09 de diciembre de 2022
09 de diciembre de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El joven fue visto por última vez entre el 6 y 7 de octubre de 2014 en Rosario
Franco Casco: el estado de la causa a un año de la desaparición del joven
Franco Casco fue visto por última vez con vida en la comisaría 7ª de Rosario. El cuerpo fue encontrado 22 días más tarde, en el río Paraná. El caso es investigado en la justicia federal por el delito de desaparición forzada de personas e interviene el fiscal Santiago Marquevich, con la colaboración de Procuvin.

Franco Casco fue visto por última vez entre el 6 y el 7 de octubre de 2014 en la Comisaría 7ª de Rosario y no se supo nada más de él hasta que, el 30 del mismo mes, su cuerpo fue encontrado por la Prefectura Naval Argentina en el río Paraná. De acuerdo a lo que se pudo reconstruir desde que la familia del joven hizo la denuncia, Franco -de 20 años- había viajado a la ciudad santafesina para visitar a unos primos. El mismo lunes 6, había salido de la casa de sus familiares para abordar un tren que lo llevaría de regreso a Retiro, donde lo esperaba su madre, Elsa. Nunca llegó.

Al tomar conocimiento de que Franco no había vuelto, se presentó una denuncia en la Comisaría 20ª de Rosario y se inició una investigación por averiguación de paradero. Al día siguiente, su papá viajó hacia Rosario y se presentó en la Comisaría 7ª, donde le dijeron que Franco había estado el 6 a la noche, pero le negaron toda otra información.

El 12 de octubre, Elsa fue a Rosario desde su hogar en Florencio Varela para buscar a su hijo. En la Seccional 7ª, logró hablar con un comisario, pero en la denuncia refirió que mientras el funcionario policial le formulaba un relato bastante extraño sobre el motivo por el cual fue detenido Franco, se escuchaban murmullos en otra habitación que decían que los sucesos no habrían ocurrido como eran contados.

El responsable de la comisaría argumentó que el joven había sido aprehendido por atentado y resistencia a la autoridad, que “estaba drogado, como perdido, y que esto lo había corroborado un médico de la policía que lo había atendido”, y que finalmente fue liberado. Elsa continuó buscando a su hijo y formuló la denuncia ante una fiscalía provincial. Allí, días más tarde, le fueron exhibidas fotos de su hijo en las que se veía muy golpeado y un acta de libertad que, según la mujer, no fue suscripta por Franco.

La actuación del MPF

A un año de la desaparición de Franco, se está a la espera de los resultados de las distintas medidas ordenadas y llevadas adelante, con la intervención del fiscal federal de Rosario, Santiago Marquevich.

Desde que se supo del caso, la actividad de los representantes del MPF fue continua, coordinada y tuvo en cuenta no sólo el avance de la causa sino, también, el acompañamiento a la familia.

En este sentido, las primeras actuaciones datan del 30 y 31 de octubre del año pasado, donde la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) promovió que la investigación por la desaparición y muerte del joven se desarrollara en el ámbito de la justicia federal. Para esto, consideró que se trataría de una desaparición forzada de personas, delito que por su gravedad se encuentra en la competencia de la justicia federal.

A la vez, Procuvin había interpuesto un hábeas corpus en el que solicitaba una serie de medidas para dar con el paradero del joven. Entre las diligencias que había solicitado se encontraba un pedido a la Prefectura Naval para que informara sobre todas las actuaciones realizadas en relación con el hallazgo de un cuerpo en el Río Paraná, que finalmente sería el de Franco.

La denuncia presentada ante el juzgado Federal de Carlos Alberto Vera Barros había consignado que la desaparición forzada de personas “configura un fenómeno delictivo de gravedad que exige la definición de criterios de intervención eficaces, asociados al deber del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos fundamentales de las personas”. En ese sentido, añadieron que “las formas con que se imprime el ejercicio de la violencia ilegal o arbitraria aplicada por agentes estatales en ejercicio de su función, produce en las víctimas un conjunto de lesiones que importan acumulación de padecimiento, configurando graves violaciones a los derechos humanos que ameritan un abordaje integral”, lo que en “el caso del delito de desaparición forzada, esa ofensa múltiple se configura por la afectación a derechos esenciales e inderogables, individuales y colectivos”, señalaron entonces los fiscales que realizaron la presentación.

A partir de ello, el 16 de diciembre, el juez Vera Barros aceptó la competencia para intervenir en la causa por la muerte de Franco. Esto sucedería un día después del pronunciamiento de la Cámara Federal de Rosario. El tribunal de alzada debió intervenir luego de que el juez federal subrogante Marcelo Bailaque rechazara la competencia por la denuncia de Procuvin y la fiscalía ahora a cargo de Marquevich, que apelaron la decisión acompañados por la fiscal coordinadora de distrito de Santa Fe, Adriana Saccone.

Previo a esa decisión, a comienzos de diciembre, la procuradora general de la Nación había recibido a la familia de Franco. De ese encuentro, también participaron funcionarios de la Procuvin, el defensor general de Santa Fe, Gabriel Ganón, y representantes del Bodegón Cultural Casa de Pocho de Rosario. Entre otras cosas, Gils Carbó informó a los padres del joven el estado de la causa en aquel momento, además de poner a su disposición las distintas áreas con las que cuenta el Ministerio Público Fiscal, entre ellas la actual Dirección General de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas (DOVIC) y la Dirección General de Acceso Comunitario a la Justicia. También Gils Carbó les había expresado que la Procuvin estaba en permanente articulación con los fiscales federales de la jurisdicción.

Ya en julio de este año, a pedido del fiscal federal Marquevich, el juez dispuso la realización de una inspección ocular donde fue encontrado el cuerpo y se tomaron muestras fotográficas para hacer trabajos técnicos y comparativos. A la vez, se realizó un allanamiento en la comisaría 7ª de Rosario, donde se secuestraron computadoras, teléfonos celulares, libros de registro y documentación,  se tomaron distintas muestras para analizar y se clausuró la celda individual donde, según testimonios y pruebas, estuvo detenido Franco. En estos procedimientos participó la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación, y estuvieron presentes en todo momento el fiscal Marquevich, colaboradores de la fiscalía y personal de la DATIP.

Por otro lado, el 10 de julio -tres días más tarde de la inspección y el allanamiento-, se realizó una nueva autopsia al cuerpo de Franco. En esta medida participaron funcionarios de DATIP y Procuvin, en colaboración con Marquevich, quien había solicitado la medida. El objetivo era establecer la forma y circunstancias en las que se produjo la muerte de Casco.

Finalmente, el mes pasado, también ante la presencia del fiscal federal y funcionarios de Procuvin, se tomaron más de veinte declaraciones testimoniales que aportaron datos relevantes para la investigación.