07 de diciembre de 2022
07 de diciembre de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Durante la visita a la ciudad de Mendoza, el pasado lunes y martes
El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, suscribió un acuerdo de cooperación con el MPF de la provincia de Mendoza
Además, se reunió con los Fiscales Federales de Primera Instancia y ante los Tribunales Orales Federales de San Luis, San Juan, San Rafael y Mendoza.

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, suscribió junto al procurador general ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Alejandro Luis Alberto Guille, un acuerdo específico de cooperación entre ambos organismos. Además, durante su visita a la provincia cuyana, se reunió con los Fiscales Federales de Primera Instancia y ante los Tribunales Orales Federales de San Luis, San Juan, San Rafael y Mendoza.

El lunes pasado, el procurador general junto a Juan Manuel Olima Espel, Juan Manuel Casanovas y Juan Pablo Ugarte -titulares de las Secretarías de Coordinación Institucional, Disciplinaria y Técnica, y de Administración y Recursos Humanos, respectivamente- mantuvieron un encuentro con los fiscales federales Francisco Maldonado, Cristian Rachid, Federico Baquioni, María Alejandra Obregón y Fernando Alcaraz –titulares de las Fiscalías Federales de Primera Instancia de San Juan, San Luis, San Rafael y Mendoza, respectivamente- y los fiscales generales Dante Vega, María Gloria André y Mónica Spagnuolo, respectivamente a cargo de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, ante los Tribunales Orales Federales de Mendoza y ante el Tribunal Oral Federal de San Luis.

Convenio

Asimismo, el martes el jefe de los fiscales federales suscribió el “Acuerdo Específico de Cooperación entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Ministerio Público Fiscal de Mendoza”, en el que ambos organismos acordaron profundizar su mutua colaboración en materia de cooperación internacional.

Ello, en el mismo sentido del convenio celebrado en abril de 2014, en el que ambos organismos acordaron coordinar esfuerzos para el desarrollo y cumplimiento de sus respectivas misiones y funciones de investigación criminal, asistencia a la víctima y promoción de la actuación de la justicia en general.