Un ex militar del Regimiento 7 de La Plata comenzará a ser juzgado desde este lunes en La Plata acusado por dos homicidios y por un hecho de privación ilegal de la libertad que tuvieron como víctimas a tres prisioneros políticos que fueron sacados previamente de la Unidad Penal N°9 de La Plata y llevados a la sede de esa unidad castrense, jefatura del área militar 113.

El acusado es Lucio Carlos Ramírez, quien a la época de los hechos, con el grado de mayor, integraba el Comando de Operaciones Tácticas (COT) del regimiento. En su acusación, la Fiscalía lo responsabilizó por los homicidios de Ángel Geordiadis y de Horacio Rapaport, y por la privación ilegal de la libertad de Julio César Urien, a quienes se llevó desde la cárcel al regimiento, según quedó acreditado en mensajes militares conjuntos y en los libros del penal.

Concretamente, a Ramírez se le imputa haber retirado de la Unidad 9 a Urien y a Georgiadis el 26 de enero de 1977 y de llevarlos, vendados y esposados, a la sede del regimiento "con el alegado motivo de recibirles 'indagatoria'". Dos días después, el mismo militar se llevó del penal a Horacio Rapaport, otro preso político.

Durante esos días, la madre de Urien contactó al ministro del Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy, a raíz de que su padre había sido general del Ejército, e hizo gestiones que derivaron en el traslado de su hijo desde su reclusión ilegal en el Regimiento 7 al penal de Sierra Chica.

La hipótesis investigada en la causa indica que los militares habían decidido asesinar inicialmente a Geordiadis y Urien y que, ante los reclamos por este último, luego fueron a buscar a Rapaport en su reemplazo. En efecto, en el juicio por los crímenes perpetrados por penitenciarios en la Unidad 9, celebrado en La Plata entre 2009 y 2010, se dio por acreditado que pocos días antes del traslado, el 14 o 15 de enero, Georgiadis y Urien habían sido retirados de las celdas que ocupaban en el Pabellón N°1 de esa cárcel, denominado "Pabellón de la muerte", y que fueron llevados al despacho del jefe. "Allí fueron amenazados por personal que no fue identificado habiéndoseles manifestado 'que por cada atentado que hubiera iban a fusilar a cinco por día'", narró la Fiscalía en la acusación.

De acuerdo con el testimonio de otros detenidos, Geordiadis era el delegado de los presos políticos que estaban recluidos en aquél pabellón y había acusado a los oficiales penitenciarios de actuar "en complicidad con la represión del Ejército", luego de que el 5 de enero los también prisioneros políticos Dardo Cabo y Rufino Pirles fueran asesinados durante un traslado a otro penal en un procedimiento fraguado, hecho que también fue acreditado en el juicio a los penitenciarios.

Ese caso también debió juzgarse en este debate, pero no integrará el objeto del juicio a raíz de que el acusado por esos hechos, el ex jefe de Personal del Regimiento 7, Orlando Arcángel Ruarte, fuera apartado del proceso por razones de salud el 13 de julio pasado.

Los certificados de defunción de Georgiadis y Rapaport indican que ambos fallecieron en las calles 19 entre 53 y 54 de La Plata, domicilio donde funcionaba el Regimiento 7 -hoy Plaza Islas Malvinas- y que la causa de su muerte fue "anemia aguda por hemorragia externa". Según declaró un testigo, los militares entregaron los cuerpos en cajones cerrados a los familiares de las víctimas y les dijeron que se habían suicidado durante su cautiverio. También les exigieron que no abrieran los cajones. Pero los familiares no hicieron caso y pudieron ver que los cuerpos tenían signos de tortura y que Georgiadis había sido degollado con un sable bayoneta, dijo el mismo testigo.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, que desde el lunes juzgará a Ramírez con otra composición con la que dictó condena a los penitenciarios en 2010, tuvo en aquella sentencia "como indicio de los asesinatos de Georgiadis y Rapaport" los "sucesos relatados por varios ex detenidos luego de las muertes de Cabo y Pirles, en cuanto a las reiteradas intimidaciones efectuadas por penitenciarios y colaboradores del régimen hacia los presos de los Pabellones de la Muerte”.

El juicio estará a cargo de los jueces Alejandro Esmoris, Germán Castelli y Jorge Michelli, e intervendrá por el Ministerio Público Fiscal la Unidad especializada en procesos por crímenes de lesa humanidad, integrada por Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira.