27 de octubre de 2021
27 de octubre de 2021 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
Menu
El juicio en la causa "Arsenales II - Jefatura II"
Tucumán: inspeccionaron el Pozo de Vargas, una fosa común en un aljibe
En el marco del proceso a 41 imputados, el TOCF de Tucumán inspeccionó el viernes el lugar donde fueron encontrados restos de 23 desaparecidos, de los cuales hasta ahora nueve fueron identificados. Mañana seguirán las inspecciones en Santa Lucía y Caspichango.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán realizó una inspección judicial el viernes pasado al denominado Pozo de Vargas, un viejo aljibe que funcionó como fosa común de los restos de personas desaparecidas durante la represión ilegal de la última dictadura cívico militar.

El procedimiento fue encabezado por los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga, y contó con la participación de las querellas y los fiscales Patricio Rovira y Leopoldo Peralta Palma. Una importante cantidad de público siguió la inspección, tal como había acontecido el viernes anterior en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga.

El Pozo de Vargas, de unos treinta metros de profundidad, está situado en una finca del departamento de Tafi Viejo, sobre la avenida Francisco de Aguirre al 4500, a unos seis kilómetros del centro de San Miguel de Tucumán.

En el lugar ya fueron identificados restos de nueve víctimas del terrorismo de Estado, aunque los peritos del Centro Antropología Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT) estimaron que al menos deben haber sido enterrados allí los cadáveres de 23 personas.

Las identificaciones de las víctimas las hizo el Equipo Argentino de Antropología Forense sobre muestras óseas y no sobre esqueletos, como ha ocurrido en otras fosas comunes o individuales de víctimas del terrorismo de Estado. Sucede que por la forma en la que fueron arrojados los cuerpos, la profundidad del pozo y el proceso de degradación no ha sido posible la reconstrucción de los esqueletos, explicó a Fiscales el fiscal Pablo Camuña.

La existencia del pozo fue revelada por una denuncia hace diez años, tras lo cual se reunieron testimonios de habitantes que narraron que durante la dictadura se tiraron cuerpos en el lugar. La víctima más antigua identificada fue secuestrada en 1975, mientras que otras tres eran oriundas de Santiago del Estero. Uno de los cuerpos identificados es el ex senador tucumano Guillermo Vargas Aignasse, secuestrado en 1976. Todavía no se ha podido establecer cuál fue la inserción de este lugar en el esquema represivo. "A medida que sigan las identificaciones tendremos una hipótesis más cerrada", explicó Camuña.

La inspección judicial en el predio se dio en el marco de las audiencias orales y públicas del juicio en la causa "Arsenales II - Jefatura II", el debate por crímenes de lesa humanidad más grande del norte argentino, en el que se juzga a 41 imputados por crímenes contra 215 víctimas.

Las fotos que ilustran esta nota fueron tomadas por miembros de la organización querellante Andhes, quienes a través de la fiscalía autorizaron su publicación.

Otras inspecciones

El jueves pasado, antes de inspeccionar el Pozo, el tribunal realizó procedimientos similares en la Escuelita de Famaillá, el primer centro clandestino del país puesto en funcionamiento durante el Operativo Independencia, "que se mantiene intacto", explicó Camuña; el ex Ingenio Nueva Baviera, que está derruido y donde se construyó un barrio; y la comisaría de Monteros, que mantiene básicamente la misma estructura de la época.

Las inspecciones judiciales continuarán este jueves 26 en las instalaciones de las bases de los pueblos de Santa Lucía y Caspichango, dos lugares que previamente habían sido ingenios azucareros, pero que durante la dictadura fueron utilizados por grupos del Ejército para comandar la represión en la zona. Las bases dependían de los regimientos N° 19 de Tucumán y N°28 de Tartagal.

Para realizar las inspecciones oculares de este jueves, la fiscalía solicitó la presencia de diez testigos. "Fueron dos pueblos intervenidos militarmente entre 1975 y 1979. Durante todo el tiempo hicieron un control de la población, con secuestros, allanamientos ilegales y abusos sexuales dentro de la misma vivienda de las víctimas. La experiencia concentracionaria se extendió a todo el pueblo", explicó Camuña.