El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero juzgará a 26 personas acusadas de llevar adelante una asociación ilícita tributaria, luego de que se hiciera lugar al pedido de elevación a juicio presentado por el fiscal federal Pedro Eugenio Simón y el auxiliar fiscal Pedro Martín Basbus Turk, ambos de la Fiscalía Federal N°1 de dicha jurisdicción.

En la causa, se consideró al contador público nacional Carlos Gustavo Coronel Medina como el jefe y organizador de las maniobras de evasión tanto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) como del Impuesto a las Ganancias, entre 2016 y 2018 en Santiago del Estero, mediante la emisión y utilización de comprobantes falsos emitidos por 22 distintas usinas. De acuerdo con la investigación, se habría causado un perjuicio a las arcas del Estado Nacional superior a los 800 millones de pesos.

Las usinas son personas humanas o jurídicas inscriptas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que fueron incluidas en la base e-Apoc del organismo fiscal y que emitieron facturas a gran escala por servicios no prestados o productos no vendidos.

Para la maniobra, además de los socios responsables de las usinas, habrían participado una secretaria del estudio contable y tres integrantes de la Agencia Santiago del Estero de la Dirección General Impositiva de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (DGI-ARCA): María Patricia Godoy, Luis Alberto Fincatti (jubilado) y Manuel Alejandro Azar.

Los involucrados serán juzgados por los delitos de asociación ilícita tributaria, evasión tributaria agravada por uso de facturas falsas, cohecho y defraudación en perjuicio de la administración pública. En el debate oral, intervendrá la Fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero.

Las maniobras

En un dictamen de más de 450 páginas, el fiscal federal Pedro Eugenio Simón y el fiscal auxiliar Pedro Martín Basbus Turk, hicieron foco en el desarrollo de la investigación, donde relevaron los distintos aspectos tributarios y cómo se habrían llevado adelante los distintos delitos imputados.

“Se precisó la existencia de cuatro maniobras ilícitas: por un lado, la conformación de una organización criminal para permitir que terceros evadan impuestos nacionales, la efectiva evasión de estos impuestos y, por otro lado, la entrega de dádivas para que agentes de ARCA modifiquen la situación registral y fiscal de contribuyentes y la defraudación al Fisco Nacional”, explicaron en el requerimiento.

La investigación se inició el 5 de diciembre de 2019, luego de que la jefa interina de la Sección Penal Tributario de la entonces AFIP, Dirección Regional de Tucumán denunciara la existencia de una organización criminal que, a través de la emisión de comprobantes apócrifos, habrían evadido 800 millones de pesos.

A través de los peritajes telefónicos -realizados por el laboratorio de la Policía Federal (PFA), Dirección Regional Tucumán, y por oficiales de la Unidad Operativa Federal (UOF) de la PFA de Santiago del Estero- al celular del jefe de la organización se hallaron conversaciones entre este y funcionarios del fisco nacional.

Luego de un análisis llevado a cabo por la Fiscalía Federal N°1, en conjunto con personal de la UOF Santiago del Estero de la PFA, se detectó la existencia de un sistema de retribuciones monetarias indebidas. A través de ello, Coronel Medina otorgaba grandes sumas de dinero al personal de la ARCA a fin de que estos permitan la inscripción de empresas “fantasma” al único fin de emitir comprobantes “apoc”, levanten embargos y marcas sistémicas, cancelen deudas sin pago y alerten sobre posibles fiscalizaciones.

La maniobra delictiva involucraba pagos en efectivo, realizados por el contador y en ocasiones por intermediarios, en la Agencia de la ARCA y en los domicilios particulares de los funcionarios. Además, la entrega de dinero también se hizo a través de cheques librados por una usina comandada por el contador hacia la persona que prestaba su cuenta bancaria a la funcionaria y los funcionarios del ente recaudador, a fin de ocultar el cobro de estas sumas ilícitas.

La funcionaria Godoy, quien trabajaba en la sección de recaudación, junto a los dos empleados de la sección jurídica, “regularizaban” deudas de contribuyentes existentes hasta alcanzar un saldo “0”, tras el desembolso de vastas sumas de dinero de parte del contador. Los pagos individuales para cada una de las personas imputadas alcanzarían 200 mil pesos por cada trámite.

Según se explicó en el requerimiento, el contador logró captar a varias personas en situación de vulnerabilidad para inscribirlos como socios de las empresas fantasmas, a quienes les ofreció sumas de 2.000 a 10.000 pesos para que les “preste su documento de identidad”, sin que ellos sepan luego que iban a ser miembros de sociedades.

Además, Coronel Medina logró tomar varios préstamos aprovechando la estructura de las usinas. Luego, emitía cheques a nombre de las empresas, los que eran “cambiados” previo a su vencimiento para obtener dinero líquido y, así, financiar el funcionamiento de las usinas.

Según sostuvo el MPF, las ganancias eran compartidas con los socios en un primer momento; no obstante, con el correr del tiempo y dado que la mayoría de los cheques rebotaban, el contador les mentía sobre que no tenía dinero para pagar las deudas contraídas y pedía la ayuda de una persona autopercibida como “bruja” que realizaba "trabajos" y rituales en los domicilios de estas personas para que así dejen de querer cobrarle dinero.

“En un principio, ante la denuncia de ARCA, se presumió que todos los miembros societarios eran coautores o al menos partícipes esenciales en la emisión de las facturas apócrifas. No obstante, con el devenir de la investigación se logró diferenciar la participación que tuvo cada uno de ellos y, por ende, quienes formaron parte de la organización criminal y quienes únicamente fueron utilizados como testaferros o la figura conocida como 'hombres de paja', en algunos casos mediando aprovechamiento de su situación económica”, indicaron.

El detalle de las imputaciones

El contador fue acusado como autor de los delitos de asociación ilícita tributaria en carácter de jefe de la organización, cohecho activo, evasión doblemente agravada y defraudación en perjuicio de la administración pública.

Por otra parte, los tres funcionarios de ARCA (Godoy, Fincatti y Azar) fueron acusados por el cohecho pasivo y por ser partícipes de la asociación ilícita fiscal. En el requerimiento, se explicó que fueron sumariados y encontrados responsables de transgredir las obligaciones y deberes previstas en el estatuto de los funcionarios del Fisco Nacional.