El titular del Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata, Santiago Inchausti, hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y ordenó que el local donde funcionaba el prostíbulo "La Posada" -embargado en el marco de la causa que se le sigue a dos personas por lavado de activos procedentes del delito de trata de personas- sea puesto bajo custodia y conservación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que lo alquile y se utilice el producto de la renta en la reparación de las víctimas.

El juez ordenó que la AABE, "en el marco de las facultades con que se encuentra investida, deberá proceder al alquiler del mismo a valor de mercado y realizar todos los actos necesarios para el seguimiento de la custodia y conservación del bien, debiendo depositar las sumas consecuentemente obtenidas en una cuenta a nombre del juzgado a efectos de que, en caso de recaer condena, puedan ser destinadas a la reparación de las víctimas".

El magistrado dictó la orden para “proporcionar la protección y reparación que eventualmente corresponda a las víctimas por los daños sufridos”, en consonancia con lo establecido por la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

La orden judicial, dictada el viernes pasado, también dispone que la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de General Pueyrredón y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de modo coordinado, constaten las condiciones en que se encuentra el exterior del inmueble, ubicado en la calle 11 de septiembre nº 3026/3028/3030, y disponga los medios pertinentes para el cerramiento de su acceso.

Según consignó el juez al dictar la orden, la medida de preservar el bien y obtener una ganancia de su alquiler para la reparación de las víctimas tiene en cuenta "el avanzado estado del proceso", pues el 9 de marzo pasado el magistrado dictó en esta causa los procesamientos de Aníbal Raúl Ramón Soria y María del Carmen Castrege como coautores de lavado de activos provenientes del delito procedente de trata de personas, trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 100 millones de pesos y prohibió su salida del país.

Soria -quien al igual que Castrege transita el proceso en libertad- aguarda actualmente que un tribunal lo juzgue por el delito de trata de personas, luego de que fuera absuelto en 2017 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata y que, al año siguiente, la Cámara Federal de Casación revirtiera el fallo y ordenara la realización de un nuevo debate.