Un abogado, un comisario y otra persona fueron detenidas en Mendoza, mientras que a un cuarto imputado localizado en Chile le será solicitada la extradición, en el marco de la causa que investiga una presunta asociación ilícita liderada por un juez federal que se dedicaba a cobrar coimas a personas imputadas en graves delitos a cambio de brindarles beneficios procesales. El juez federal Eduardo Puigdéngolas ordenó además la inhibición general de los bienes personales del magistrado acusado de encabezar la organización delictiva. En la causa intervienen el fiscal general Dante Vega, en conjunto con María Laura Roteta y Mario Alberto Villar, titulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Los nuevos imputados son tres abogados, dos policías (un comisario y un principal) y tres particulares. Entre los abogados se encuentra un defensor del fuero federal.

De acuerdo a una nueva presentación formulada este martes por el Ministerio Público Fiscal, dos imputados corroboraron que el juez federal imputado liberaba la asociación ilícita y que tenía la decisión final de las acciones desplegadas por la banda, particularmente en aquellas que consistían en el otorgamiento de beneficios judiciales espurios a cambio del pago de sobornos.

Con un nuevo análisis de las pruebas recabadas en la investigación, la fiscalía indicó en su ampliación de imputaciones que la banda manejaba tanto casos judiciales como no judiciales, de modo que el magistrado conservaba su rol de jefe en ambos ámbitos, con independencia del accionar específico de sus miembros. Los representantes del MPF sumaron a ello las continuas referencias al juez y a su rol delictivo efectuadas por uno de los abogados ahora imputado en la causa en dos conversaciones que éste mantuvo con un testigo que grabó las charlas de forma privada y las aportó a la pesquisa.

Otro de los datos esenciales aportados por los imputados que celebraron convenios de colaboración con la fiscalía están relacionados con el rol del empresario Diego Aliaga -secuestrado y asesinado el año pasado- como informante de la policía en dos períodos, lo cual permitió avanzar en el entramado y funcionamiento de la banda. En el escrito de imputación presentado en mayo, el Ministerio Público dio por probado que Aliaga era la “mano derecha” del juez en la asociación ilícita.

En el expediente se incluyeron informes prueban que Aliaga era “informante” del comisario imputado cuando se desempeñaba en el Departamento de Lucha contra el Narcotráfico. Para la fiscalía, la relación entre los tres no era la de un policía en contacto con sus informantes, sino la de tres miembros de una asociación ilícita que utilizaba el vínculo policial para incorporar información a la banda y obrar en consecuencia.

Los dos imputados que firmaron acuerdo de colaboración señalaron además que en un nivel intermedio se encontraban dos abogados que oficiaban de “reclutadores” de otros letrados y coordinadores de la actividad de la banda. La intervención de uno de ellos en los casos de cohecho ya había sido mencionada en el dictamen de imputación de mayo último.

La fiscalía probó que el comisario tuvo un rol determinante en la fuga de seis personas de un total de catorce imputados en una causa por contrabando, al avisarle a otro miembro de la banda el día anterior a los allanamientos respectivos.

A lo largo de la investigación también se detectaron nuevos casos de cohecho activo y pasivo que forman parte de la ampliación de la imputación, todos ellos referidos a casos en los que se investigaba contrabando de indumentaria y cigarrillos entre la Argentina y Chile. En todos, al menos un abogado intervenía y prometía la libertad espuria del traficante a cambio de una suma a pagar en moneda estadounidense.

En el contexto de la causa, se dispuso además la inhibición general de bienes a nombre del magistrado sindicado como jefe de la organización, como los de su esposa y los de sus hijos, por lo cual quedaron imposibilitados de transferir los bienes registrables a terceros. De acuerdo a la imputación, el juez mendocino pudo, gracias a las partidas en dólares recibidas ilegalmente, adquirir propiedades, vehículos y viajar de manera frecuente al exterior.