22 de enero de 2022
22 de enero de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Se profundizaron las investigaciones respecto a organizaciones narcocriminales de gran complejidad
La PROCUNAR presentó su informe de gestión anual
La Procuraduría de Narcocriminalidad elaboró su informe, en el que destaca los casos de intervención estratégica durante el 2018. El documento refleja que el área intervino en 882 oportunidades e inició 153 investigaciones preliminares.

La Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo del fiscal federal Diego Iglesias, presentó el informe de gestión del año 2018, en el cual da cuenta de su trabajo en diversos procesos, tanto en investigaciones preliminares como en colaboraciones con las fiscalías, entre otros.

El informe publicado señala que, durante 2018, se produjo un aumento del 18% -en relación con el período 2017- en las intervenciones que tramitaron ante la PROCUNAR, las cuales contabilizaron 882 casos. Además, se mejoró la intervención en lo atinente a la complejidad de las investigaciones que se traduce en resultados satisfactorios respecto de grandes organizaciones narcocriminales.

También el balance sostiene que en 2018 se iniciaron 276 intervenciones, de las cuales 153 fueron investigaciones preliminares (IP), lo que supera el máximo histórico alcanzado en el año 2017. De esas IP, 86 continuaban en trámite ante la Procuraduría al cierre del año, mientras que 39 se formalizaron ante distintos fueros, 11 se acumularon a otras causas en trámite y 17 se archivaron. “Estos datos muestran que el 75% de las investigaciones preliminares que culminaron fueron judicializadas, lo que significa un aumento en relación al 2017 (59%) y evidencia tanto la calidad de la información recibida que dio inicio a la IP como las mejoras en el trabajo investigativo” consigna el informe que destaca que ello fue favorecido por la implementación de las normas ISO 9001:2015 para sistematizar el trabajo en estos procesos y mejorar la calidad de las hipótesis al judicializarse.

De las 532 colaboraciones que tramitaban en la PROCUNAR al cierre del 2018, 56 eran causas delegadas, 39 litigios compartidos, 373 colaboraciones y 64 seguimientos.

Ejes de trabajo

El informe presentado expone los lineamientos de la política institucional de persecución penal de la Procuraduría, que se basan en tres ejes de trabajo relacionados entre sí: intervención en casos concretos, enfoque estratégico y cooperación interagencial. En cuanto a la intervención en casos en los que la dependencia ofrece colaboración, se basa en cuatro estrategias de trabajo: federalización en el enfoque de la persecución penal, ascenso en la cadena de responsabilidad, persecución del tráfico ilícito de precursores químicos y nuevas sustancias psicoactivas, e investigación patrimonial. En este aspecto se destaca la intervención en la causa sobre la organización narcocriminal liderada por Delfín Reynaldo Castedo.

En relación al ascenso en la cadena de responsabilidad, durante el año 2018, la PROCUNAR intervino en los casos de narcotráfico detectados en Itatí -Corrientes-, la investigación denominada “Manzanas Blancas II” -Río Negro- y la pesquisa que culminó con el desbaratamiento de una organización narcocriminal dedicada al tráfico de estupefacientes que operaba en Lomas de Zamora. Asimismo, respecto a la persecución del tráfico ilícito de precursores químicos, la Procuraduría intervino en casos de tráfico de precursores en la provincia de Tucumán, las investigaciones desarrolladas, en Catamarca, contra los hermanos Barakat Barakat, y en Rosario por la comercialización de estupefacientes en una fiesta electrónica realizada en el Complejo Punta Stage -donde fallecieron dos jóvenes-.

En lo atinente al enfoque estratégico, el informe destaca el trabajo conjunto que se viene realizando junto al Ministerio de Seguridad de la Nación para el diseño de estrategias de persecución penal inteligentes en la ciudad de Rosario, como las investigaciones seguidas contra los clanes “Funes-Ungaro” y “Caminos” en esa ciudad, al tiempo que se destacan las intervenciones en  la jurisdicción de Eldorado, provincia de Misiones.

Asimismo, en cuanto a las técnicas especiales de investigación, el documento señala la vasta utilización de las figuras de arrepentido, agente encubierto, agente revelador, informante, entrega vigilada y prórroga de jurisdicción -implementadas por las leyes N°27.304 y 27.319-, y destaca que “se propuso activamente su utilización a los distintos juzgados y fiscalías intervinientes con resultados sumamente satisfactorios en la medida en que no se hubieran alcanzado los resultados en cuestión sin el uso de las mismas”. En ese sentido, “se iniciaron 5 intervenciones a partir del uso de la figura del informante, generando investigaciones respecto de complejas organizaciones narcocriminales, las que aún se encuentran en curso (…) y la intervención de dos agentes encubiertos de Gendarmería Nacional y de la Agencia Federal de Inteligencia en la causa en la que se investigó al ‘Clan Loza’, como también el uso de agentes reveladores en las investigaciones por venta por internet en ‘Dark Web’ y ‘Deep Web’”. Posteriormente, se destaca la intervención a través del mecanismo de entregas vigiladas, en los casos “25 E NBOH”, “12 valijas” y, en relación a la figura del arrepentido, se resalta que durante 2018 la Procuraduría trabajó con 10 personas que se acogieron a la figura en el marco de casos de distintas jurisdicciones.

Finalmente, el tercer eje sobre la cooperación interagencial con los organismos involucrados en el abordaje de la narcocriminalidad, nacionales y extranjeros, se plasmó en el intercambio de información de forma ágil y dinámica a nivel internacional como nacional, permitiendo avances en las investigaciones o formación de nuevas pesquisas respecto de organizaciones narcocriminales; la coordinación de acciones e investigaciones para evitar la duplicidad de medidas o el entorpecimiento de distintos expedientes tanto en la jurisdicción federal como entre distintos ministerios públicos; y la formación de equipos conjuntos y mesas de trabajo con distintos organismos para la investigación de causas de mayor complejidad con una mirada interdisciplinaria. El informe cuenta, entre las investigaciones multiagenciales desarrolladas durante 2018, la citada “Clan Loza”, que involucró múltiples agencias nacionales e internacionales, y los trabajos realizados con la UFINAR del MPF de Salta y los ministerios públicos de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.

También se destacó el trabajo de co-coordinación -con la Fiscalía Antidrogas de España- de la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica que funciona en el ámbito de la AIAMP y la aprobación de un “Protocolo de Cooperación sobre Entregas Controladas”.

El informe además remarca el trabajo conjunto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y otras áreas del MPFN, como  la Dirección General de Análisis Criminal y Planificación Estratégica de la Persecución Penal (DAC), la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DGCRI), y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB).

Análisis de Información y Planificación Operativa

El documento destaca, en el marco del convenio firmado entre el MPFN y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la implementación del sistema de gestión de calidad acorde a las Normas ISO 9001:2015, y la puesta en marcha de la Plataforma interactiva de información estadística sobre causas iniciadas por estupefacientes desde el año 2011 hasta el año 2017, en el ámbito de la justicia federal, basada en los datos extraídos de los sistemas Coirón y FiscalNet aportados por la DDI.

Capacitaciones

Desde otra perspectiva, la dependencia impulsó seis capacitaciones en las que se formó a 360 operadores judiciales, como así también participó en actividades organizadas por los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad de la Nación, la Gendarmería Nacional Argentina y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otros.

Objetivos para el año 2019

El informe de gestión de la PROCUNAR concluye con los lineamientos y desafíos planteados para el año 2019, entre los que se incluyen: regular el volumen de intervenciones de la Procuraduría a fin de optimizar el uso de los recursos teniendo en cuenta el crecimiento sostenido de las mismas en los últimos años; implementar estrategias de intervención específicas para la próxima implementación del sistema acusatorio, brindando especial asistencia a las unidades fiscales que iniciarán con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal Federal para superar los desafíos que plantea.

También planea incentivar el uso de Equipos Conjuntos de Investigación como técnica especial, tanto a nivel interjurisdiccional como internacional. Se intentará fomentar el uso de la herramienta en causas concretas y su regulación normativa (especialmente en el marco de la AIAMP y la REMPM); fortalecer el trabajo con el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en virtud de la implementación de la desfederalización a partir de enero de 2019, replicando la metodología de trabajo llevada adelante en otras provincias; profundizar el trabajo articulado con el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba, en función del intercambio de información generado en el marco del convenio de cooperación institucional en materia de Narcocriminalidad suscripto por el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Secretaría de Gobierno de la Provincia de Córdoba, el Ministerio Público Fiscal provincial y el Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Finalmente, la Procuraduría especializada apunta a completar el proceso de certificación de las normas ISO 9001:2015 en las investigaciones preliminares y extender la aplicación de las pautas de gestión de calidad hacia otros procesos de trabajo; continuar el trabajo conjunto de análisis sobre condenas por delitos de estupefacientes que se viene realizando a partir de la información provista por los Ministerios de Seguridad y Justicia y DDHH de la Nación y PROCUNAR y trabajar con los distintos proyectos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la elaboración de documentos que faciliten el trabajo de las fiscalías de todo el país, incentivando buenas prácticas en la investigación en materia de narcocriminalidad y la cooperación internacional ágil.