La cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Alejandra Mángano, participó de la IX reunión del “Consejo Federal Para la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas” que se llevó a cabo el 4 y 5 de octubre en la ciudad de Mendoza. Asimismo, en representación del Ministerio Público Fiscal asistieron el titular de la Fiscalía Federal N°2 de Mendoza, Fernando Alcaraz y la responsable de la Dirección General de Recuperación de Activos y decomiso de bienes (DGRADB) de la Procuración General de la Nación, María del Carmen Chena.

En las jornadas también estuvieron presentes la subsecretaria de Acceso a Justicia y coordinadora nacional del Consejo, María Fernanda Rodríguez; la vicegobernadora de la provincia de Mendoza, Laura Montero; representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación;  de la cartera de Seguridad; del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda; de las Secretarías de Producción y Trabajo; y de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SeNNAF) en representación del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia; y Zunilda Niremperger -jueza federal de Resistencia, Chaco-, Santiago Inchausti –juez federal de Mar del Plata- y Julián Ercolini y Sebastián Casanello, -jueces federales de la Capital Federal-.

Se contó además con la asistencia de representantes de 16 jurisdicciones -15 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, así como con la de las ONG "Fundación volviendo a casa"; "Asociación Civil Observatorio Social" y "Fundación Adoptar", que actualmente forman parte del Consejo.

Como observadores permanentes estuvieron: la Defensoría del Pueblo de la Nación; la Organización Internacional para las Migraciones (OIM); la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas.

En la apertura de la IX Reunión se anunciaron medidas llevadas adelante por los miembros del Consejo; a saber:

1. El ingreso al Congreso de la Nación del proyecto de Ley de creación del Fideicomiso Público de Administración;
2. La elevación a Jefatura de Gabinete de Ministros del Primer Informe Anual de Gestión del Consejo Federal;
3. La reciente aprobación de la Guía de Buenas Prácticas para la Realización de Allanamientos en la Investigación de los Delitos de Trata y Explotación de Personas;
4. La puesta en funcionamiento de la página web del Consejo Federal en el sitio Argentina.gob.ar.

El Consejo Federal -que fue creado en virtud de la Ley 26.842 y comenzó a sesionar en el año 2016- busca articular y coordinar las acciones de prevención, investigación, persecución, sanción y asistencia que, en materia de trata y explotación de personas, desarrollan distintos organismos estatales. Asimismo, se trata de un espacio federal en el que se encuentra representada también la sociedad civil, a través de la incorporación rotativa de tres organizaciones no gubernamentales dedicadas a la lucha contra la trata de personas.

Las sesiones que lleva adelante el organismo tienen por objetivo revisar las instancias de implementación y articulación de las políticas en esta materia, así como la de consensuar y proponer a las autoridades correspondientes, las políticas públicas y de persecución penal que tiendan a fortalecer la lucha contra este fenómeno de criminalidad organizada.

En esta oportunidad, la cotitular de la PROTEX y la responsable de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), coordinaron la Comisión Permanente de Supervisión de la Unidad de Administración de Bienes Incautados y Decomisados, que sesionó en forma conjunta con la Comisión Permanente para la Investigación, Persecución y Sanción a los responsables del delito de trata de personas. Por unanimidad, se votaron y se aprobaron diversas propuestas entre las que se destacan:

1. Promover la efectiva participación de las víctimas durante el proceso judicial, que se puedan constituir en algunos casos como querellante y que se logre su reparación en el mismo caso;
2. Remitir comunicaciones a la CSJN y a la Cámara Federal de Casación Penal, para evaluar la aprobación de una acordada que señale buenas prácticas en torno a la restitución económica de víctimas;
3. Proponer al Ministerio Público Fiscal y a la Defensoría General de la Nación para que resuelvan en forma conjunta sobre la representación de víctimas, la posibilidad de instar la reparación integral en los casos y motivar los procesos de recupero de activos desde el inicio de la investigación;
4. Promover mecanismos de coordinación para la detección de casos de trata laboral a través de operativos conjuntos entre AFIP, los organismos de control laboral, la Dirección Nacional de Migraciones, la Fiscalía y los organismos de rescate;
5. Promover, a través del Consejo Federal, Procuradores, Defensores y Asesores Generales, la adhesión a la Guía de Buenas Prácticas para la Realización de Allanamientos en la Investigación de los Delitos de Trata y Explotación de Personas.