Violencia institucional
La fiscal del Distrito de La Boca, Susana Calleja, y el titular de la Procuvin, Miguel Palazzani, solicitaron que Ricardo Luis Gabriel Ayala sea juzgado por el delito de homicidio agravado por ser miembro de una fuerza de seguridad, en grado de tentativa. El agente le disparó tres veces a la víctima ...
Con el objetivo de detener una persona, miembros de la División Homicidios y efectivos del Grupo G-1 irrumpieron en un edificio donde, de manera “violenta e ilegal”, requisaron viviendas independientes no abarcadas en la orden judicial. Un joven que padece una discapacidad de nacimiento debió ser ...
El juez Bavio también procesó a la médica del penal, por incumplimiento de deberes de funcionario público. Además, fueron sobreseídos otros nueve efectivos, por lo que el fiscal apeló la decisión.
El requerimiento de elevación a juicio les imputó el delito de “homicidio imprudente” a Aldo Ramón Zerda y Ramón Antonio Quinteros, en virtud de que “se habría podido neutralizar la autoagresión” por las señales “de alarma” que había dado en los días previos y la falta de control en la ...
La investigación del hecho estuvo a cargo de la Fiscalía con la asistencia de la Procuvin. Los penitenciarios están acusados de golpear y de lesionar a una persona privada de la libertad. El juez federal Alberto Santa Marina los indagará por el delito de torturas.
A pesar de los avances en la remodelación del Hospital Penitenciario Central, originada en la presentación de un habeas corpus, los representantes de la procuraduría realizaron una nueva presentación penal al hallar personas alojadas en “retenes” que no cumplen las condiciones mínimas.
Lo solicitaron el fiscal general de Posadas, Rubén González Glaría, y el titular de la Procuvin, Miguel Palazzani. En su escrito, los representantes del MPF sostuvieron que la investigación judicial realizada en el fuero provincial tuvo irregularidades que podrían derivar en responsabilidad ...
Además, los representantes del MPF solicitaron que se tome declaración indagatoria a los imputados por el hecho, entre los que se encuentran miembros de las fuerzas de seguridad de Santa Fe.
En el marco de una mesa de trabajo integrada por representantes de distintos organismos públicos, se homologó el protocolo de aplicación obligatoria que tiene como objetivo el respeto de la privacidad, confidencialidad, intimidad y dignidad de las personas.
Los representantes del MPF apuntaron contra la arbitrariedad de la resolución y solicitaron que se disponga el procesamiento de los cuatro imputados. Además, pidieron que por seguridad sean apartados de actividades que impliquen “cualquier tipo de contacto” con la víctima, familiares, testigos y ...