La Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), fiscales y jueces federales y provinciales a cargo de investigaciones por infracciones a las Ley de Drogas se reunieron ayer en la que fue la primera mesa de intercambio de información en la materia, instituida mediante la sanción de la ley 27.502. La apertura del encuentro, que tuvo lugar en el salón Fermín Parera del Edificio de Tribunales de Morón, estuvo a cargo del procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, su colega ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, y el ministro de Seguridad de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo.

El objetivo de la jornada fue intercambiar criterios de política criminal y compartir información relativa a investigaciones en curso. Asistieron funcionarios de las jurisdicciones de Moreno/Gral. Rodríguez, Morón, La Matanza y Hurlingham. Por el Ministerio Público Fiscal de la Nación estuvieron el titular de la Procunar, Diego Iglesias, y los fiscales Sebastián Basso, Leonardo Filippini, Santiago Marquevich, Mariela Labozzetta, Pablo Quiroga y Carlos Stagnaro.

Durante la apertura, Casal evaluó, tras repasar los principios y acciones que vienen desarrollando el ministerio público nacional y provincial, que las mesas de trabajo “son una herramienta más para el abordaje integral de la persecución y represión del tráfico ilícito de estupefacientes”. “Sin duda, va a ser exitoso y va a contribuir a todo este desarrollo, que refleja el entusiasmo y la voluntad de los operadores del sistema”, enfatizó.

Por su parte, Conte Grand destacó la coordinación del trabajo realizado por el Ministerio Público Fiscal de la Nación y las fiscalías generales provinciales. En particular, resaltó que “se respetó el principio de intervención primaria de la justicia federal”, distribuyendo las tareas junto a las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales y logrando “objetivos nunca antes alcanzados”.

A su turno, Ritondo reseñó el trabajo desplegado en la zona y los índices de incautación de estupefacientes. Asimismo, el funcionario del ejecutivo provincial le agradeció a los procuradores “por el trabajo que podemos hacer con ustedes y sus equipos, lo que potencia y permite poder mostrar estos resultados”.

Antecedentes

La ley 27.502 estableció la creación de mesas de intercambio de información, integrada por jueces federales, representantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación, fiscales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o los jueces provinciales, que tengan a su cargo las investigaciones por infracciones a la ley 23.737 y sus modificatorias y por la Procunar, a efectos de intercambiar criterios de política criminal en torno a las pesquisas y compartir la información relacionada. Asimismo, puso en cabeza de la Justicia Federal la instrucción de las causas iniciadas en el fuero provincial por microtráfico o narcomenudeo, cuando se verifique la existencia de conexidad objetiva y subjetiva con alguna investigación tramitada en el fuero de excepción. Otra de las novedades fue que dispuso que, ante una contienda de competencia, la investigación quedará a cargo de la Justicia Federal hasta que se resuelva la cuestión.

“La narcocriminalidad, entendida como un fenómeno socio-político de vasto alcance, que atraviesa numerosos aspectos de la vida de la sociedad y que acarrea consecuencias gravemente nocivas a las personas y los bienes, constituye un fenómeno de gravedad, complejidad, magnitud y extensión que, como tal, exige de los mayores esfuerzos estatales para su prevención, persecución y enjuiciamiento de sus responsables”, valoró la PROCUNAR.

En ese marco, previamente al encuentro la Procuraduría especializada destacó que “resulta innegable la importancia de buscar articular los mecanismos institucionales necesarios para conseguir una mejora en los resultados de las investigaciones, máxime teniendo en cuenta el rol que Constitución le asigna al Ministerio Público en general, como titular de la acción penal y defensor de los derechos de la sociedad”. En esa línea, hizo hincapié en que, en materia de los delitos previstos en la ley 23.737, “el particular diseño institucional de nuestro sistema judicial favorece la posibilidad de que nos encontremos con investigaciones duplicadas que, como tales, no sólo constituyen un dispendio de recursos, sino que entorpecen la correcta administración de justicia”.

El 11 de diciembre de 2017 los ministerios públicos fiscales de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, mediante la suscripción de un Convenio Marco de Cooperación, dieron inicio a un proceso que persigue dotar a ambos organismos de un marco institucional que facilite la cooperación, colaboración e intercambio de información, con miras a mejorar la prestación del servicio que ambas instituciones proporcionan a la comunidad en el ámbito de sus competencias. Tal iniciativa guarda relación con los objetivos fijados por el Estado Argentino al suscribir a la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, (“Convención de Viena de 1988) y a la Convención de Naciones Unidas sobre Delincuencia Organizada Transnacional (“Convención de Palermo”), que instan a los estados a adoptar todas “aquellas técnicas o herramientas que permitan –de acuerdo al ordenamiento interno de cada país-, la obtención de elementos o medios probatorios que permitan obtener información útil con el objeto de combatir la delincuencia organizada”.

Asimismo, el 3 de septiembre de 2018 ambos organismos firmaron el “Acta Complementaria al Convenio de Cooperación”, para desarrollar en forma conjunta acciones tendientes a potenciar y perfeccionar la persecución penal en materia de narcocriminalidad y se comprometieron “a coordinar los mecanismos institucionales necesarios para contribuir a la constitución de equipos conjuntos de investigación (ECI) en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a los recursos humanos y materiales disponibles, en miras al logro de los objetivos primarios en la materia”.

Tal como se señaló en esa ocasión, los ECI no solo poseen fundamento legal en las convenciones precitadas, sino además que su importancia fue recogida en el nuevo Código Procesal Penal Federal que ya empezó a regir en la provincia de Salta (artículo 123), circunstancia que evidencia la necesidad de favorecer el trabajo mancomunado, basado en el intercambio de información.

Plan de trabajo

Mediante la Resolución PGN 60/2019, Casal aprobó el plan de trabajo presentado por la Procunar respecto a la implementación de la ley 27.502. Asimismo, también se dispuso allí la designación de su titular, Diego Iglesias, como Coordinador del Ministerio Público Fiscal en las mesas de intercambio de información.