22 de agosto de 2019
22 de agosto de 2019 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Esta mañana en la sede de la Legislatura porteña
El Ministerio Público Fiscal participó del XI Consejo Federal  para la Lucha Contra la Trata
El procurador general Eduardo Casal participó de la apertura del evento junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano; el vicepresidente de la Legislatura Porteña, Francisco Quintana; la subsecretaria de Promoción Social, Agustina Señorans; y la Coordinadora Nacional del Consejo Federal para la Lucha Contra la Trata, María Fernanda Rodríguez.

Esta mañana, en la Legislatura porteña ubicada en Perú 160, el Ministerio Público Fiscal de la Nación participó de la XI Consejo Federal Para La Lucha Contra la Trata de Personas que por primera vez se realizó en la Ciudad de Buenos Aires.

En la apertura estuvieron presentes el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, German Garavano; el vicepresidente primero de la Legislatura Porteña, Francisco Quintana; la subsecretaria de Promoción Social, Agustina Señorans; y la coordinadora nacional del Consejo Federal para la Lucha Contra la Trata, María Fernanda Rodríguez.

“Desde el MPF siempre seguimos con mucho interés las reuniones del Consejo y los avances que se lograron con todas las organizaciones que coordinan las actividades en pos de la persecución, prevención, sanción y reparación en los casos en lo que se persigue el delito de trata de personas”, señaló Casal. En esa línea, destacó el trabajo coordinado y el intercambio de información que se viene realizando entre el MPF, y los ministerios de Seguridad y de Justicia, que se  tradujo en “una participación muy activa” para todo lo vinculado al proyecto de ley de fondo de asistencia a víctimas de este delito, iniciativa que ingresó al Congreso en octubre del año pasado.

“Este proyecto de ley apunta a una tercera etapa que es reparar a las víctimas, en la medida de lo posible, teniendo más y mejores herramientas”, añadió. "Particularmente, esta reunión busca analizar y avanzar en este proyecto de ley y a la vez difundir herramientas que son de gran utilidad como la Guía Práctica para Allanamientos, que fue publicada en diciembre del año pasado”, describió.

En la XI Reunión también asistieron representantes del Poder Ejecutivo, de diversos Ministerios nacionales y provinciales;  de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre otros funcionarios nacionales y provinciales. También asistieron los jueces federales Sebastián Casanello y Zunilda Niremperger.

La jornada continuó con el desarrollo de las Comisiones Técnicas de trabajo sobre la investigación de este tipo de delitos, coordinada por Carolina Barone, del Ministerio de Seguridad; y la de decomiso, que estuvo coordinada por la cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas ( Protex), Alejandra Mángano. El fiscal general y cotitular de la procuraduría especializada, Marcelo Colombo, también participó de la jornada.

En ese marco, la cotitular de la Procuraduría de Criminalidad Económica (Procelac), Laura Roteta, expuso acerca de lo fundamental que es visibilizar la dimensión económica que tiene específicamente el delito de trata de personas y la importancia de investigar el delito de lavado de activos en estos casos.

“Estas organizaciones funcionan como empresas. Es la lógica de obtener un lucro a través de la comisión de delitos que son sumamente actuales y veloces. Mientras estamos investigamos están sucediendo. El lavado y el recupero de activos van de la mano y el decomiso es una herramienta fundamental. Investigar el lavado como un delito autónomo permite averiguar qué hicieron estas empresas con este dinero de origen ilícito”, aseguró Roteta. Y continuó: “El gran problema que observamos nosotros es que  aún no se visibilizó que la trata de personas es un gran negocio ya que produce cifras millonarias que se mueven anualmente por todo el mundo”.

Luego, la cotitular de Procelac mencionó que existen cerca de 23 sentencias  por el delito de lavado de activos y una sola encuentra como precedente el delito de trata. “La pregunta es cómo hacemos para revertir esta situación y  para eso es necesario visibilizar este fenómeno”, enfatizó. “Las ventajas de investigar el lavado de activos nos va a permitir socavar el poder económico de estas organizaciones criminales. Perseguirlo de manera temprana favorece la investigación del delito de trata. Además, otro gran desafío es lograr una buena coordinación a nivel internacional, local y entre todos aquellos que nos estamos dedicando a estas cuestiones”, afirmó.

Por último,  destacó la relevancia de trabajar de manera coordinada también dentro del MPF. “Cada vez crecen más las sumas de dinero provenientes de estos delitos y estamos obligados a mostrarlo. Para poder tener cada vez más casos aún hay que visibilizar y tener espacios de articulación porque estamos ante un cambio de paradigma en las investigaciones penales en general”, concluyó. En forma coincidente, el fiscal federal Franco Picardi subrayó la necesidad de garantizar el trabajo articulado del MPF a la hora de dar una respuesta efectiva frente a este tipo de criminalidad organizada.

Durante la jornada también se llevó a cabo el sorteo de las tres nuevas organizaciones no gubernamentales, representantes de la Sociedad Civil, que participarán de las próximas reuniones del consejo.

El Consejo Federal -creado en virtud de la Ley 26.842 y que comenzó a sesionar en el año 2016- busca articular y coordinar las acciones de prevención, investigación, persecución, sanción y asistencia que, en materia de trata y explotación de personas, desarrollan distintos organismos estatales. Asimismo, se trata de un espacio federal en el que se encuentra representada también la sociedad civil, a través de la incorporación rotativa de tres organizaciones no gubernamentales dedicadas a la lucha contra la trata de personas.

Las sesiones que lleva adelante el Consejo tienen por objetivo revisar las instancias de implementación y articulación de las políticas en esta materia, así como la de consensuar y proponer a las autoridades correspondientes las políticas públicas y de persecución penal que tiendan a fortalecer la lucha contra este fenómeno de criminalidad organizada.