El principal acusado por el caso más importante de tráfico de cocaína a Europa conocido como "Carbón Blanco", el abogado Carlos Alberto Salvatore (57 años), fue beneficiado con la prisión domiciliaria en medio de la feria judicial por la decisión del único juez que quedó a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia durante el receso estival, Rubén David Quiñones, quien para adoptar la decisión no pidió la opinión previa de la fiscalía, como es de rigor en estos casos.

Quiñones adoptó la resolución el 13 de enero pasado y se basó en un informe médico presentado por la defensa de Salvatore. El magistrado decretó el arresto domiciliario por el “presunto déficit inmunológico” que padece el imputado, según adujo, a fin de evitar la posibilidad de que contrajera una infección hospitalaria.

"Se trata de una decisión sorpresiva, tomada por el único juez de feria, sin vista previa a la fiscalía y desconociendo los peritajes realizados por el Cuerpo Médico Forense", señaló el fiscal general ante el TOCF de Resistencia, Federico Carniel, quien ayer interpuso un pedido para que, antes de que se concrete el beneficio, se otorgue intervención a los peritos oficiales para que determinen, en forma conjunta con los médicos de Salvatore, si el domicilio del imputado posee las condiciones adecuadas para el cuidado de un paciente con las características de su salud, tal cual lo prevé la resolución 704/2000 del Ministerio de Salud de la Nación. El representante del MPF, no obstante, podría recurrir la resolución ante la Cámara Federal de Casación Penal.

En octubre pasado, el TOCF, con las firmas de los jueces Eduardo Ariel Belforte y Gladis Mirtha Yunes, había ordenado el alojamiento de Salvatore en el Hospital Penitenciario de la cárcel federal de Ezeiza (HPC 1), "una vez efectuadas las adecuaciones pertinentes para garantizar la salud del paciente, que presenta múltiples patologías y que en la actualidad se encuentran compensadas".

En aquél momento los jueces ponderaron que el peritaje del Cuerpo Médico Forense es "muy claro en contra de los intereses argüidos por la defensa, y no avala ni de manera implícita el criterio sostenido por ella, acerca de la necesidad de que su asistido deba cumplir la prisión en su domicilio".

En efecto, indicaron los jueces, de acuerdo a lo informado por los médicos penitenciarios, en el HPC "no hay otro riesgo de infección que el que pudiera contraerse en cualquier otro lugar".

Sin embargo, la Cámara Nacional de Casación Penal aceptó tratar el recurso de queja interpuesto por la defensa contra dicha resolución, lo que le permitió a Carlos Alberto Salvatore continuar internado en el Sanatorio Privado “La Torre” de la localidad de Vicente López, provincia de Buenos Aires.

En el dictamen previo a aquella decisión, Carniel se había opuesto a la prisión domiciliaria no sólo porque "no median razones médicas", sino también porque consideró que existe "un peligro de fuga real y efectivo". En esa línea, recordó que Salvatore "al momento de su detención se encontraba en un domicilio donde pretendía evadir su aprehensión, usando identidades falsas, influencias y medios".

Cerca del juicio oral

En junio pasado, el fiscal de primera instancia de Presidencia Roque Sáenz Peña, Carlos Enrique Sansserri, y el entonces titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Félix Crous, requirieron la elevación a juicio de Salvatore y otros cuatro imputados. El debate podría realizarse en el transcurso de 2015.

En esa oportunidad, los representantes del MPF señalaron que Salvatore integraba "lo más alto de la escala de mando" de la organización narcocriminal, dado que tenía a cargo "la tarea de supervisar, controlar, administrar, definir, organizar y financiar lo que ha sido una verdadera empresa comercial dedicada al transporte de estupefacientes al continente europeo" mediante su ocultación en contenedores de carbón vegetal.

La pesquisa logró comprobar que Salvatore tenía participación en 20 sociedades comerciales de distintos rubros, poseía cuentas bancarias y propiedades en Argentina, Uruguay y Estados Unidos y registraba viajes a este último país y a islas del caribe conocidas como paraísos fiscales.