La Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) presentó el informe de gestión del año 2019, en el cual da cuenta de su trabajo en diversos procesos, tanto en investigaciones preliminares como en colaboraciones con las fiscalías y con unidades especializadas del Ministerio Público Fiscal. Allí también se resaltan las mesas de coordinación en provincias que adhirieron a la ley de desfederalización, la cooperación interagencial y las actividades de capacitación.

De acuerdo al informe, en 2019 se registraron 322 intervenciones entre investigaciones preliminares, colaboraciones de distinto tipo e investigaciones autónomas. Además, se continuó trabajando activamente con otras dependencias en pesquisas anteriormente iniciadas, en muchos casos en la etapa de juicio oral.

En el documento se resalta que durante el año pasado se iniciaron 190 investigaciones preliminares (IP), lo que supera las iniciadas en periodos anteriores. Allí están incluidas 63 IP de oficio iniciadas en la Regional NOA de la Procunar bajo el sistema acusatorio, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 247 del nuevo Código Procesal Penal Federal de la Nación.

Al cierre del año, en la Procuraduría tramitaban 495 colaboraciones con Fiscalías Nacionales y Federales de todo el país, tanto en la instancia de instrucción como en el debate: 74 causas delegadas, 39 litigios compartidos, 333 colaboraciones y 49 seguimientos. Durante 2019 se intervino en 83 causas delegadas (15% más que durante 2018), lo que significa una continuación de la metodología iniciada los años anteriores respecto de consensuar con algunos integrantes del MPF que sea esta procuraduría la encargada de llevar adelante directamente la instrucción de las causas delegadas, como forma de colaborar en estas investigaciones complejas.

Además de la colaboración con fiscalías, PROCUNAR trabajó activamente con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC); la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE); la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX); la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI); la Dirección de Análisis Criminal y Planificación de la Persecución Penal (DAC); la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP); la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB); la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DGCRI); la Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UNISA); y la Dirección de Relaciones Institucionales.

Además de la intervención concreta en los casos, durante 2019 se acrecentaron las instancias de intercambio de información y cooperación interagencial, lo que significa una mejora de la calidad en las investigaciones que se desarrollan. En este sentido, la creación de las mesas de intercambio en jurisdicciones desfederalizadas, establecida por la ley 27.502 sancionada en el mes de abril del 2019, promueve el trabajo coordinado con los MPF provinciales y de la CABA para abordar eficazmente todos los niveles de las cadenas de tráfico.

Por otro lado, la existencia de canales y redes que permiten mejorar la cooperación internacional a través de mecanismos ágiles también posibilitan hacer frente a la transnacionalidad del fenómeno, lo que se evidencia con el uso efectivo de herramientas como los Equipos Conjuntos de Investigación (ECI) y las entregas vigiladas, destacándose el rol de la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica, que el MPF coordina junto a la Fiscalía Especial Antidrogas de España.

Ejes de la política de persecución penal

A través de tres ejes de trabajo interrelacionados -intervención en casos, enfoque estratégico y cooperación interagencial-, PROCUNAR pretende cumplir con los objetivos planteados en la resolución que la creó. Allí se indicó la importancia de “mejorar los resultados de la investigación penal preparatoria y el eficaz enjuiciamiento de los responsables”. En el informe se destacan algunos casos que evidencian el trabajo realizado bajo estos ejes:

COLABORACIÓN CON MPA SANTA FE

En el marco de una investigación respecto de la organización encabezada por Esteban Lindor Alvarado, a partir de un análisis de diferentes pruebas, se pudo determinar la relación con un procedimiento en la provincia de Río Negro en el que se detuvo a 4 personas que transportaban sustancias estupefacientes. De acuerdo a las pruebas colectadas y al pedido del MPF, el juez federal Marcelo Baillaque procesó a Alvarado con prisión preventiva como organizador del transporte.

Se destaca el trabajo de coordinación llevado adelante por la Regional NEA con el Ministerio Publico de la Acusación de Santa Fe, que venía investigando a esta organización, ya que a partir de allí fue posible delinear un correcto entendimiento y comprensión del funcionamiento, alcance y composición de la organización estudiada.

JUICIO “MARCOS” ESTRADA GONZÁLES

Desde el mes de junio de 2019, la PROCUNAR presta una activa colaboración al fiscal general Diego Velasco en el juicio oral seguido contra 42 acusados de integrar la organización narcocriminal encabezada por Marco Antonio Estrada Gonzáles, más conocido por su apodo “Marcos” y que desde hace veinte años tiene su dominio territorial en un sector la Villa 1-11-14 de la Ciudad de Buenos Aires.

En mayo de 2017, se requirió la elevación a juicio para “Marcos” y otros 26 integrantes de la organización en relación a las actividades de tráfico organizado de drogas y acopio de armas de fuego que se realizaron entre mayo de 2013 y diciembre de 2016. En la acusación se señaló la estructura piramidal de la organización, en tres niveles: en la cúspide, los organizadores y financistas de las actividades criminales; en un segundo nivel, quienes tenían a cargo las tareas de control y la supervisión de la venta al menudeo y la recolección del dinero obtenido; y finalmente, los responsables de llevar adelante la comercialización y brindar seguridad a esta actividad.

El juicio que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 se inició el pasado mes de junio y se encuentran citados más de 200 testigos, de los cuales más de 50 ya han prestado declaración.

TRÁFICO DE PRECURSORES QUÍMICOS

La causa se inició en base a la información aportada por una persona que declaró como imputado colaborador, quien aportó información vinculada a ciertas personas que proveían a su organización de precursores químicos. A partir de allí, a instancias de la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y la PROCUNAR, el Escuadrón de Operaciones Especiales Antidrogas de Gendarmería Nacional llevó adelante una investigación que permitió no sólo constatar la información inicial, sino también ampliar la información alcanzada mediante la construcción de un entramado organizacional que operaba en el mercado ilícito de precursores químicos (acetona, tolueno, alcohol isipropílico, metil etil cetona y acetato de etilo, entre otros).

LAVADO DE ACTIVOS DE LA VENTA EN LÍNEA DE OPIOIDES

En esta investigación, interviene el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola; la PROCELAC; y la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 6. Allí se logró la desarticulación de dos organizaciones dedicada al tráfico ilícito de sustancias controladas en Estados Unidos y al consecuente lavado de activos provenientes de esa actividad ilegal en Argentina a través de un equipo conjunto formado por autoridades judiciales y policiales argentinas y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Una serie de operativos realizados en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires permitieron detenciones y el secuestro de 400 mil dólares y dos millones de pesos en efectivo, casi una decena de automóviles de lujo y celulares, entre otros elementos. Cuatro responsables de la red farmacéutica en línea Goldpharma fueron detenidos con fines de extradición a partir de la solicitud de la Fiscalía Federal del Distrito Este de Wisconsin. Allí se los acusa por haber intervenido en una organización de tráfico ilegal de drogas en conjunto con ingresos anuales de aproximadamente U$S 6,7 millones de dólares y cómplices que operarían en otros países alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos, India y Rumania. Otro de ellos se encuentra actualmente prófugo.

La actividad investigativa en la Argentina se enfocó en determinar las actividades que lleva adelante la segunda organización dedicada principalmente al lavado de dinero proveniente de las actividades de tráfico ilícito de drogas y otros delitos, quienes utilizan mecanismos de compensación en una “cueva financiera”.

Ejes de Trabajo Estratégico 2019
Sistema acusatorio

En junio de 2019 comenzó a regir en las provincias de Salta y Jujuy el nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF), que implementa el sistema procesal acusatorio en la justicia federal. Este cambio implica un modelo de justicia basado en la oralidad, con procedimientos más rápidos, sencillos y transparentes, a través de investigaciones y juicios ágiles.

Durante 2019, entre UNISA, la Fiscalía de Distrito de Salta y PROCUNAR se trabajó en conjunto en la implementación, dado que la Procuraduría cuenta con una delegación propia en la ciudad de Salta que atiende las particularidades de las provincias del NOA debido a la problemática existente en la región en materia de narcocriminalidad. Según la UNISA, casi el 60% de los casos de la Unidad Fiscal de Salta se relacionan con el tráfico y contrabando de drogas, lo que demuestra la importancia del trabajo en la región.

El trabajo de coordinación y cooperación en las investigaciones penales de la sede regional no se circunscribe a las causas del fuero federal sino que también, en virtud del convenio tripartito con el Gobierno de la Provincia de Salta y el Ministerio Público Fiscal de dicha provincia se extiende a las causas que lleva a cabo la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR) del Ministerio Público Fiscal de Salta.

Desde el 10 de junio (fecha de implementación del CPPF) al cierre del 2019, la PROCUNAR NOA inició un total de 78 intervenciones, todas vinculadas al fenómeno de la narcocriminalidad, con el objeto de investigar organizaciones que ingresan estupefacientes al país con el fin de transportarlos a grandes centros urbanos o exportarlos a otros países. A modo de ejemplo, pueden señalarse una investigación autónoma en la que en dos días de iniciada se logró desarticular una banda narcocriminal y el caso de flagrancia que involucró a un ex cónsul extranjero que fue condenado por transporte de drogas en sólo 20 días.

Además de las investigaciones autónomas, la Regional NOA ha continuado interviniendo a requerimiento de los fiscales de la jurisdicción en casos iniciados por las Unidades Fiscales de Salta y Jujuy, a fin de profundizar las investigaciones y colaborar frente al incremento del trabajo que representa la aplicación del nuevo sistema.

Ley 27.502

En abril de 2019, se sancionó la ley que dispuso la creación de mesas de intercambio de información entre distintos actores en las provincias que hayan adherido e implementado la ley 26.052, que establece la desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes. Cabe recordar que la transferencia de delitos involucra principalmente los casos de tráfico de estupefacientes cuando se encuentra destinado al consumidor (“narcomenudeo”), además de los casos de tenencia simple y para consumo personal. El objetivo de las mesas de trabajo es intercambiar criterios de política criminal en torno a las pesquisas y compartir toda la información relacionada con las causas e investigaciones en curso.

La ley constituye un avance en relación al trabajo de coordinación que viene desarrollando esta dependencia desde 2016 en aquellas jurisdicciones que optaron por la “desfederalización” de la investigación del microtráfico, con el objeto de mejorar la persecución penal. Tal es así, que esta procuraduría ha elaborado un plan de trabajo (aprobado por RES PGN 60/2019) para la implementación de lo dispuesto en la ley, donde se propone coordinar la labor de intercambio de información de dichas mesas y la adopción de las medidas necesarias para invitar a los restantes actores involucrados, en las provincias adheridas a la ley de desfederalización  y designando al titular de la PROCUNAR como Coordinador del MPF para el intercambio de información.

Enfoque de la persecución penal frente a la vulneración de derechos humanos

De acuerdo al informe, existen casos vinculados con el problema de las drogas que ameritan una actuación de la justicia que garantice la protección de los derechos humanos de las personas involucradas por sobre la persecución penal. En esos casos se trabajó con los fiscales de los casos -tanto en materia penal como no penal- para analizar las circunstancias concretas y establecer criterios que permitan un abordaje específico enfocado en el justiciable y la protección de sus derechos.

Más aún cuando se trata de los derechos de víctimas y de políticas públicas trascendentes, en cuyo resguardo el MPF cumple un rol fundamental al igual que en la aplicación de las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad. En este aspecto se destacan dos ejes en los que se ha trabajado durante el 2019: los amparos para el autocultivo de cannabis medicinal y la situación de víctimas de delito de trata de personas utilizadas para el tráfico de drogas.

Gestión de calidad

Desde comienzos de 2018, cuando se puso en marcha la implementación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) del MPF con la asistencia técnica del Programa de Calidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Procuraduría ha venido desarrollando pautas y formas de trabajo para optimizar los resultados en el cumplimiento de las funciones asignadas.

En PROCUNAR se aplicaron criterios de calidad, conforme la norma internacional ISO 9001:2015, en las investigaciones preliminares con el fin de mejorar sus resultados y proveer información de calidad a las fiscalías que reciben los expedientes judicializados. Puntualmente, se propuso aumentar la verificación de los datos que conforman la hipótesis delictiva, formulada en el dictamen en el que se solicita la formalización de la IP (toda vez que se determina la posible comisión de un hecho vinculado con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos) que es recibido por las fiscalías cada vez que una IP es judicializada.

Premio Nacional a la Calidad en la Justicia

En tal marco de implementación de normas y criterios de gestión de calidad, PROCUNAR se postuló -junto a la UFESE y en representación del MPF- al Premio Nacional de Calidad en la Justicia edición 2019, organizado por el Programa de Calidad de la Subsecretaría de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Este concurso premia la implementación de herramientas de gestión en los servicios de justicia con el objetivo de apoyar la modernización, la innovación, la accesibilidad a la información, la mejora en la atención y la agilización de los tiempos de respuesta en la gestión de organizaciones. La PROCUNAR recibió el “Diploma de Reconocimiento nivel Plata a la mejora”, en particular por las categorías de Liderazgo y Planificación.

Información estadística de causas de drogas

De acuerdo a los datos de la Plataforma Interactiva de Información Estadística de la PROCUNAR, lanzada en 2018, se observa que casi 4 de cada 10 causas iniciadas en 2018 en la justicia federal lo hicieron por tenencia para consumo personal.

En el informe anual se advierte que estas causas rara vez prosiguen su trámite a partir del criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Arriola”, y aunque no se cuenta con datos precisos, es posible afirmar que la gran mayoría de estas son archivadas inmediatamente después de su ingreso al sistema de justicia, tanto federal como provincial. No obstante esto, y a pesar de que la Corte Suprema ya ha señalado la inconstitucionalidad de este tipo penal en aquel fallo -cuando no existe trascendencia a terceros-, no puede dejar de señalarse el elevado volumen de causas iniciadas en las que sólo se investigan conductas de tenencia para consumo personal, de acuerdo a lo que surge de la Plataforma Interactiva de esta PROCUNAR y datos recabados de ministerios públicos provinciales.