Con un extenso análisis de documentos elaborados por el Ejército y la Policía Federal durante la dictadura y de otras pruebas reunidas en la investigación y durante el debate, el fiscal general de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, Pablo Ouviña, y la auxiliar fiscal Mercedes Moguilansky dedicaron el viernes 3 de mayo otras cuatro horas de alegato en el juicio a quince expolicías de la Superintencia de Seguridad Federal (SSF) para abordar la participación de seis de ellos en un triple homicidio cometido el 19 de abril de 1977 en un departamento del barrio de Flores, en la ciudad de Buenos Aires.

La fiscalía culminó así su tercera jornada de exposición -que continuará el viernes 17 de mayo- en este juicio oral y público iniciado el 10 de febrero de 2023 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 porteño.

La acusación se centró en los hechos que tuvieron como víctima a Mario Alfredo Frías Pereira y Patricia Clariá Pedernera -unidos en matrimonio, con una hija de dos años y medio de edad, que estaba en el lugar- y Liliana Patricia Griffin, asesinados de 4, 2 y 4 balazos, respectivamente, en el interior del departamento "A" del sexto piso del edificio de la calle Bacacay 2215. Por ese hecho llegaron acusados a juicio el exinspector Juan Carlos Carrera; los exsubinspectores Esteban Adolfo Sanguinetti y Norberto Julio Varcasia; los entonces cabo 1° Antonio Ángel Imbrogiano y Miguel Ángel Boiffier; y los entonces agentes Guillermo Dolz y Carlos Jorge Berón.

Para la reconstrucción de los hechos, la fiscalía analizó fundamentalmente el expediente N°59-93 Letra 1J7 del Consejo de Guerra Estable 1/1, abierto supuestamente para investigar los hechos en el marco de la aplicación en la época del Código de Justicia Militar -en la primera audiencia la fiscalía anticipó cómo sería su análisis de esta documentación-, y en actuaciones administrativas de la Policía Federal generadas para registrar felicitaciones a los funcionarios de la fuerza que participaron en el procedimiento ilegal. También evaluaron artículos periodísticos con la versión oficial de los hechos, los testimonios de familiares de las víctimas y vecinos, y las partidas de defunción.

La fiscalía analizó la escena del triple crimen con los planos del departamento de la calle Bacacay 2215.

Un explosivo y disparos

Moguilansky abrió la exposición. Señaló que la fiscalía consideraba acreditado que un grupo operativo del Departamento Táctico de la SSF "integrado por 14 personas fuertemente armadas" se dirigió al edificio Bacacay "con el objetivo de allanar ilegalmente la vivienda y secuestrar a sus habitantes, quienes habían sido identificados como integrantes de la organización Montoneros".

"Una vez en el lugar -prosiguió la auxiliar fiscal-, obligaron al encargado del edificio a acompañarlos a ese departamento y engañar a sus ocupantes para que abrieran la puerta de ingreso". La funcionaria añadió que, tras lograr ese objetivo, "al menos cinco de los integrantes del grupo arrojaron un artefacto explosivo al interior de la vivienda y dispararon contra Mario Alberto Frías Pereyra, Patricia Clariá Pedernera y Liliana Griffin, provocándoles la muerte", aunque, por la rapidez con la que ocurrieron los hechos, "no pudo determinarse qué ocurrió primero, si los disparos o la explosión".

El fiscal analizó las fotografías que "retrataron los cadáveres de las víctimas con un arma convenientemente ubicada cerca de la mano derecha de cada una de ellas". Recordó otros expedientes por procedimientos "probadamente fraguados en los que intervino el Departamento Táctico de la SSF" y marcó, por caso, que "Marío Frías era zurdo".

Con el análisis de peritajes realizados sobre las constancias documentales, que muestran los cuerpos tendidos en el escenario de los crímenes y los destrozos provocados en el ataque -durante la exposición se exhibieron esas imágenes-, la fiscalía concluyó que las víctimas "fueron sorprendidas en su morada a la hora de irse a dormir, en la que estaban con una niña pequeña, su propia hija" y añadió que "más allá de la presencia de Liliana Griffin en el lugar esa noche y la condición de militantes de las víctimas, este no era un aguantadero, era una vivienda familiar".

Moguilansky explicó además que el objetivo era el secuestro de los habitantes de la vivienda para conducirlos a centros clandestinos de detención e interrogarlos bajo tormentos, pero que los atacantes habían previsto que "ante cualquier intento de fuga o resistencia, serían eliminados, lo que efectivamente ocurrió".

Al evaluar las pruebas, la auxiliar fiscal marcó que "tanto en el del Consejo de Guerra como en el del pedido de felicitación para los policías intervinientes, se especificó que la realización del operativo tuvo como antecedente información de inteligencia que establecía que en ese lugar se encontraban integrantes de Montoneros. Es decir, que el operativo se realizó y, en consecuencia, se planificó con conocimiento previo de esta circunstancia. No sólo eso, sino que incluso se sabía quiénes estaban ahí", pues los documentos "dicen que se conocían los alias que utilizaban las víctimas", que pertenecían a la "Secretaría Militar" de Montoneros y que se tenía conocimiento de su "extrema peligrosidad".

Indicó que, por ese motivo, la SSF dispuso que para el procedimiento interviniera una "Fuerza de Tareas reforzada", que fue comandada por el segundo jefe del Departamento Táctico, subcomisario Juan Eleazar Skarabiuk (fallecido), quien a su vez era el jefe de las brigadas de esa dependencia. A ese cuerpo se sumaron fuerzas militares del Cuerpo I del Ejército, que aseguraron la zona.

A su turno, el fiscal Ouviña repasó los impactos de bala en cada una de las víctimas y puso de relieve que todo ocurrió "en un espacio reducido, del cual todos los policías salieron ilesos", aunque "de acuerdo a la versión oficial habrían estado expuestos a los disparos provenientes de ellas".

Sin embargo, añadió, "no hay certeza" de que las víctimas esgrimieran o hubieran intentado esgrimir armas, sino "todo lo contrario", puesto que los peritos "ni desde el punto de vista médico legal, ni desde el criminalístico, contaron con elementos que determinaran de forma irrefutable la producción de acciones defensivas por parte de las víctimas".

La fiscalía concluyó que las víctimas "fueron sorprendidas en su morada a la hora de irse a dormir, en la que estaban con una niña pequeña, su propia hija" y que el departamento "no era un aguantadero, era una vivienda familiar".

El fiscal analizó las fotografías del Consejo de Guerra que "retrataron los cadáveres de las víctimas con un arma convenientemente ubicada cerca de la mano derecha de cada una de ellas". Recordó "otros expedientes del Consejo de Guerra por procedimientos probadamente fraguados en los que intervino el Departamento Táctico de la SSF" y marcó, por caso, que "Marío Frías era zurdo".

En el caso de Frías además analizó los disparos que recibió en el pecho y la trayectoria de los proyectiles, que indican -de acuerdo con los peritajes realizados por personal especializado de la Gendarmería Nacional- que "claramente el tirador tenía que estar en un punto alto, muy alto de la víctima", por lo que "de las posibilidades consideradas la más razonable es que [el hombre] haya estado sentado o, a lo sumo, levantándose de la silla" fotografiada junto a su cuerpo.

El peritaje con la reconstrucción del crimen de Mario Frías muestra que, si hubiera estado parado, el tirador debió haber disparado desde una altura muy superior a la de la víctima.

Agregó que, de acuerdo al mismo expediente castrense que refiere "un gran poder de fuego" de los habitantes de la casa, las armas que supuestamente empuñaban las víctimas fueron "las únicas armas secuestradas en el departamento y llamativamente no hay constancias de que en la vivienda se hayan encontrado municiones para armas de esos calibres, más allá de cuatro proyectiles calibre 22 que habrían sido hallados cerca del cuerpo de Griffin, y que no fueron ni fotografiados ni peritados, como sí lo fueron los demás elementos".

Ouviña concluyó que "si la versión oficial fuera cierta en este aspecto las víctimas sólo contaban con las municiones cargadas en las armas que supuestamente utilizaron para atacar a los policías. Y los tres fueron abatidos después de que habían descargado todas las balas".

Luego analizó la escena de los hechos a través de las fotografías y puso de relieve que "el desorden que todos podemos observar parecería indicar que las fotografías se tomaron una vez que el lugar había sido completamente revisado", puesto que, entre otras cosas, "hay cajas y papeles tirados", "una estufa sacada de lugar" y "colchones sin vestir y sábanas revueltas".

Por tal motivo, el fiscal descartó "la hipótesis de que las víctimas se hayan enfrentado encarnizadamente con los cinco experimentados y fuertemente armados oficiales del Departamento Táctico que los sorprendieron en su vivienda". Agregó que "no hubo combate" y que "lo que describen los documentos oficiales en este aspecto es, a todas luces, falso".

Refirió que los policías intervinieron con el fin de garantizar el "resultado aceptable" de capturar a a las víctimas o de asesinarlas, porque no estaba en los planes "asumir riesgos”. Por lo cual, concluyó que "solo eso explica la evidente manipulación de la escena con la finalidad de simular un enfrentamiento, su formalización en un expediente con el objeto de legitimar un ataque ilegal como el que realizaron y el resultado que ya mencionamos: tres víctimas fatales y catorce policías ilesos".

Finalmente, al momento de analizar la felicitación elaborada por los jefes policiales a los intervinientes en el operativo, la auxiliar fiscal Moguilansky marcó, con la comparación con el resto de los documentos del caso, que "los aspectos falseados se refieren específicamente al grado de peligrosidad que de hecho resultaron tener las víctimas y a la actitud que efectivamente adoptaron frente al ataque, con la exclusiva finalidad de justificar el accionar ilegal por parte de las fuerzas y ponderarlo como valioso y merecedor de premiación”.