03 de diciembre de 2021
03 de diciembre de 2021 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Lo reclamó el fiscal general Diego Velasco al finalizar su alegato
Piden 17 años de prisión para “Marcos” Estrada Gonzáles y condenas para otros 37 acusados
Fue encontrado como el organizador de una organización narcocriminal que operaba en el barrio Padre Ricciardelli del Bajo Flores. La fiscalía reclamó también 13 años para su pareja Silvana Salazar y 4 años y medio para su suegra Lily Alarcón, además del decomiso del dinero y bienes secuestrados durante la investigación.

El fiscal general Diego Velasco pidió hoy condenas para 38 personas al considerar probado que integraron una organización narcocriminal liderada por Marco Antonio Estrada Gonzáles, para quien reclamó 17 años de prisión, que operaba en el barrio Padre Ricciardelli del Bajo Flores. La solicitud se produjo al término de su alegato ante el Tribunal Oral Federal N°3, que había comenzado en una audiencia celebrada la semana pasada. La fiscalía contó con la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

El debate se reanudó de manera virtual pasadas las 10 de la mañana, mediante una plataforma provista por el Consejo de la Magistratura de la Nación. Parte de los acusados siguieron el alegato desde sus lugares de detención en Ezeiza, Marcos Paz y Devoto. La audiencia fue retransmitida en directo mediante YouTube y terminó pasadas las 15.

Acompañando su exposición con diapositivas, audios y transcripciones de conversaciones, el representante del Ministerio Público Fiscal dividió el alegato en dos sectores: el primero, el viernes pasado, ahondó sobre la venta de cocaína y pasta base. Y durante la jornada de hoy se detallaron los grados de participación en los hechos y los vínculos entre los imputados, que conformaron tres “gerencias”:

a) de custodia y contacto con las drogas, en relación a hechos que tuvieron lugar hasta 2017, y la preparación de los pedidos. La forma de comunicación se daba generalmente mediante SMS: hoy hay chamba”, era el aviso;

b) para la entrega y rendición semanal del dinero, por un monto cercano a los 14 millones de pesos producto de las ventas en turnos de 28 días. “También tenía sus protocolos”, graficó el fiscal. Por ejemplo, los teléfonos utilizados para esos fines eran cambiados periódicamente; parte de la prueba valorada, incluso, fueron dos cuadernos con anotaciones y montos de las operaciones. Los imputados aludían a esas rendiciones como “boletas” o “desayunos”.

Ese aspecto del negocio requería del cambio de pesos a euros, mediante la sucursal de una agencia de remesas.

c) las jefaturas intervinientes en cada “turno”. El fiscal general señaló que la relación de superioridad se acreditaba reiteradamente en las conversaciones vía mensaje de texto y telefónicas, en las que “Marcos”, junto a su pareja Silvana Salazar -para quien se solicitaron 13 años de prisión-, ordenaba los montos y cuándo debían ir a rendirle el dinero producto de las ventas en la villa 1-11-14. En esa línea, se reparó en una serie de inmuebles y vehículos a nombre de otras personas, cuyo dominio en realidad correspondería a la pareja.

En un tramo de su alegato, Velasco reparó en que Lily Enríquez Alarcón -suegra de “Marcos”- realizó tareas tras la detención de su yerno en diciembre de 2016, bajo sus directivas; incluso mantenían conversaciones, ya que la “actividad continuaba vigente”.

"Hubo crisis económicas, cambios de gobierno, pero acá nada cambió", señaló el fiscal en su alegato.

“Hubo crisis económicas y cambios de gobierno, pero desde el 2009 a 2017, al menos, nada cambió acá”, graficó la fiscalía. “Se juzga el crimen organizado, que comercializaba estupefacientes a gran escala”, sopesó. Y evaluó que hubo “una correlación absoluta entre las imputaciones y la acusación” culminada hoy.

Velasco también instó al decomiso del dinero y vehículos secuestrados en los allanamientos realizados durante la instrucción de la causa.

Las penas solicitadas

El pedido del representante del MPF fue mayormente de condenas. No obstante, se postularon tres absoluciones al considerar que no se demostró la responsabilidad en los hechos, y una cuarta por el fallecimiento del imputado. Asimismo, en función de sentencias en procesos anteriores, en algunos casos se pidió la unificación de las condenas. Respecto a Estrada Gonzáles y Salazar, en 23 años y 18 años de prisión respectivamente.

Las penas más altas que le siguen fueron para Jair Danny Aguilar Fernández (12 años y medio), Gladis Santos Carhuachin (12 años), Andy Yovanny Andrés Jauregui (11 años), Manuel Guillermo Vega Tello (9 años y medio), Freddy Lloclla Carpio, Carlos Alexis Aguirre Becerra, Manfer Abel Noriega Narro (9 años), Luis Federico Donayre Santa Cruz (8 años y medio), José Luis Monge Berrocal, Virginia Esperanza Santos Carhuachin, Juan Fernando Colona Risco, Javier Leandro Reyes y César Augusto Reyes Zubieta (7 años).

Asimismo, el petitorio incluyó otras condenas de seis años y medio hacia abajo; algunas, de ejecución condicional. Por otra parte, para la madre de Salazar, Lily Enríquez Alarcón, se requirieron cuatro años y medio de prisión.

El juicio continuará el viernes que viene, jornada en la que comenzarán los alegatos de las defensas.