En línea con el pedido formulado ayer por el fiscal Leonel Gómez Barbella en la causa por el homicidio de Lucas González y la tentativa de homicidio de sus tres amigos, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°7, Martín del Viso, procesó hoy con prisión preventiva a un comisario, a un principal y a dos oficiales la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad y al comisario y el subcomisario de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, en orden a los delitos de falsedad ideológica, encubrimiento agravado por la condición de funcionario público y por ser el delito precedente especialmente grave, privación ilegal de la libertad doblemente agravada por tratarse de funcionarios públicos en abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por ley, y por el delito de vejaciones en perjuicio de los jóvenes detenidos. Además, procesó al subcomisario, al inspector y las dos oficiales también como coautores de falso testimonio agravado. También dispuso el embargo sobre los bienes de los seis imputados, hasta cubrir la suma de un millón de pesos cada uno.

En su decisorio, el juez Del Viso coincidió en lo sustancial con el fiscal Gómez Barbella y señaló que las pruebas recolectadas por la fiscalía dejan fuera de discusión que el inspector mayor, el oficial mayor y el oficial de la Brigada de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad “actuaron arbitrariamente al iniciar y continuar el seguimiento del vehículo en el que viajaban los adolescentes, y que al abrir fuego en el modo que lo hicieron –cruzando un móvil no identificable, sin identificaciones oficiales, sin darse a conocer como policías, y con armas reglamentarias listas para disparar- no solo siguió por la senda de la arbitrariedad, sino que continuó bajo un esquema de total irracionalidad e ilegalidad".

El juez señaló que "se probó en el legajo con el grado que caracteriza a esta instancia que los acusados propinaron la balacera y que luego efectuaron afirmaciones que no se condecían con la prueba incorporada al sumario mediante las cuales reconocieron que quienes tripulaban el rodado eran menores de edad y que había existido un enfrentamiento armado. Sin embargo, ninguno de los ya procesados dijo en sus descargos que les fuera exhibida un arma de fuego".

Por otra parte, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°7 destacó que el hecho analizado “habría sido cometido contra cuatro menores de edad, cuyos derechos e intereses se encuentran protegidos constitucionalmente (Convención sobre los Derechos del Niño y la ley 23.849 y 114 local), y en ésta línea cabe remarcar que el caso no presentaba ninguna razón para detener a las víctimas en el modo que se hizo, y éste es el marco en que deben evaluarse las conductas atribuidas en el legajo”.

Las pruebas recabadas por la fiscalía "han permitido dar por cierto que los acusados alteraron la escena en la cual se detuvo a las víctimas, en tanto se secuestrara del interior del vehículo en que viajaban una réplica de un arma de fuego a fin de incriminarlos en algo que no hicieron".

“En el caso concreto, y en base a las constancias acopiadas al sumario, es posible afirmar, que a través de la conducta encarada por los aquí acusados, ayudaron a los consortes de causa ya procesados (…) a evitar que se les siga una investigación en su contra, con claro conocimiento y voluntad de hacerlo", indicó el juez.

En ese sentido, agregó que las pruebas recabadas por la fiscalía "han permitido dar por cierto que los acusados alteraron la escena en la cual se detuvo a las víctimas, en tanto se secuestrara del interior del vehículo en que viajaban una réplica de un arma de fuego a fin de incriminarlos en algo que no hicieron. Se tuvo como objetivo dar cauce a una falsa versión de los hechos y deslindar, en principio, la responsabilidad de la brigada al buscar revertir los roles de las personas involucradas”.

En relación con la imputación de falsedad ideológica, el juez Del Viso entendió que “de las propias constancias del legajo se verifica la comisión de esta falsedad, desde que se urdió y se plasmó formalmente la redacción de un sumario que no reflejaba lo verdaderamente acontecido, de forma intencional. (…) Es que justamente como producto de ese accionar, a todas luces doloso, se derivó en una imputación y aprehensión de quienes en definitiva eran víctimas del exceso de los propios preventores”.

Respecto de la privación ilegal de la libertad de los jóvenes señaló también que “pocas dudas caben que el accionar desplegado por el personal policial en cuanto a privar de la libertad a los adolescentes era ilegal desde su inicio y que de esa situación tenía pleno conocimiento el personal policial interviniente”.

En virtud de todo ello, dispuso el procesamiento de los seis imputados por los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por tratarse de funcionarios públicos en abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por ley (de acuerdo con el artículo 144 bis incisos 1 y 2 del Código Penal de la Nación), encubrimiento agravado por la condición de funcionario público y por ser el delito precedente especialmente grave, vejaciones (artículo 277, incisos 1 y 3 del Código Penal) y falsedad ideológica (artículo 293 del Código Penal), en perjuicio de los jóvenes detenidos. Igual temperamento aplicó respecto del subcomisario, el inspector y las dos oficiales a quienes procesó por falso testimonio (artículo 275 del Código Penal).

Prisión preventiva y embargos

Finalmente, el juez dictó la prisión preventiva de los seis imputados, por considerar que existía riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación. “Corresponde hacer especial hincapié en que seis personas que ostentan cargos en la Policía de la Ciudad ocultaron la verdad de lo que habían acontecido momentos antes en cuanto a lo que debían hacer. Recuérdese que eligieron sin dudarlo, mantener la hipótesis de un enfrentamiento armado entre personal de la División Brigadas y los aquí damnificados, a punto tal que fraguaron el procedimiento perpetrado en la intersección de Alvarado y Perdriel que culminó en la detención de tres adolescentes. En la misma línea, cabe señalar que los aquí acusados con su accionar encubrieron un gravísimo hecho que habría sido perpetrado por Personal de la Policía de la Ciudad que se cobró la vida de Lucas González, de tan sólo 17 años de edad”, fundamentó.

"No puedo dejar de mencionar que frente a las particularidades del caso y encontrándose aún en curso medidas de prueba pendientes, la privación de la libertad de los imputados deviene necesaria para evitar que pudieran, aún más, entorpecer el cauce de la investigación".

“No puedo dejar de mencionar que frente a las particularidades del caso y encontrándose aún en curso medidas de prueba pendientes, la privación de la libertad de los imputados deviene necesaria para evitar que pudieran, aún más, entorpecer el cauce de la investigación, en tanto no es posible desatender que sus lazos y conexiones podrían influir en el resultado de las pericias en marcha y las medidas que deben materializarse”, concluyó.

Por otra parte, el juez embargó los bienes del comisario, el principal, las dos oficiales la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad, y del comisario y el subcomisario de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4 de esa fuerza hasta cubrir la suma de un millón de pesos cada uno.

El hecho

En la mañana del 17 de noviembre, Lucas y tres amigos salieron del entrenamiento en el club de fútbol Barracas Central, y se subieron al Volkswagen Surán del padre de uno de ellos, para volver al barrio San Eduardo, de la localidad bonaerense de Florencio Varela, donde vivían.

Tras detenerse en un kiosco, comenzaron a ser perseguidos por un Nissan Tiida, en el que circulaban el inspector mayor, el oficial mayor y el oficial de la Brigada 6 de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad, que realizaban tareas de campo, en la intersección de las avenidas Iriarte y Vélez Sarsfield, en el marco de una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, los efectivos policiales informaron al servicio de comunicaciones policiales, que perseguían un automóvil con “cuatro masculinos menores, con apariencia menores, jóvenes”, refirieron “que estaban armados”, y les cruzaron el Nissan Tiida para detenerlos. Como el automóvil de la brigada no tenía ninguna identificación ni los policías vestían chalecos ni uniformes policiales, los chicos pensaron que podían ser ladrones y quisieron escapar, pero fue entonces cuando los efectivos policiales dispararon contra el Volkswagen Suran.

El joven de 17 años, que viajaba en el asiento del acompañante, recibió 2 disparos, uno de ellos en la cabeza. Fue trasladado al Hospital General de Agudos “José María Penna” -donde permaneció con custodia policial-, pero luego lo llevaron al Hospital El Cruce, de Florencio Varela, donde falleció al día siguiente por la tarde. Sus tres amigos fueron detenidos -ilegalmente- tras el hecho, pero el juez de Menores dispuso sus sobreseimientos, tras determinar que no habían incurrido en ningún delito, como habían señalado los policías inicialmente.

Tres días después del hecho, los policías investigados por el ataque fueron detenidos cuando llegaban a la comisaría donde trabajaban. Posteriormente, también se apresó al comisario, el principal y dos oficiales la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad, y al comisario y al subcomisario de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, por su responsabilidad en los hechos que transcurrieron tras la interceptación de los chicos.