La Unidad Ejecutiva del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata de Personas, a cargo de Pablo Barbuto, le informó a los titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, que desde la puesta en funcionamiento del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata de Personas, se realizó el pago de restituciones económicas a 45 víctimas del delito de trata de personas.

Desde la PROTEX señalaron que esta cifra resulta significativa ya que demuestra el reconocimiento efectivo del derecho a la reparación de las víctimas de trata de personas y explotación como medida reparatoria respecto al estado anterior a la comisión del delito.

Por otro lado, desde la procuraduría especializada resaltaron también que sobre el total de las sentencias condenatorias dictadas por tribunales federales por el delito de trata de personas o sus delitos conexos con posterioridad a la sanción de la Ley 27.508 en julio del año 2019, se identificaron 552 víctimas y a 315 de ellas se les ordenó una restitución económica (aunque esta no se encuentre efectivizada en todos los casos al día de la fecha). Además, en 41 sentencias sobre un total de 139 se dispusieron decomisos de bienes o dinero que permitieron hacer frente a esas reparaciones.

Para la PROTEX, en los casos donde se efectivizó la restitución a las víctimas fue clave el mecanismo de trabajo generado junto a la Unidad Ejecutiva, siendo este el organismo al que debe informarse el dictado de las sentencias judiciales para que luego pueda impartir las instrucciones de pago al Banco Argentino de Desarrollo (BICE), encargado de administrar las cuentas del Fondo Fiduciario.

Según la normativa, una vez que el tribunal comunica el dictado de una sentencia por trata y/o explotación de personas a la Unidad Ejecutiva, debe depositar en las cuentas del Fondo Fiduciario el dinero líquido decomisado (si es que éste no fue transferido antes, durante el trámite del proceso judicial).

Respecto de los bienes muebles e inmuebles decomisados, el tribunal deberá solicitar a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) su enajenación y depositar su producido en las cuentas del Fondo Fiduciario. Finalmente, la mencionada Unidad Ejecutiva (con colaboración de los organismos de asistencia) realiza el contacto con las víctimas para concretar los pagos.

Otro aspecto que destacó la PROTEX es que, en uno de los casos, el pago a la víctima se efectuó con fondos remanentes disponibles en las cuentas del Fondo Fiduciario. “Allí radica especialmente la importancia de su funcionamiento y subsistencia, ya que la disponibilidad de dinero líquido permite adelantar pagos a las víctimas de casos donde, por ejemplo, tengan pendientes subastas de bienes (conforme lo establece el artículo 7 del de la reglamentación del régimen del Fondo Fiduciario Público). De este modo, se evita una demora en el acceso a la reparación de parte de las víctimas”, aseguraron.

En esa línea, afirmaron que, al día de hoy, la Unidad Ejecutiva efectivizó todos los pagos de restitución a víctimas que los Tribunales Federales comunicaron en instancia de ejecución de sentencia.

En definitiva, sintetizaron que la puesta en marcha del Fondo permite que las víctimas reciban un auxilio económico para reparar el daño sufrido y de este modo contrarrestar los factores de vulnerabilidad.

Reparación a víctimas

En octubre del 2021 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación junto al BICE puso en funcionamiento el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata de Personas tras la firma del contrato de fideicomiso de administración.

El fideicomiso tiene como objetivo la efectivización de las restituciones y reparaciones económicas que correspondan a las víctimas como medida destinada a volver las cosas al estado anterior al delito. El referido Fondo fue dispuesto por la Ley 26.842 que incorporó el actual artículo 27 de la Ley 26.364 de "Prevención y Sanción de la Trata de Personas".

En 2019, en el marco de la Ley 27.508, se creó el fondo de Asistencia a las víctimas de trata, que fue reglamentado por el decreto 844/19. La ley establece el deber de reparación a las víctimas de trata: las sentencias condenatorias o resoluciones equivalentes deberán ordenar en todos los casos las restituciones económicas que correspondan a la víctima.

Es importante destacar que el destino de los bienes decomisados, aun cuando superen los montos de las restituciones acordadas judicialmente, es el de integrar el Fondo Fiduciario para cubrir la restitución de víctimas de casos en los que los imputados sean insolventes y en los que no hubiera sido posible el decomiso (solidaridad). Por esta razón el destino debe ser garantizado en todos los casos hacia el fondo de víctimas.

Por último, desde la PROTEX resaltaron que es relevante recordar que el Ministerio Público Fiscal de la Nación forma parte activa del “Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las víctimas” desde su primer encuentro, realizado el 23 de junio de 2016. En el año 2017 se creó la “Comisión Permanente de Supervisión de la Unidad de Bienes Incautados y Decomisados”, cuya coordinación se encuentra a cargo de la PROTEX junto con la invaluable colaboración de la Dirección General de Recupero de Activos (DGRADB) del MPF que ha acompañado en el diseño y ejecución de todas las propuestas relativas a esta área de trabajo del Consejo Federal.