26 de noviembre de 2021
26 de noviembre de 2021 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Ante el Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional
Denuncias, investigaciones, asesoramiento y colaboraciones: la PROCUVIN presenta un informe sobre su actuación durante la pandemia
En el último año y medio la procuraduría adaptó sus estrategias de trabajo para mantener el contacto habitual con las personas víctimas de violencia institucional, tanto en los ámbitos carcelarios como con quienes son abordadas por las fuerzas de seguridad y policiales. La difusión de derechos y el relevamiento de información también formaron parte de las tareas en el periodo.

La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) cumplió en marzo ocho años en funciones, desde su creación en 2013. Y en vísperas del Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional que se conmemora todos los 8 de mayo en el aniversario de la “Masacre de Budge”, la dependencia especializada del Ministerio Público Fiscal a cargo de Héctor Andrés Heim presenta un informe estadístico sobre su actividad en el contexto de pandemia.

El trabajo compila datos sobre los motivos que dieron origen a la PROCUVIN; sus objetivos, competencias y facultades, entre otras aristas. En materia estadística, el recorrido del documento se inicia con el dictado, en marzo del año pasado, del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Las disposiciones del DNU 260, señaló la PROCUVIN, presentaron “un desafío para la custodia de los derechos de la población y obligó a un posicionamiento activo para prevenir y denunciar a los posibles excesos que las fuerzas de seguridad pudieran cometer al momento de hacer cumplir el decreto”.

Ante ello, el área implementó una serie de estrategias de trabajo “con el objetivo de mantener el contacto habitual con las personas víctimas de violencia institucional tanto en los ámbitos carcelarios como las poblaciones factibles de ser abordadas por las fuerzas de seguridad”.

Las líneas de acción versaron principalmente en torno a:

  • la elaboración de un instructivo para dar conocer las facultades y límites a la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad en el marco del ASPO. Por un lado, el trabajo apuntó a ubicar su rol en el marco del ASPO y el alcance de su actuación; y, por otro, a reforzar la comunicación de los derechos que tienen las personas ante un control policial en vía la pública y los canales disponibles para denunciar.
  • la habilitación de líneas telefónicas con cobro revertido y de canales electrónicos para la recepción de consultas y denuncias. Durante 2020 se recibieron, por correo electrónico y vía telefónica, 95 contactos vinculados con el accionar de fuerzas de seguridad; 31 de ellos dieron lugar a la radicación de denuncias penales; mientras que en 5 casos se inició una investigación preliminar (IPS); en los restantes se brindó asesoramiento y/u orientación. En lo que va del 2021 fueron 22 consultas, de las cuales 5 dieron lugar a denuncias penales y una al inicio de una IP.
  • la canalización de reclamos y denuncias ante los organismos competentes.

En términos generales, el documento refiere que si bien en algunos casos recibidos la PROCUVIN no tenía competencia directa por tratarse del accionar de fuerzas provinciales, se estableció contacto con todas las personas denunciantes, se asesoró a las víctimas y, en caso de corresponder, se radicaron las denuncias correspondientes.

Las consultas receptadas, en su gran mayoría, dieron cuenta de situaciones de hostigamiento y de accionar abusivo por parte de las fuerzas de seguridad sobre las personas que por diversos motivos se encontraban circulando en la vía pública. El relevamiento incluso da dos ejemplos concretos de esa índole.

Las consultas receptadas, en su gran mayoría, dieron cuenta de situaciones de hostigamiento y de accionar abusivo por parte de las fuerzas de seguridad sobre las personas que por diversos motivos se encontraban circulando en la vía pública

Por otra parte, como producto del contacto de la procuraduría con las fiscalías nacionales y federales, en el periodo intervino en 59 causas, 21 de las cuales fueron delegadas en PROCUVIN, en tanto que en 32 de ellas se brindó colaboración mediante propuestas de cursos de acción y medidas de prueba, entre otros actos procesales.

Medidas urgentes en el contexto de encierro
El informe resaltó que el ASPO “afectó las actividades de monitoreo de establecimientos carcelarios regularmente implementadas por PROCUVIN, tanto por las restricciones iniciales a la circulación, como por el riesgo de introducir el COVID-19 a los espacios que albergan un colectivo de por sí, vulnerable”. En ese marco se instrumentaron medidas urgentes para mantener el vínculo con las personas privadas de la libertad, que tuvieron particularmente en cuenta que no se produjeran interrupciones en el flujo comunicativo, ya que las restricciones que se habrían de aplicar “tendrían un impacto notable en la población penitenciaria, al verse privadas y privados de tener contacto directo con sus afectos y allegados, por la prohibición de las visitas de todo tipo”.

Así, se reforzó el sistema de atención telefónica de cobro revertido del que dispone PROCUVIN, lo que permitió “canalizar y gestionar las demandas de aquellas y aquellos que debían permanecer en encierro”. Junto con los relevamientos diarios de casos en cada establecimiento federal, la medida condujo a tener conocimiento “en tiempo real de las situaciones que se dan, a partir de lo que comunica cada persona detenida y/o sus familiares”. Sobre ese punto el documento indica que durante 2020 se contactaron 240 personas detenidas, lo que redundó en cerca de 700 gestiones.

Durante 2020 se contactaron 240 personas detenidas, lo que redundó en cerca de 700 gestiones.

En paralelo, repasa el trabajo, se participó de las Mesas de Diálogo que propició la Subsecretaria de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El área a cargo de Heim calificó a esos espacios como “de suma importancia”, en tanto permitieron poder tener contacto a través de videollamadas con diversas Unidades Penitenciarias Federales. “La metodología utilizada consistía en que se convocaba a participar a varios internos de los distintos pabellones para que trasmitieran las demandas del resto de sus compañeros de pabellón, de esta forma dándoles la oportunidad de que cada uno se explayara sobre los temas de interés a resolver o modificar”. Por ejemplo, en 2020 de realizaron con las unidades 6, 11, 35, 13, 25, 30, 14, 15, 5, 12 y CPF IV; y en lo que va del 2021 se llevaron a cabo reuniones con las unidades 4, 14, 15 y el CPF V.

Con motivo de los aspectos y situaciones expuestas por las personas privadas de libertad, se iniciaron 18 IP entre marzo de 2020 y marzo de 2021. Por otra parte, la procuraduría formalizó la presentación de 10 denuncias, y a solicitud de las fiscalías nacionales y federales respondió 19 pedidos de colaboración.

Difusión de datos e información
Asimismo, PROCUVIN comenzó a reunir las recomendaciones, disposiciones y protocolos que elaboraron los organismos locales e internacionales sobre la situación de la población privada de su libertad. Al respecto, la dependencia resaltó que “todos los documentos coinciden en afirmar que las personas privadas de su libertad en cárceles y en otros lugares de detención no sólo son más vulnerables a contraer la infección provocada por el COVID- 19 (debido a las condiciones de vida y el hacinamiento) sino que, además, son especialmente vulnerables a las violaciones de los derechos humanos”.

“La información sistematizada -continúa el trabajo- muestra el impacto diferencial que puede tener la expansión de la enfermedad dentro de los sistemas carcelarios y recomienda que las acciones de todas las instituciones involucradas y sus protocolos se orienten a extremar medidas de precaución, prevención, control y tratamiento de la enfermedad; identificar grupos de riesgo y reducir la población penitenciaria por medio de la emisión de medidas alternativas a la privación de la libertad y de la revisión de los casos de prisión preventiva; y protocolizar medidas alternativas que garanticen el cumplimiento de los derechos de las personas privadas de su libertad en el contexto del ASPO; entre otras cuestiones”.

En ese marco, la PROCUVIN relevó y difundió públicamente sus reportes sobre la población penal, de contagios de coronavirus y fallecimientos en el Servicio Penitenciario Federal, entre otras labores.