La fiscal federal cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Alejandra Mángano, y la auxiliar fiscal Jesica Racki, de la Fiscalía General N°3 ante los TOF de la Capital Federal -que encabeza Gabriela Baigún, quien se encontraba de licencia por razones médicas-  solicitaron hoy al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 que condene a Emmanuel Carlos “Camus Hacker” Ioselli y a Gastón Rubén Favale a las penas de 13 y 20 años de prisión, accesorias legales y costas, respectivamente, imputados por haber ensamblado una estructura dedicada a reclutar adolescentes en situación de vulnerabilidad para someterlas a la producción de materiales de representación sexual para su posterior distribución, comercialización y publicación, entre abril de 2016 y el 8 de junio de 2018. Las representantes del MPF requirieron además la reparación económica de las seis víctimas, que al momento de los hechos eran menores de edad, y el decomiso de varios dispositivos digitales secuestrados a los acusados.

La acusación

En su alegato, la fiscal Mángano y la auxiliar fiscal Racki señalaron que Favalle y Ioselli montaron una estructura destinada a reclutar a diferentes menores de edad en situación de vulnerabilidad, para someterlas a sesiones de fotografía pornográfica para su posterior divulgación, comercialización y/o publicación en distintos sitios de Internet y redes sociales.

Para lograr la captación, los imputados se presentaban como productores de televisión o miembros de agencias de modelos y les ofrecían propuestas engañosas, dinero, teléfonos celulares o útiles escolares. También utilizaban a sus víctimas para captar a otras niñas.

Según la fiscalía, Ioselli y Favale se aprovechaban de la condición de vulnerabilidad de las víctimas y las amenazaban para lograr su consentimiento para continuar con las sesiones fotográficas.

En virtud de todo ello, las representantes del MPF solicitaron a los jueces Sabrina Namer, Néstor Costabel y Rodrigo Giménez Uriburu que condenen a Ioselli y Favale como coautores del delito de trata de personas en su modalidad de captación agravado por haber mediado engaño, amenazas y abuso de la situación de vulnerabilidad, por tratarse de más de tres víctimas, por haberse consumado la explotación y por tratarse de víctimas menores de 18 años, reiterado en seis casos; y por el delito de abuso sexual simple en perjuicio de una de las adolescentes.

Según la fiscalía, Ioselli y Favale se aprovechaban de la condición de vulnerabilidad de las víctimas y las amenazaban para lograr su consentimiento para continuar con las sesiones fotográficas.

También pidió la condena de Favale como autor del abuso sexual doblemente agravado por haber mediado acceso carnal y resultar un grave daño a la salud física y mental de la víctima, en relación a otra de las jóvenes.

Por otra parte, la fiscalía requirió, en los términos de la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, que se hiciera lugar a la reparación económica en favor de las seis víctimas, por montos que van entre los $32.657,93 y los $163.287,16, como también se las indemnice por el daño moral sufrido por los hechos, por sumas de entre 1,5 y 2, 5 millones de pesos. Por otra parte, pidieron el decomiso de los teléfonos celulares, cámaras de video y fotografía, dispositivos de almacenamiento digital, computadoras, máquinas para minar criptomonedas y otros objetos incautados en los allanamientos del 8 de junio de 2018, como también que se procediera a la destrucción del material sensible que involucra a las víctimas.

El caso

En octubre de 2017, la Asesoría General del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informó a la PROTEX respecto de una posible situación de trata de personas con fines de explotación sexual sufrida por una joven menor de edad. Así, la cotitular de la PROTEX y responsable de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°12 de la Capital Federal, Alejandra Mángano, inició la investigación -en la que también asistió la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC)- que culminó con las detenciones de Ioselli y Favale.

De acuerdo a las pruebas recabadas, los dos hombres interactuaban, a través de redes sociales, con adolescentes en situación de vulnerabilidad, a quienes les ofrecían “sesiones de modelaje” a cambio de dinero. Así, concertaban encuentros para realizar las pruebas fotográficas en el hotel alojamiento “Los Lirios”, ubicado en el barrio porteño de Villa del Parque.

De acuerdo con la acusación, en una de esas sesiones, donde las jóvenes eran obligadas a posar con poca ropa o desnudas, Favale realizó “tocamientos inveracundos sobre el cuerpo desnudo” de una de las chicas y luego la forzó a mantener relaciones sexuales.

También se acusó a ambos imputados de haber amenazado a las víctimas con publicar sus fotografías en Internet o enviárselas a sus familiares, para asegurar su sometimiento. En este sentido, el Ministerio Público Fiscal señaló que Favale y Ioselli tuvieron responsabilidad en la distribución, publicación y comercialización del material fotográfico de las víctimas en distintos sitios webs de internet y redes sociales.