El responsable de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, Leonel Gómez Barbella, requirió penas de entre 10 y 25 años de prisión para catorce ex militares, ex policías y ex agentes del Servicio Penitenciario Federal que son juzgados por diversas privaciones ilegítimas de la libertad seguidas de cautiverios, tormentos y vejaciones en perjuicio de 241 personas. Los hechos fueron cometidos en centros clandestinos de detención que operaron en el ámbito de la Subzona 1.4 del Ejército, entre 1975 y 1982, en la provincia de La Pampa.

En su alegato -del que también participó el fiscal general Miguel Ángel Palazzani y el secretario Federico Iparraguirre- realizado en el segundo juicio por crímenes de lesa cometidos en la jurisdicción, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que sean condenados en orden a los delitos de genocidio, asociación ilícita, privación ilegal de la libertad agravada por su condición de funcionarios públicos, por el empleo de violencia o amenazas y por haber sido su duración mayor a un mes; e imposición de tormentos psíquicos y físicos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos.

Gómez Barbella requirió que se les impongan penas de 25 años de prisión a Luis Enrique Beraldini -ex mayor de Inteligencia del Ejército en La Pampa, integrante de la plana mayor de la Subzona 1.4 y ex jefe de la Policía de la Provincia de La Pampa-; a Néstor Omar Greppi -ex coronel del Ejército y ex secretario de la Gobernación de La Pampa- y Máximo Alfredo Pérez Oneto -médico de la Policía de la provincia-;  22 años para Antonio Oscar Yorio -integrante del grupo de tareas y subcomisario subdirector de la Escuela de Policía de La Pampa-; Néstor Bonifacio Cenizo -miembro del grupo de tareas y oficial inspector de la Ayudantía de la Subjefatura-; Carlos Alberto Reinhart -ex comisario retirado e integrante del “grupo de trabajo” de la Subzona 1.4- y Athos Reta -integrante del grupo de tareas de la Subzona 1.4 y subcomisario jefe de la Comisaría de Ingeniero Luiggi-.

Por otra parte, pidió condenas de 20 años de prisión para Oscar Alberto López –Oficial Ayudante de la Comisaria de la Sección 1ª- y Juan Domingo Gatica -del grupo de tareas de la Subzona 1.4-; 18 años de prisión para Hugo Roberto Marenchino -integrante del grupo de tareas y Oficial Principal del Departamento de Informaciones Policiales-; 14 años para Jorge Osvaldo Quinteros -quien integró el grupo de apoyo de la Subzona 1.4-; 12 años para Luis Horacio Lucero -quien revestía en el Departamento Judicial (D2) de la Jefatura de Policía de la Provincia de La Pampa- y 10 años de prisión para Orlando Osmar Pérez -integrante del grupo de tareas de la Subzona 1.4- y Miguel Ángel Ochoa -se desempeñó en la Seccional 1ª de Santa Rosa-.

Asimismo, el fiscal pidió que se califique a los delitos imputados como crímenes de lesa humanidad; que se dé de baja a los imputados por exoneración y se les suspendan sus beneficios jubilatorios, de pensión o retiro que pudieran percibir y se revoquen las prisiones domiciliarias oportunamente concedidas. También requirió que se ordene al Ejército la restitución del inmueble de la Décima Brigada Mecanizada, para que sea asignado a la órbita del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación.

La Fiscalía pidió que se califique a los delitos como crímenes de lesa humanidad y se ordene al Ejército la restitución del inmueble de la Décima Brigada Mecanizada.

Los hechos investigados en el juicio

De acuerdo a las directivas impartidas por el Gobierno Nacional, se ordenó que la Subzona 1.4 operara “ofensivamente en el ámbito de su jurisdicción con el objetivo de detectar y aniquilar las organizaciones subversivas a fin de preservar el orden y la seguridad de las personas, los bienes y el del Estado”.

En ese contexto, en el ámbito de la Subzona 1.4 funcionó, como principal centro clandestino de detención, la Comisaría Seccional Primera de la Policía de la Provincia de La Pampa, en cuya planta alta funcionaba la Unidad Regional I “donde el grupo policial de tareas de la Subzona 1.4, interrogaba y torturaba a los hombres y mujeres detenidos a disposición del Comando de la Subzona 1.4”. Eran alojados en la Planta Baja o en otros centros de detención, como dependencias policiales o las unidades carcelarias del Servicio Penitenciario Federal N°4 y N°13.

Para la Fiscalía General, “los detenidos sufrían pésimas condiciones sanitarias, una total incomunicación con el mundo exterior y, en muchos casos, también de sus compañeros de cautiverio. Dentro de las celdas algunos detenidos tenían los ojos constantemente vendados y no eran sacados al baño para hacer sus necesidades. Por otra parte, se los mantenía esposados y, si no lo estaban, se los encapuchaba cuando eran llevados a los interrogatorios. Las sesiones de interrogatorio y torturas eran dirigidas y llevadas a cabo por personal militar del ejército y de la policía provincial.”

Los hechos investigados también se desarrollaron en la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Pampa y en las Unidades N°4 y N°13 del SPF, donde “a la vez que mantenían alojados a internos legítimamente privados de su libertad, por delitos comunes u ordinarios (…) abrieron sus puertas a detenidos políticos, o cuya privación de libertad resultó absolutamente ilegítima”.

Asimismo, el fiscal diferenció a las víctimas en veinticuatro grupos: veintiséis pertenecientes al “Movimiento Siloísta”; ocho “médicos del Servicio de Salud del Gobierno de la Pampa”; veintitrés víctimas entre estudiantes, docentes y directivos de la UTN de General Pico y ciudadanos de esa localidad; veintinueve funcionarios del Gobierno Democrático de La Pampa y sus familiares; seis periodistas; tres representantes gremiales, sindicales y/o estudiantiles; cuatro funcionarios de la Justicia Federal y Provincial de La Pampa; dieciséis estudiantes y docentes de la sede Santa Rosa de la Universidad Nacional de La Pampa; once militantes políticos; dos artistas; nueve víctimas del “Operativo Requisa” en Santa Rosa; el vicegobernador de la Provincia y un diputado provincial; dos cazadores; once docentes y estudiantes del Colegio Secundario Jacinto Aráuz; once personas detenidas por subversión económica y hechos similares; cinco personas de la localidad de Ingeniero Luiggi; catorce empresarios pampeanos; ocho estudiantes de la Universidad de La Pampa y dos militantes del Partido Comunista; cuatro personas de la localidad de Alpachiri; catorce habitantes de Intendente Alvear; siete autoridades y proveedores de la Escuela Hogar de Santa Rosa; una docente de la Escuela Hogar de Paso de los Algarrobos; ocho personas que integran la causa 96/77 y otras 15 víctimas que no pueden ser agrupadas con las demás.