La Sala B de la Cámara Federal de Mendoza confirmó anteayer el procesamiento de los integrantes de una asociación ilícita que solicitaba dinero a cambio de conceder favores judiciales en causas en las que intervenía el juez federal Walter Bento, cuyo procesamiento de primera instancia como líder de la organización había quedado firme, pues el magistrado desistió de la apelación. La medida dictada por el tribunal de alzada alcanza a otras 22 personas, investigadas por asociación ilícita, cohecho activo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio. De esta manera, los jueces hicieron lugar a lo planteado por el fiscal general Dante Vega y al primer procesamiento que había dictado el juez Eduardo Puigdéngolas.

De acuerdo a la acusación, Bento, cuyo procesamiento quedó firme al desistir del recurso de apelación, lideraba una organización ilícita en la que habría operado con la asistencia de los abogados Luciano Edgardo Ortego y Jaime Andrés Alba­ junto con el fallecido Diego Aliaga para llevar adelante un mecanismo delictivo mediante el cual se ofrecían beneficios procesales por el pago de dádivas. 

A estos últimos, se le suman también los abogados Martín Ríos y Alejandro Aramayo, encargados de asistir a Ortego y Alba; Walter Eduardo Bardinella Donoso, que se presentaba como el contacto con el mundo criminal y proveedor de posibles “clientes”,­ y el comisario José Gabriel Moschetti, quien ofrecería un canal de información y cobertura en el ámbito policial­. De la totalidad de imputados, seis se encuentran en prisión por una condena previa y otros tres cuentan con prisión domiciliaria. Entre los procesados por haber abonado para obtener beneficios hay acusados de contrabando y de narcotráfico, delitos de competencia en la justicia federal y en cuyas causas tuvo intenvención Bento.

Aquellas ocho personas, siempre bajo el liderazgo de Bento, habrían desplegado maniobras para lograr beneficiar ilícitamente a determinados imputados, quienes también se encuentran identificados y procesados por el delito de cohecho pasivo: Eugenio Javier Nasi, Javier Santos Ortega, Juan Carlos Molina, Marcos Calderón, Omar Rodríguez, Walter Aníbal Costa, Alfredo Rodolfo Aliaga. Por último, Jorge Omar Miranda, Leandro Emanuel Cirot, Javier Leónidas Angeletti y Jessica Melisa Miere fueron señalados y señalada como presuntos partícipes en las maniobras de cohecho. 

De la totalidad de los 23 imputados, quince de ellos interpusieron un recurso de apelación a la sentencia de primera instancia que dictó su procesamiento: Costa, Miranda, Bardinella Donoso, Moschetti, Alba, Ortego, Cirot, Aliaga, Angeletti, Nasi, Rodríguez, Miere, Molina, Ríos y Aramayo. La Cámara Federal rechazó sus planteos al considerar que la sentencia de primera instancia "analiza los supuestos de hecho admitidos, y en su caso, las pruebas que lo verifican, para subsumirlos en la norma o en el microsistema de normas aplicables a las conductas reprochables, y que han servido de fundamento de su decisión". De esta manera, los jueces ratificaron que, para la cámara, el auto de procesamiento “se observa adecuadamente fundado, no luce arbitrario y no depende de la sola voluntad del Señor juez de la instancia de grado”.

La estructura criminal

La Cámara ratificó la hipótesis sostenida por el MPF y el juez de primera instancia, que ubicó a los acusados en tres niveles distintos. En primer lugar, se hallan quienes compondrían la presunta asociación ilícita, que son Bento Ortego, Alba, Ríos, Aramayo, Bardinella Donoso y Moschetti. Sobre estos últimos, el juez federal dispuso también su procesamiento por violación del secreto y de los deberes de funcionarios públicos y cohecho­. 

Por otra parte, Eugenio Javier Nasi, Juan Carlos Molina, Omar Rodríguez, Walter Aníbal Costa, Alfredo Rodolfo Aliaga, Jorge Omar Miranda, Javier L. Angeletti, Jessica Melisa Miere, Leandro Emanuel Cirot, están procesados por maniobras vinculadas al delito de cohecho activo, en distintos grados de participación­. Por último, Juan Ignacio Aliaga deberá responder por falso testimonio.

Los camaristas también concedieron el beneficio de excarcelación para Alfredo Aliaga por su edad y por un cuadro de depresión adjudicado al asesinato de su hijo Diego, señalado de ser la “mano derecha” de Bento. Por último, en su fallo resolvieron notificar lo dispuesto al Consejo de la Magistratura en el marco del examen de la situación de Bento, quien continúa en su cargo a la fecha.