En el marco de la investigación desarrollada por la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, a cargo de Dante Vega, el titular del Juzgado Federal N°3 de dicha jurisdicción, Eduardo Puigdéngolas procesó al juez federal Walter Bento como líder de una asociación ilícita que solicitaba dinero a cambio de beneficios judiciales. La medida dispuesta alcanza también a otras 22 personas, investigadas por asociación ilícita, cohecho activo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio.

El caso

La investigación se inició a raíz de los datos surgidos de otra pesquisa desarrollaba la Fiscalía Federal N°2 de Mendoza, a cargo de Fernando Alcaraz, en la que un imputado por narcotráfico intercambiaba mensajes con su abogado que evidenciaban la existencia de maniobras irregulares para obtener la libertad, en causas que tramitaban en el Juzgado Federal N°1 de Mendoza, a cargo de Bento.

Luego de que los fiscales federales de Mendoza y San Rafael se excusaran de intervenir en la denuncia contra el juez Bento, la investigación recayó en la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones, que encabeza Dante Vega, quien solicitó una serie de medidas de prueba que arrojaron luz sobre las actividades ilícitas desplegadas por un grupo de abogados, intermediarios judiciales y el fallecido despachante de Aduanas, Diego Aliaga.

Procesamientos

En la resolución firmada este lunes, el juez Puigdéndolas rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa de su colega y de otro de los imputados y dispuso que Bento fuera procesado con prisión preventiva -que no se hará efectiva, por el momento, por gozar de fueros- como jefe u organizador de una asociación ilícita, prevaricato, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, diez hechos de cohecho pasivo, y como coautor de lavado de activos de origen delictivo. También, dispuso trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $177.610.000. Asimismo, su esposa fue procesada por enriquecimiento ilícito y lavado de activos y sus bienes embargados por $149.773.600.

El magistrado también procesó con prisión preventiva a otros dos hombres como organizadores de asociación ilícita, y coautores de seis y tres hechos, respectivamente, de cohecho activo agravado, al tiempo que trabó sendos embargos por $38.640.000 y $23.520.000. Por otra parte, otras cuatro personas fueron procesadas como integrantes de la asociación ilícita; tres de ellos, además, como coautores de cohecho activo agravado y el restante por violación de secretos y violación de deberes de funcionario público. En estos casos, los embargos trabados fueron de entre $4.200.000 y $24.360.000.

La medida también alcanzó a otras diez personas, imputadas como coautores del delito de cohecho activo agravado, al tiempo que otras tres personas fueron procesadas por el mismo ilícito, pero una de ellas como partícipe necesaria y las restantes como partícipes secundarios. Asimismo, los embargos dispuestos para ellos oscilaron entre los $1.260.000 y $15.120.000.

Finalmente, se dispuso el procesamiento de otro de los imputados por falso testimonio y se dictó la falta de mérito en favor de otros de los investigados.