En una jornada de más de doce horas, el ex juez federal de Orán, Raúl Reynoso, fue sentenciado ayer a trece años de prisión. El ex magistrado fue encontrado responsable de favorecer a narcotraficantes con resoluciones judiciales a cambio de dinero y bienes. Los fiscales Carlos Amad y Francisco Snopek -que intervinieron en el juicio junto a la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar)- se manifestaron parcialmente conformes con el fallo, al que recurrirán por no haberse aplicado en el veredicto la figura de asociación ilícita y por la absolución de cuatro imputados en la causa.

Reynoso había sido procesado en 2015. Los jueces Federico Díaz, Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas, integrantes del Tribunal Oral Federal de Salta, lo consideraron autor del delito de concusión en siete hechos, en concurso ideal con el de prevaricato en otros seis. Además de la reclusión, le ordenaron la inhabilitación para ejercer el cargo de magistrado por el término de treinta y cinco años, y una multa de noventa mil pesos. En su alegato, los representantes del Ministerio Público Fiscal le habían imputado haber sido autor de nueve hechos de concusión, en concurso con otros seis de prevaricato, y solicitaron  veinticinco años de reclusión, una multa de veinte millones de pesos y su inhabilitación absoluta. 

Al debate oral y público también llegaron como acusados los abogados María Elena Esper, Ramón Valor, Arsenio Gaona y René Gómez, junto con personal del juzgado de Reynoso como su ex jefe de despacho, Miguel Saavedra, el ordenanza César Aparicio y su hermana, Rosalía.

Esper, para quien Amad había solicitado una pena de veinte años de prisión, recibió una condena de diez años y seis meses de cumplimiento efectivo como partícipe necesaria en la comisión del delito de concusión en cinco hechos. El Ministerio Público Fiscal también había solicitado catorce años de pena para Valor, que recibió cuatro. El resto de los acusados fue absuelto por el principio de duda. Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el 24 de mayo próximo.

Los hechos investigados

La causa se inició ante el Juzgado Federal de Orán a partir de una nota publicada en el diario Hoy el 19 de agosto de 2014, donde se informaba sobre pedidos de coima en la provincia de Salta, más precisamente en esa localidad, con complicidad de funcionarios del Juzgado Federal N° 2. Ante la vista conferida por el juez actuante, el Fiscal Federal de Orán solicitó que se realizasen tareas de investigación para comprobar lo manifestado en el artículo. En junio del año siguiente, otra nota publicada en la edición digital de Radio A 92.3 un abogado denunció que en el juzgado “se vende la libertad a los presos por narcotráfico, trata de personas o tráfico de divisas, y que existe un grupo de abogados que apañan este delito, actuando como mediadores en el trato económico entre el juez y los delincuentes”.

Durante la investigación, en la que intervino el fiscal federal de Salta Eduardo Villalba,  se le imputó a los acusados haber formado parte de una asociación de carácter estable, con soporte estructural, división de roles y capacidad para articular acciones de modo de sostener el desarrollo de la actividad ilícita, la cual fue montada y encabezada por Reynoso, y que funcionó en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán al menos desde el 19 de marzo de 2010; se dedicaba a la gestión y concesión de resoluciones judiciales contrarias a derecho, favoreciendo a personas imputadas en procesos vinculados a conductas de narcocriminalidad, que tramitaron o tramitan actualmente ante ese tribunal, tales como excarcelaciones, prisiones domiciliarias, entregas de bienes y sumas dinerarias secuestradas.

Según la Fiscalía, por debajo de Reynoso -que detentaba el carácter de jefe-, la organización estaba integrada por los abogados María Elena Esper, Ramón Antonio Valor, Arsenio Eladio Gaona y René Alberto Gómez, como también por los empleados judiciales Miguel Ángel Saavedra y César Julio Aparicio. De todos ellos, resultaron condenados Esper -como partícipe necesaria del delito de concusión en cinco hechos- y Valor -por idéntico delito y grado de participación, en un caso-.

En cuanto al delito de concusión, el artículo 266 del Código Penal reprime al "funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden".