El titular del Juzgado Federal Nº3 de Mar del Plata, Santiago Inchausti, ordenó la clausura de la instrucción y la elevación a juicio oral de la causa contra siete personas acusadas de trata de personas en el prostíbulo “La Posada”. Luego de los allanamientos realizados en 2012, se pudo constatar que en la vivienda de 20 de Septiembre 3532 los imputados alojaban en precarias condiciones a una gran cantidad de mujeres, en su mayoría de nacionalidad paraguaya, quienes todos los días eran trasladadas en taxis o combis al local nocturno, ubicado en 11 de Septiembre 3030, para ser explotadas sexualmente en el hotel lindero “El Paraíso”, propiedad de la misma organización.

De acuerdo a la investigación dirigida por la Fiscalía Federal Nº2, a cargo de Pablo Larriera, con la coadyudancia de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo del fiscal Marcelo Colombo, se detectó que tanto el local nocturno ubicado en 11 de Septiembre 3030 (casi La Rioja), como el hotel lindante Paraíso, propiedad de la firma DIELUC S.A., “conformaban una unidad comercial para que el negocio de la prostitución fuese más redituable y atractivo para los ocasionales clientes, pues en La Posada, las mujeres eran ofrecidas como mercancías a los ocasionales clientes, y posteriormente sometidas al ejercicio de la prostitución a pocos metros en el hotel”.

Además, se acreditó la conformación de una organización delictiva con división de roles entre sus miembros, “que obtendría importantes beneficios económicos a partir de la explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad, las que serían consideradas, en los hechos, como un ‘recurso’ o ‘insumo’ que, desde hacía años, venía siendo ‘importado’, de manera sistemática y en número significativo, desde la República de Paraguay, valiéndose para ese objetivo de la larga experiencia e infraestructura que la propia organización poseía”.

De los ocho imputados, siete son lo que llegarán a juicio oral, dado que Juan Carlos Motillo, quien habría estado a cargo de organizar y regentear el prostíbulo, falleció el año pasado. De esta manera, deberán sentarse en el banquillo de los acusados la expareja de Motillo, Alicia Acevedo Galeano, quien habría sido la encargada de viajar a Paraguay para reclutar a las víctimas; María del Carmen Castrege y su esposo Aníbal Soria, quienes habrían sido los financistas de la organización, y cuatro empleados del lugar que cumplían tareas de seguridad, barman y organizadores: Gabriel Carmona, José Aníbal Patroni, Humberto Scarpetta, y Ariel Spaltro.

Según Larriera, el lugar tenía una aceitada “dinámica de enriquecimiento económico”: “Por año, podían llegar a facturar entre 4 y 4,5 millones de pesos”, sostuvo. El fiscal afirmó que existen indicios que confirmarían que que la explotación comenzó en 2005 y continuó hasta por lo menos agosto de 2008, cuando se realizaron los primeros allanamientos.