03 de diciembre de 2021
03 de diciembre de 2021 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Inspección en el Complejo Penitenciario
Marcos Paz: las condiciones de alojamiento que llevaron a la clausura de un pabellón
La Procuvin hizo un pormenorizado relato del monitoreo realizado en el penal federal junto a funcionarios y funcionarias integrantes del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias. Encontraron graves violaciones de derechos humanos.

El titular de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin), Abel Córdoba, y los funcionarios de ese organismo Roberto Cipriano García, Ana Laura López y Sebastián Hilman, inspeccionaron el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz junto a los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos, Mariano Borinsky, Sergio Paduczak y Martín Vázquez Acuña, y el representante de la Defensoría General de la Nación, Germán Artola, con el objeto de monitorear las condiciones de detención.

La inspección se llevó a cabo en el marco de las actividades desplegadas por el Sistema de Coordinación y Seguimiento de control Judicial de Unidades Carcelarias, integrado por jueces, defensores y fiscales federales de diferentes instancias, funcionarios del Poder Ejecutivo, la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales, como miembro consultivo.

La comitiva recorrió varios pabellones del Complejo, constatando diversas situaciones de vulneración de derechos de las personas detenidas: excesivo tiempo de encierro, padecimiento de hambre de parte de los detenidos, aplicación de torturas y malos tratos especialmente en requisas violentas, deficiente atención médica y demandas de falta de acceso a la justicia. Cerca de la finalización de la visita, la Procuvin propuso recorrer el el Pabellón 7 del Modulo I.

En este lugar se registraron graves situaciones de violación de derechos humanos: aislamiento de los detenidos en tránsito o sancionados, por mas de 2 meses sin acceso a patio, falta de agua, retretes completamente inutilizados en la celda por lo que los detenidos debían defecar en bolsas de nylon y orinar en botellas plásticas. Asimismo se constataron serias anomalías en los expedientes de sanción, con actas firmadas por los funcionarios en blanco, sin determinar el tiempo de sanción o solicitudes de apelación de las sanciones no tramitadas.

Ante este cuadro, los funcionarios intervinientes dispusieron en ese momento “la clausura de todas las celdas del pabellón que no cuentan con las condiciones mínimas de habitabilidad en respeto de la dignidad humana” y el realojamiento de las personas en otros lugares.

Al término del monitoreo, los funcionarios judiciales dispusieron en un acta que se realice “a cada interno alojado en el pabellón indicado [en referencia al 7] un exhaustivo examen médico y psicológico, (…) el que deberá ser remitido al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias y al juez o tribunal a cuya disposición se encuentre detenido cada interno. También se deberá efectuar, en su caso, el diagnóstico y el tratamiento necesario”.

A las 17:40 de ese día, el director del complejo, José Ferezin, les hizo saber que dispuso el traslado de todas personas alojadas allí, ya que el pabellón fue clausurado para realizar las refacciones reclamadas.

Luego de la visita el presidente del tribunal de Casación, Gustavo Hornos, convocó al Jefe del Servicio Penitenciario Federal, Alejandro Marambio, a una audiencia que se celebró el lunes 23, en la cual se le plantearon los problemas observados y se le requirió que se implementen medidas tendientes a prevenir la reiteración de estos hechos.

Los testimonios y el escenario

A lo largo del recorrido por el complejo de Marcos Paz, que se llevó a cabo el viernes 20 de septiembre, los funcionarios entrevistaron a 22 personas detenidas, además de encontrar un panorama desolador en las instalaciones. Los testimonios son coincidentes:

- Las requisas (inspección de las celdas y pabellones) son realizadas violentamente, rompiendo las pertenencias de las personas, “golpeando todo” y dando palazos.

- Las torturas son una realidad. Una práctica es esposar, tirar gas pimienta y dar golpes de puño y patadas en el piso.

- La comida es escasa y de mala calidad. La califican como “incomible, imposible de digerir”. Pasan hambre varias veces a la semana; el día de la visita ya eran las 16:30 y no les habían llevado el almuerzo.

- La higiene personal y la limpieza son de las carencias más grandes: no se proveen los elementos necesarios; las duchas no funcionan (en el pabellón 6 del módulo III, por ejemplo, sólo se puede usar una de siete) y los inodoros están tapados, obligando en algunos casos a defecar en la celda dentro una bolsa de nylon.

Otro de los aspectos que llamó la atención es el poco o nulo vínculo imperante entre las personas privadas de su libertad y el sistema de administración de justicia. Los relatos dan cuenta de que pueden pasar seis años sin que un detenido vea a un juez, de la dificultad para ponerse en contacto telefónico con las defensorías (“te dejan la musiquita y fuiste”, graficó una de las personas), y fiscales que rechazan otorgar estímulos educativos.