El responsable de la Fiscalía Federal de Santa Rosa, Leonel Gómez Barbella, requirió la elevación a juicio parcial, respecto de siete de los imputados, en la investigación por diversas privaciones ilegítimas de libertad, seguidas de cautiverios y aplicación de tormentos y vejaciones, en perjuicio de 196 personas, cometidos en centros clandestinos de detención que operaron en el ámbito de la Subzona 1.4 del Ejército, entre 1975 y 1982, en la provincia de La Pampa.

En su requerimiento, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó el enjuiciamiento de Néstor Greppi -ex coronel del Ejército quien cumplió el rol de Secretario General de la Gobernación entre marzo de 1976 y enero de 1977-, Luis Enrique Baraldini –ex mayor del Ejército quien prestó funciones, entre marzo de 1976 y hasta noviembre de 1979, como jefe de la Policía de La Pampa-, Jorge Omar De Bartolo –ex capitán del Ejército y responsable de la Sección Logística (S4) del Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101, de Toay, durante 1976-, Roberto Oscar Fiorucci –Comisario de la Policía de La Pampa y Jefe de Informaciones del “Grupo de Trabajo” de la Subzona 1.4-, Carlos Roberto Reinhart y –ex comisario retirado e integrante del “grupo de trabajo” de la Subzona 1.4.-, Gerardo José Jáuregui –ex mayor, Jefe de la Sección Operaciones (S3) del Destacamento 101- y Humberto Riffaldi –ex comisario retirado y Jefe del Departamento de Informaciones de la policía pampeana, entre marzo de 1976 y enero de 1981, cuando comenzó a desempeñarse como como Jefe del Departamento de Operaciones de dicha fuerza policial-.

Todos ellos habrían participado en sucesivas detenciones ilegales, seguidas por el cautiverio y aplicación de tormentos y vejaciones –mediante el accionar conjunto y coordinado militar y policial- de ciudadanos acusados de participar en actividades “subversivas”, quienes eran trasladados a distintos centros clandestinos de detención que funcionaron en la Comisaría Seccional Primera, la Brigada de Investigaciones, la Jefatura de Policial, la Comisaría Seccional Segunda –de la ciudad de Santa Rosa-, la Comisaría Primera de General Pico, la Comisaría y en el Puesto Caminero de Jacinto Araúz, y la Comisaría de Catriló  -todas ellas pertenecientes a la Policía de la Provincia de La Pampa-, la Delegación Local de la Policía Federal Argentina -con sede en Santa Rosa- el Destacamento de Exploración y Caballería Blindada N° 101 “Libertador Simón Bolívar” del Ejército Argentino y las Unidades carcelarias N°4 y N°13 del Servicio Penitenciario Federal

Así, en base a los diversos testimonios y pruebas recabadas en la investigación, el fiscal Gómez Barbella consideró que Jáuregui y De Bartolo debían ser enjuiciados como coautores del delito de asociación ilícita, y coautores mediatos de los delitos de privación ilegal de la libertad en su carácter de funcionario público en concurso real con imposición de tormentos. Asimismo, en relación a Greppi, Baraldini, Fiorucci y Reinhart solicitó que fueran sometidos a juicio como coautores mediatos de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público agravada por haberse cometido con violencias o amenazas, en concurso real con imposición de tormentos y abuso sexual deshonesto con acceso carnal. Finalmente, pidió el enjuiciamiento de Riffaldi como, coautor de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público agravada por haberse cometido con violencias o amenazas y con una duración de más de un mes.

La investigación continua ante el Juzgado Federal de Santa Rosa, provincia de La Pampa, y el pedido de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal fue parcial, ya que todavía queda por analizar la responsabilidad de otros veintiséis implicados en la privación ilegal de libertad, secuestros y torturas de 33 personas que se manifestaban, el 22 de enero de 1975, dentro de la Unidad Tecnológica Nacional de General Pico.