino de detención Sheraton". La fiscalía destacó "la abundante prueba testimonial y documental" que vincula a la comisaría bajo la dependencia operacional del cuartel de Ciudadela.

"Fueron las autoridades del Grupo de Artillería Mecanizada 1 de Ciudadela quienes afectaron la estructura de la comisaría a efectos de llevar a cabo los crímenes que hoy juzgamos, porque utilizó parte de las instalaciones de la comisaría como centro clandestino de detención, donde fueron mantenidas en cautiverio las víctimas”, describió la fiscal.

Tras el repaso de prueba documental, la fiscal entendió probado el rol de los acusados “en la 'llamada lucha antisubversiva', como mostramos a través de sus legajos, o de sus destinos, o de los libros históricos por lo que en ese marco se han acreditado sus intervenciones personales".

En este mismo sentido, añadió que “se encuentra acreditada la ocurrencia de cada uno de estos penosos sucesos en el contexto de una actuación organizada dirigida sistemáticamente contra la población".

Ramos calificó a los delitos como de "gravedad extraordinaria" y los daños causados a las víctimas de "inconmensurables". "¿Cómo podemos medir el daño causado a las personas que fueron secuestradas violentamente, asesinadas, sometidas a condiciones inhumanas y humillantes durante mucho tiempo, privándolos de condiciones para la vida, como alimentación e higiene? Todos los efectos psicológicos, todo lo que hemos detallado, entendemos que deber ser tenido en cuenta para poder mensurar el daño han causado a cada una de las víctimas", detalló la fiscal Ramos.

"Todos los efectos psicológicos, todo lo que hemos detallado, entendemos que deber ser tenido en cuenta para poder mensurar el daño han causado a cada una de las víctimas", dijo la fiscal Ramos.

Roles de los acusados

En relación a las actuaciones de los oficiales dentro del accionar criminal, la fiscalía puntualizó que Rodolfo Enrique Godoy, en su calidad de segundo jefe y jefe de la plana mayor del Grupo de Artillería 1, “fue quien asistió y secundó al jefe, recibiendo sus directivas y ocupándose que éstas fueran cumplidas. En tal calidad, planificó, dirigió y supervisó las operaciones”.  Agregó que Roberto Obdulio Godoy, en su rol de oficial de Operaciones, también “formó parte de la plana mayor del GA1 y conforme ello recibió las órdenes de sus superiores a efectos planificar, supervisar e incluso ejecutar operaciones”.

En relación a Novotny, la fiscalía destacó que como auxiliar del Grupo de Operaciones y luego como auxiliar de Inteligencia se encargó de brindar los aportes materiales y transmitir las órdenes para concretar la realización de los hechos, además de haber tenido una intervención directa en la comisaría de Ramos Mejía, reconocida por uno de los testigos.

De esta manera, la fiscalía sostuvo que se encuentran acreditadas las intervenciones de los tres acusados en los hechos.

El centro clandestino de detención

La comisaría de Ramos Mejía, localizada en la avenida de Mayo 549 de esa localidad bonaerense, se encontraba bajo el esquema organizativo del área militar 114, cuya jefatura estaba en el Grupo Artillería Mecanizada 1 de Ciudadela, y dentro de la denominada subzona militar 11, correspondiente a la jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército o Zona I. En la sentencia dictada en 2019 en la causa por el centro clandestino "Sheraton" se acreditó que, antes o después de su cautiverio en ese lugar, varias víctimas fueron trasladadas a la comisaría de Ramos Mejía.